La Semana Política: Discusión en particular de megarreforma desafía capacidad de diálogo de Quiroz
Tras su aprobación en general en el Senado la Ley Miscelánea arrancó con una nueva etapa negociaciones marcada por el desafío de ampliar la base de apoyo y las expectativas frente a la disposición del Ejecutivo para introducir cambios al proyecto.
La aprobación en general de la megarreforma económica impulsada por el Gobierno en la Sala del Senado abrió una nueva etapa en la tramitación legislativa, marcada por el desafío de ampliar la base de apoyo y por las profundas diferencias que persisten entre oficialismo y oposición respecto del contenido del proyecto.
En un nuevo programa La Semana Política de El Mostrador con Francisca Castillo, la asesora legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, Catalina Delgado, y el abogado del Partido Socialista, Julián Ortiz, analizaron el escenario que se abre tras la votación.
Para Delgado, el resultado de la discusión en general era previsible y el foco ahora debe ponerse en la etapa de indicaciones. “Hubiesen dado una semana, un mes o un año más y la discusión en general iba a terminar con la misma votación”, sostuvo, agregando que será en la discusión en particular donde podrán apreciarse las reales disposiciones del Ejecutivo y de la oposición para introducir cambios.
La abogada de la Fundación Jaime Guzmán señaló que aún es difícil anticipar si existirán acuerdos transversales, ya que ello dependerá tanto de las modificaciones que proponga el Gobierno como de la voluntad de la oposición para dialogar. En esa línea, aseguró que el Ejecutivo ha dado señales de apertura en materias que habían generado controversia durante su paso por la Cámara, entre ellas la invariabilidad tributaria, la franquicia Sence y el crédito al empleo.
Por su parte, Ortiz cuestionó la profundidad de esas eventuales concesiones. A su juicio, las señales del Gobierno responden más a una estrategia comunicacional que a una verdadera disposición a modificar el corazón de la iniciativa.
“Lo que veo es un esfuerzo más bien comunicacional del gobierno de abrirse a cambios”, afirmó. Según explicó, las materias respecto de las cuales el Ejecutivo ha mostrado flexibilidad corresponden a aspectos secundarios del proyecto o a propuestas que desde un comienzo enfrentaban serias dificultades para prosperar, como la invariabilidad tributaria.
El abogado socialista sostuvo que la reforma mantiene intacto su componente central: una rebaja de la carga tributaria que, según sus estimaciones, implicaría una disminución de ingresos fiscales cercana a los US$7.000 millones anuales. “Yo creo que el gobierno no está dispuesto a negociarlo”, señaló, acusando que las aperturas promovidas por el ministro de Hacienda, Jorge Quiróz, son movimientos tácticos para facilitar la tramitación.
Las diferencias también quedaron en evidencia al abordar la disposición de la centroizquierda frente al proyecto. Ortiz fue categórico al señalar que el Partido Socialista y el progresismo no pueden respaldar una iniciativa que, en su opinión, compromete la capacidad del Estado para financiar derechos sociales y proteger a los trabajadores.
“Yo no veo cómo la centroizquierda y el progresismo puedan entrar a negociar un tema que empobrece al Estado”, afirmó.
Delgado, en tanto, defendió la necesidad de diferenciar entre quienes están disponibles para perfeccionar la reforma y quienes han anunciado un rechazo total desde el inicio. “No sacamos nada con sentarnos a discutir contra la pared”, planteó, cuestionando la negativa anticipada de algunos sectores políticos.
Asimismo, rechazó las críticas que presentan la iniciativa como una reforma favorable exclusivamente a los sectores de mayores ingresos. Según argumentó, las modificaciones tributarias propuestas buscan fortalecer a las empresas que generan empleo, en un contexto donde la reactivación laboral sigue siendo uno de los principales desafíos económicos del país.
