El ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, ha anunciado el comienzo de las fases provincial y regional del llamado Proceso Constituyente, las que se desarrollarán –según ha dicho– a partir del 23 de julio y el 6 de agosto, respectivamente.
Aunque el ministro ha informado solo respecto de los temas de su pertinencia, es decir, la convocatoria y difusión de la iniciativa gubernamental, para lo cual se ha reunido con el Consejo Ciudadano de Observadores (CCO) con el fin de planificar cómo informar a la ciudadanía y convocarla a participar en estas nuevas etapas, preocupan ciertas afirmaciones sobre el método de deliberación subentendido de su mensaje.
En efecto, Díaz ha dicho que “queremos que la gente se informe, que participe y que no haya nadie que, por no tener la información, se quede fuera de este proceso, sino, por el contrario, que todos tengan posibilidad de concurrir a su cabildo provincial, de aportar ahí a la construcción de la Constitución de todos los chilenos”.
Más allá de los temores sobre la neutralidad de la propia campaña informativa, sus spots, gestión de redes sociales y mensajes radiales, llama la atención su “adelanto” sobre la metodología de participación, según la cual, y de acuerdo a sus declaraciones, los cabildos se realizarán “un día determinado, en recintos públicos” con “facilitadores reclutados para el proceso” y podrá asistir a ellos “cualquier chileno mayor de 14 años o extranjero residente”, lo que “incluye a quienes desempeñan funciones públicas”. En este último caso, “deberán hacerlo en su condición de ciudadanos, sin usar recursos fiscales, tal como ha ocurrido en los encuentros locales”.
Asumiendo que los funcionarios públicos tienen pleno derecho a participar en un evento de esta importancia republicana, aun cuando aquello pudiera generar sesgos de interés, dada la posición que ocupan en el aparato del Estado, cuya estructura se pone en juego en una conversación constitucional, más relevante es, aún, el carácter de asamblea que el cabildo provincial o regional tiene y, en consecuencia, los efectos que la forma puede adquirir sobre el fondo.
Por lo pronto, participé en la primera fase de esta interesante conversación ciudadana, aunque no en los encuentros autoconvocados, sino utilizando las herramientas digitales que el desarrollo científico y tecnológico ha puesto a disposición de las personas para vincularse, no solo con mayor velocidad y eficiencia sino, además, por su atopía y asincronismo –que otorga mayor libertad y flexibilidad– y por su mayor fidelidad, posibilidad de registro, trazabilidad y accountability.
Se podrá alegar que se trata de instrumentos a los que pocos tienen acceso. Pero una muestra evidente de que estas herramientas están ya lo suficientemente extendidas en Chile es que el número que participó individualmente a través de la web en la anterior fase del proceso, fue similar al que asistió a los encuentros presenciales, evidenciando su viabilidad y la creciente “virtualización del espacio público” que vivimos.
Por lo demás, en Chile ya más del 70% de los hogares disponen de Internet, mientras que el 77% de los accesos a la red mundial es a través de smartphones, de los cuales hay dos por cada tres teléfonos celulares, los que ya suman 21 millones.
Habiendo conversado con ciudadanos que participaron en los encuentros presenciales, a los que llegaron, en promedio, entre 10 a 12 personas –por lo general, vinculadas por sus lugares de trabajo o de habitación–, todos han destacado la riqueza y altura de sus conversaciones. Valoro dicha instancia por la dinámica grupal que posibilita, aunque, por cierto, sea la cantidad de personas y sus relaciones las que explican buena parte de la racionalidad y prudencia con que se abordaron.
Desde luego, hay amplia literatura respecto de los llamados “grupos pequeños” que apuntan a la constatación de que la decena o docena constituyen “cifras mágicas” para un mejor, más fluido y productivo intercambio de ideas (focus group, de brainstorming, grupos partidarios o religiosos, etc.).
Sin embargo, los cabildos provinciales y regionales, que se realizarán en lugares públicos, amplios, anónimos, masivos (probablemente más de 200 personas), auguran un comportamiento distinto, más cercano a los de los llamados “grupos extensos”, que tienen su expresión en fenómenos como las “barras bravas” o las “masas en pánico”.
En efecto, siendo muy consciente de los problemas de confianza que la “representación” tiene en la actualidad –en momentos de individuación creciente, dado el modelo de relaciones sociales y fuerzas de la producción vigentes– y tomando los argumentos del profesor Claudio Fuentes a propósito del asambleísmo universitario, la gestión de estos grupos presenta problemas que pueden conspirar contra el buen resultado del proceso y, en consecuencia, respecto de su propósito final: una mejor, legítima y más aceptada Constitución para Chile.
En efecto, como señalara Fuentes, las asambleas provocan desigualdades: “Por lo general –dice– en ella adquieren una ventaja considerable los grupos organizados por sobre los individuos que concurren con la mejor voluntad, pero que no tienen un apoyo de un colectivo. Digas lo que digas, las definiciones de los grupos organizados al interior de estos espacios tenderán a predominar”.
Segundo, y barrunto que es el caso de miles: “Como el desarrollo de habilidades de oratoria está mal distribuido en la sociedad –afirma Fuentes–, (en la asamblea) tienden a dominar la conversación quienes poseen mayor información y adquirieron tempranamente esas habilidades. Sería iluso no pensar que las marcadas desigualdades presentes en nuestra sociedad no se reproducen en cada espacio de decisión social o política”.
[cita tipo=»destaque»]De allí, pues, la necesidad de revisar este modelo asambleísta con el que se pretende continuar la siguiente fase del muy sano proceso de aportes ciudadanos a la discusión de una nueva Carta Fundamental, aprovechando, estimulando e incentivando más intensamente –y mejorando los problemas que mostró el sistema en la primera fase–, el uso de las nuevas tecnologías de las comunicaciones, buscando nuevas formas de diálogo y participación ciudadana a través de estas redes virtuales, las que, por lo demás, se hacen cada día más parte de nuestras experiencias económicas, sociales y culturales.[/cita]
Tercero y muy relevante: “El control social que se ejerce con ese procedimiento. La creación del voto secreto y en urna –recuerda Fuentes– buscaba precisamente terminar con el control y hasta coerción que se podría ejercer cuando se conocía la preferencia de un individuo. El asambleísmo (…) restablece mecanismos de control social respecto de las preferencias de los individuos, una regresión en términos de la igualdad frente a nuestros pares”.
Finalmente, el problema de la legitimidad y cuórum de participación de la asamblea, la que –dadas las anteriores características– puede hacer que una minoría termine interpretando las posturas de y por sobre la mayoría.
De allí, pues, la necesidad de revisar este modelo asambleísta con el que se pretende continuar la siguiente fase del muy sano proceso de aportes ciudadanos a la discusión de una nueva Carta Fundamental, aprovechando, estimulando e incentivando más intensamente –y mejorando los problemas que mostró el sistema en la primera fase–, el uso de las nuevas tecnologías de las comunicaciones, buscando nuevas formas de diálogo y participación ciudadana a través de estas redes virtuales, las que, por lo demás, se hacen cada día más parte de nuestras experiencias económicas, sociales y culturales.
¿Por qué no, entonces, también, de nuestra acción política, desintermediando y ampliando así la representación directa de los ciudadanos ante los poderes públicos?
