La ciudadanía tiene en sus manos elegir representantes locales que gestionen el bien común, Alcaldes y Concejales, y luego involucrarse activa y asociativamente con espíritu constructivo, colaborativo y fiscalizador el cumplimiento programático de estas líneas de acción. Esperemos que las nuevas autoridades electas se comprometan a trabajar por los Municipios del Bien Común, y que la indiferencia, apatía o indignación ciudadana se puedan canalizar políticamente al servicio del bien común. La democracia es un bien público que debemos cuidar y fortalecer, no dejarla en manos de intereses privados o de grupos que sirven a una minoría elitista que solo busca acumular poder para sí mismos.
El domingo 23 de octubre hay elecciones Municipales, las cuales están marcadas por un clima de indiferencia, desconfianza y estimaciones de alta abstención. Todo esto en un contexto de crisis de legitimidad de nuestro sistema socio-político como consecuencia de procesos de corrupción en la elite dirigente, financiamiento irregular de la política, sensación generalizada de que nuestros representantes han sido cooptados por los intereses privados de grandes grupos económicos, etc.
Por otra parte, la Comisión Engel sobre probidad y transparencia señaló el año pasado que el margen de arbitrariedad de los Alcaldes, la significativa cantidad de recursos públicos que gestionan, el déficit de controles pertinentes y efectivos, el bajo estándar de las normas sobre transparencia, entre otros, son factores de riesgo que generan potenciales focos de corrupción en los Municipios. En esta elección municipal hay varios ejemplos de candidatos cuestionados e incluso que han sido formalizados en el marco de investigaciones por delitos de corrupción.
A lo anterior se suma una cultura política transversal basada en el clientelismo, en la figura del Alcalde como “caudillo local” que reparte beneficios arbitrariamente a los vecinos y organizaciones sociales, con una “maquinaria” electoral basada en el “acarreo” (a los incumbentes les conviene que vote poca gente), donde las actuales autoridades del gobierno local se aferran a sus cargos con reelecciones indefinidas imponiendo la regla “el que tiene mantiene”, sin disposición por parte de las coaliciones políticas tradicionales a generar primarias legales vinculantes en la mayoría de las comunas del país.
En este escenario pesimista urge la necesidad de generar alternativas esperanzadoras desde las comunidades locales. Una propuesta coherente y pertinente para el contexto actual y como desafío de futuro es la de los Municipios por el Bien Común, que se basa en la propuesta de la “Economía del Bien Común”, la cual busca redefinir el éxito de toda organización y empresa modificando, por un lado, el paradigma de competencia extrema e individualismo transitando a uno de colaboración y co-construcción participativa, y por otro lado, desplazar el objetivo de maximización del lucro dando paso a la búsqueda de la contribución máxima al bien común. Su aplicación concreta en Municipios, consiste en una declaración de compromiso por parte del consejo municipal de apoyar al menos una de las cinco líneas de acción que se describen brevemente a continuación:
1. Un municipio del bien común realiza en su propio ámbito administrativo y económico un balance del bien común: en base a una matriz del bien común que relaciona los valores fundamentales de dignidad humana, solidaridad, justicia social, sostenibilidad ecológica, democracia, participación y transparencia, y los evalúa en relación a cada uno de los actores relevantes que tienen contacto con el Municipio (funcionarios, proveedores, gobierno central y regional, vecinos/comunidad, empresas locales, organizaciones de servicios públicos tales como educación, salud, seguridad, etc.) Este balance debe publicarse e invitar a otros municipios amigos y vecinos a hacer lo mismo. El objetivo no es que un municipio sea mejor que otro sino que quiera conseguir mejoras en aquellos factores de calidad de vida que le importan, midiendo su contribución al bien común.
2. Un municipio del bien común invita a los empresarios del lugar a realizar el balance del bien común: se fomenta activamente que las empresas instaladas en el territorio (sin importar su tamaño o actividad económica) realicen el balance del bien común. Se pueden facilitar consultores que apoyen el proceso para que se realice en grupos y así aprendan unas empresas de otras las buenas prácticas y los servicios especiales que ofrecen a la comunidad en favor del bien común. Las empresas que obtengan puntaje más alto y demuestren altos estándares de gestión con los distintos grupos de contacto (stakeholders) pueden tener preferencia en el sistema de contratación y compras públicas del municipio. Lo anterior se puede relacionar con las políticas activas de fomento productivo y desarrollo económico local.
3. El desarrollo participativo de un Índice del Bien Común Municipal: A través de procesos de participación ciudadana se podrían determinar entre 10 a 20 factores de calidad de vida más importantes para la comunidad, los cuales pueden ser medidos a través de encuestas que representen a todos los hogares del municipio 1 vez al año. Los Índices del Bien Común (similar al índice de la felicidad y/o de bienestar subjetivo) pueden ser diferentes de un municipio a otro, y no se trata de competir sino de monitorear las medidas políticas que sean más pertinentes a estas prioridades definidas por la comunidad. Esto se puede relacionar con los presupuestos participativos, metodología que se aplica para definir prioridades de gasto público local y cartera de proyectos a impulsar en un período determinado de la gestión municipal, con la debida transparencia y rendición de cuentas.
4. Proyecto de participación ciudadana para facilitar y promover una Convención Económica Municipal: donde se fijen normas y criterios relacionados con asuntos tributarios (patentes, contribuciones, etc.) donde tengan competencia los municipios para definir tasas, precios a servicios municipales, sistema de compras públicas, contrataciones, convenios, aprobación de proyectos, coordinación con fondos regionales y nacionales, implementación de políticas públicas y programas gubernamentales que impliquen gasto público y administración de recursos económicos, etc. Un instrumento valioso a implementar sistemáticamente como parte de la cultura democrática es el plebiscito vinculante para asuntos que afectan el bien común de manera significativa, previo proceso deliberativo e informado por parte de la comunidad.
5. Unirse en una “región del bien común”: Varios municipios del bien común pueden reunirse en su área geográfica para formar regiones del bien común. De esta manera, los municipios pueden aprender juntos y complementarse mutuamente. Esto se conecta con el proceso de descentralización del país, donde se discute la elección democrática de gobernadores regionales, que se suma a la de consejeros regionales, y sobre las competencias y atribuciones que tendrían, siendo las de fomento productivo local de gran importancia para pensar una estrategia de desarrollo regional pertinente de triple impacto económica, social y ambiental.
La ciudadanía tiene en sus manos elegir representantes locales que gestionen el bien común, Alcaldes y Concejales, y luego involucrarse activa y asociativamente con espíritu constructivo, colaborativo y fiscalizador el cumplimiento programático de estas líneas de acción. Esperemos que las nuevas autoridades electas se comprometan a trabajar por los Municipios del Bien Común, y que la indiferencia, apatía o indignación ciudadana se puedan canalizar políticamente al servicio del bien común. La democracia es un bien público que debemos cuidar y fortalecer, no dejarla en manos de intereses privados o de grupos que sirven a una minoría elitista que solo busca acumular poder para sí mismos.
