El Proyecto de Ley de Educación Superior -como todos los proyectos de ley- comienza con un mensaje de la Presidenta de la República en el que se realiza un diagnóstico de los problemas que presenta la legislación vigente. En mi opinión, en dicho diagnóstico existen dos errores que contradicen la realidad objetiva y medible de la actual situación de la educación superior, errores que, consecuentemente, significan propuestas equivocadas o insuficientes a lo largo del proyecto.
Antes de explicar en qué consisten dichos errores, debo aclarar que apoyo, en general, las propuestas y cambios que este proyecto significa como mecanismo para comenzar a resolver los problemas y el daño que la aplicación del libre mercado a la educación superior ha generado.
Dice el mensaje presidencial: “En las últimas décadas, Chile ha conseguido importantes logros en materia educativa, tales como, altos niveles de cobertura en todos sus niveles e inversión en infraestructura y equipamiento. Dichos logros son una parte de la tarea cumplida como país.”
Para medir los logros de cualquier sistema educacional, no basta con medir la cantidad de alumnos que ingresan –cobertura- sino que, lo que es más relevante, se debe medir la cantidad de alumnos que egresan o se titulan de dicho sistema. Para cualquier persona debiera ser evidente que un sistema en el que por cada 100 alumnos que ingresan sólo se titulan 40 es un sistema que no sólo no significa ningún logro sino que, por el contrario, representa un gran fracaso.
Pese a que la medición de la relación entre el número de alumnos que se titulan y el número de alumnos que ingresan al sistema de educación superior debió haber sido una de las principales preocupaciones del Ministerio de Educación, no existe ninguna cifra oficial que permita establecer esta obvia medida de eficiencia del sistema.
En mi artículo “Educación Superior en Chile: El Fracaso del Modelo Neoliberal” -por aparecer, en las próximas semanas, en la Revista Límite de la Universidad de Tarapacá- estimé la tasa de titulación del sistema universitario en un 45% empleando solo información oficial del Servicio de Información de Educación Superior (SIES), entidad dependiente de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. Cabe señalar que dicha tasa y el método de calcularla ya se describió, el 24 de noviembre de 2015, en https://www.youtube.com/watch?v=E7fijm7S1HU.
Utilizando la misma metodología y fuente de información, estimé recientemente la tasa de titulación de todo el Sistema de Educación Superior –universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica- obteniendo una tasa del 39,6%.
Quizás si el desconocimiento de tan importante información –esencial para definir cualquier política de educación superior- esté en el origen del error de diagnóstico del mensaje presidencial el cual se ha hecho eco del único argumento, por cierto falaz, que utilizan quienes defienden la aplicación del libre mercado a la educación -el notable aumento de la cobertura- y, también, no pocos dirigentes de la coalición de gobierno.
[cita tipo=»destaque»]Quizás si el desconocimiento de tan importante información –esencial para definir cualquier política de educación superior- esté en el origen del error de diagnóstico del mensaje presidencial el cual se ha hecho eco del único argumento, por cierto falaz, que utilizan quienes defienden la aplicación del libre mercado a la educación -el notable aumento de la cobertura- y, también, no pocos dirigentes de la coalición de gobierno.[/cita]
Otra explicación para tamaño error de diagnóstico, puede ser la evidente responsabilidad que le cupo a los gobiernos de la Concertación en la masificación de la educación superior con políticas como el Crédito con Aval del Estado (CAE) que permitió el acceso, especialmente a las universidades privadas, de estudiantes que no disponía de los recursos necesarios para financiar sus estudios, pero sin haber estimado previamente su probabilidad de llegar a titularse. Cabe recordar que el CAE fue diseñado bajo el gobierno de Ricardo Lagos siendo ministros de educación primero Mariana Aylwin y luego Sergio Bitar. Este último presidió el Consejo Consultivo de la Reforma a la Educación Superior convocado por la ministra de Educación, Adriana Delpiano.
La masificación ha traído aparejada una segunda consecuencia indeseable. Según la encuesta de ocupación del INE para el trimestre móvil marzo-mayo de 2016, el 39,6% de los desocupados eran egresados de la Educación Superior. ¿Cómo puede alguien pretender que el aumento de la cobertura ha sido un logro si de los pocos alumnos que logran titularse, un 39,6% está desocupado?
El segundo error de diagnóstico del mensaje presidencial se refiere a las barreras de ingreso que el actual sistema impone al acceso a la educación superior a los sectores de menores ingresos. En efecto, según el mensaje, “este proyecto elimina así las barreras financieras que tradicionalmente han discriminado a los sectores de nuestra población de menores recursos. Pero, también, todos somos conscientes que existen otras barreras, como, por ejemplo, los sistemas de acceso que reproducen las desigualdades socioeconómicas, arrastrando las desigualdades de la educación escolar. Estas características del sistema han postergado el acceso real a las oportunidades de desarrollo personal, perpetuando de paso una sociedad segregada”.
No son los “sistemas de acceso” los que impiden a los sectores de menores ingresos acceder a la educación superior sino la mala formación previa con la que llegan muchos de los egresados de la educación media, especialmente los de los colegios municipalizados. Pretender que modificando los sistemas de acceso se puedan eliminar las desigualdades es ciertamente, y desde todo punto de vista, absurdo.
Si pese a las limitaciones actuales que significan los sistemas de acceso –y hay instituciones que no tiene ninguno- solo el 39,6% de los alumnos que ingresan se titulan, relajarlo aún más sería simplemente un engaño para los jóvenes que, debido a la mala formación previa recibida, nunca llegarán a titularse con el agravante que, además, muchos de ellos y sus familias quedarán endeudados.
Tranquilizar conciencias con medidas remediales de escaso alcance no es por cierto una solución factible para las instituciones de educación superior, no sólo porque desnaturaliza sus funciones propias sino porque quienes las lleven a cabo se convertirán en juez y parte de sus propio trabajo. Aceptar que las instituciones de educación superior realicen cursos de nivelación, es como si un profesor le hiciese clases particulares a uno de sus alumnos y, luego, él mismo le tomara el examen.
A este respecto el mensaje presidencial destaca que “Durante los 100 primeros días de esta administración pusimos en marcha el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE), que permite que los estudiantes meritorios de los colegios más vulnerables puedan contar con un cupo asegurado en una institución de educación superior”. Es bueno y necesario que el Estado se haga cargo de esta situación, pero es irracional pretender, por esta vía, que algunos alumnos “puedan contar con un cupo asegurado en una institución de educación superior”. Desconozco qué instituciones se han comprometido a asegurar un cupo sin que medie alguna prueba o examen que permita verifica que estos alumnos han adquirido los conocimientos necesarios para no fracasar en la educación superior.
La pretensión de dar mayores oportunidades a los alumnos de más bajos ingresos y mala formación previa relajando los requisitos de acceso es una política populista, demagógica y, lo que es más grave, un gran engaño porque son precisamente la mayoría de estos alumnos los que nunca se titularán.
El artículo 12° del proyecto de ley establece un “Sistema Común de Acceso a las Instituciones de Educación Superior”, sin embargo dicho sistema “será obligatorio para las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que reciban recursos públicos a través del Ministerio de Educación”. Contrario sensu, las instituciones que no reciban aportes públicos no estarán obligadas a utilizar el sistema común de acceso ni ningún otro sistema.
Es esta una política definitivamente errada pues son, precisamente, aquellas instituciones que no tiene ningún sistema de selección las que dan mayores “oportunidades” de acceso a los alumnos de menor rendimiento académico, pero son también las que tiene menores tasas de titulación, es decir las que más engañan a los estudiantes con la promesa de un título que nunca obtendrán. Según mis estimaciones, las menores tasas de titulación entre las universidades corresponden a la Universidad Miguel de Cervantes y Los Leones con un 11,7%, seguidas por la Universidad Pedro de Valdivia con un 16,0% y la Santo Tomás con un 24,3%.
Una política que efectivamente resguarde los intereses de los alumnos de menores ingresos y deficiente formación previa, debiera hacer obligatoria para todas las instituciones el Sistema Común de Acceso a las Instituciones de Educación Superior para evitar que algunas de ellas sigan cobrando elevados aranceles a alumnos que nunca obtendrán un título.
Si bien esta medida disminuiría el número de estudiantes en las universidades, podría atraer aparejado un incentivo adecuado para que aumente el número de estudiantes de los CFT e IP, convergiendo hacia un equilibrio más razonable que el actual entre los diferentes niveles de educación superior.
Se podrá argüir por quienes defienden el actual modelo que estas políticas atentan contra la autonomía de las instituciones. Sin embargo, no se debe confundir la autonomía con el libertinaje actualmente existente que permite que instituciones de dudosa calidad aumenten indiscriminadamente sus cupos y aranceles. Todas las instituciones de educación superior, sin excepción, sean estas estatales o privadas, deben estar sujetas a un conjunto de normas claras, aplicadas en forma objetiva y no discrecional, que aseguren la calidad, la posibilidad cierta de titulación de sus alumnos y un razonable nivel de empleabilidad futura. Lo que en definitiva está en juego es la fe pública, valor superior a la autonomía entendida como la libertad que algunas instituciones reclaman para hacer lo que les venga en gana con sus “clientes”.
