Señor Director:
Ha sido aprobada en el Congreso la primera modificación de relevancia que se le hace a la Ley General de Urbanismo y Construcción en materia de planificación urbana de los últimos 40 años. Este cambio otorga un marco legal a una serie de nuevos mecanismos de regulación urbana que modernizan y complementan nuestras debilitadas capacidades de planificación y diseño urbano.
Si bien, con la denominada Ley de Aportes al Espacio Público no se resuelve la mayoría de las demandas actuales por calidad de vida urbana y equidad que afectan seriamente a nuestras ciudades, pues es evidente que aún está pendiente un profunda reforma para descentralizar la institucionalidad de las ciudades, para integrar la fragmentada y descoordinada planificación e inversiones de los entes del Estado, y hacer cambios en el sistema de financiamiento urbano que hagan más justo la distribución de recursos y beneficios entre territorios y comunas. Estas son las materias en que el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano ha comprometido su aporte; ya que solo la planificación urbana integral, la descentralización en la toma de decisiones y la amplia participación ciudadana, garantizan sustentabilidad urbana, incentivos al desarrollo y certidumbre de largo plazo, basado en consensos sociales estables y mecanismos legales para implementarlos.
Sin embargo, discrepo de las visiones pesimistas o interesadas que aparecen cada vez que se le entregan nuevos poderes de planificación y regulación a las ciudades, en vez de valorar que avancemos en la dirección correcta, se levanten fantasmas de discrecionalidad, afectación de derechos privados o incertidumbre poniendo mayor énfasis en el bien privado que en el bien común.
La buena noticia es que el proyecto de Ley de Aportes al Espacio Público puede ser el primer paso para la concreción de acuerdos urbanos estables, que terminen con el clima de beligerancia local que afecta al desarrollo urbano y la inversión, pues es evidente que los beneficios sociales y certidumbres serán mucho mayores a los costos. El Senado y la Cámara de Diputados han hecho bien su trabajo, ahora la responsabilidad es del gobierno para dictar un reglamento que permita aplicar estos mecanismos y garantice a todos que las promesas de este proyecto de ley se cumplan.
Luis Eduardo Bresciani Lecannelier
Presidente Consejo Nacional de Desarrollo Urbano
