Señor Director:
La presidenta Michelle Bachelet presentó el proyecto público-privado “Chile Inclusivo” que -liderado por la Universidad Católica- busca medir y evaluar los casi 600 programas sociales desarrollados por el Gobierno, que tienen como objetivo disminuir la pobreza y mejorar la equidad.
El país destina unos US$40 mil millones anuales a programas sociales, sin embargo, existen pocos mecanismos de evaluación, seguimiento del impacto y análisis de cómo son los procesos de implementación y cuál es el real impacto de estos programas.
Históricamente, las políticas públicas han tendido a ser ciegas a las particularidades y diferencias territoriales, sin considerar que dichas diferencias muchas veces otorgan las condiciones de posibilidad para el éxito de una política en los espacios donde realmente se ejecutan. El análisis y la evaluación deben considerar la información desagregada a nivel territorial y evaluar impactos territoriales diferenciados para su éxito también.
Entender, estructurar, aplicar y evaluar las políticas de protección social desde la particularidad de los territorios no solo generará mejores resultados sino que también permite comprender mejor las dinámicas estructurales que explican las desigualdades y las brechas en el país. Esperamos que Chile Inclusivo se haga cargo de la dimensión del territorio en su análisis y así podamos tener una perspectiva más cercana a la realidad que viven miles de chilenos.
Ignacia Fernández
Directora ejecutiva
Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
