Transcurridos ya un par de meses desde el inicio de las movilizaciones en contra del actual sistema previsional y encontrándose el proceso con cero avance, van quedando en evidencia algunos elementos que podemos aislar para intentar ver algo claro en un contexto de por sí complejo, agudizado ello además por la inevitable contaminación con el factor electoral presidencial.
Por cierto, debemos reconocer el rol desempeñado por la ONG No + AFP, como factor que permitió visibilizar ampliamente un tema que, no obstante sabido, se obviaba de “la agenda” –como suele decirse– porque simplemente esta estaba saturada. Consecuencias de “escuchar a la calle”. Así, sin más. Justo es reconocer también la involuntaria contribución de la señora Olate.
Pero, así como se reconoce la función cumplida por la ONG, va quedando en evidencia que su rol pierde relevancia rápidamente. No es posible sostener una reivindicación de estas características sobre la base de marchas. Es mala fecha, entre otras cosas. Las personas, incluso quienes más interés deberían tener en el tema, pronto (si no ya) estarán preocupados de las compras navideñas, vacaciones, etcétera. Ya no veremos marchas de cientos de miles de personas.
Un factor adicional, que siempre estuvo presente y que comienza a adquirir más valor a medida que transcurre el tiempo y más información es conocida, lo constituye la legítima duda de muchos en orden a qué otros fines persiguen quienes figuran encabezando el movimiento. La ciudadanía ya ha conocido no pocos casos que partieron de forma similar y terminaron con sus cabecillas sentados en el Parlamento.
Pero interesa más que nada profundizar en las razones por las cuales el tema está entrampado y continuará así por tiempo indefinido.
El asunto partió mal. Parte mal cuando la Presidenta convoca a un “gran acuerdo nacional” para resolver el tema. Las autoridades suelen recurrir a este tipo de recursos (que es como cuando un artista que lo están pifiando saca a relucir la bandera nacional o insta a gritar ce-hache-i). ¿Acuerdo nacional en torno a qué? Primero están las propuestas. De ahí en adelante el asunto ha sido un diálogo de sordos.
El movimiento NO+AFP y quienes lo acompañan en su demanda saben que, por indeseable y mal nacido que sea, el actual sistema previsional –las AFP– no terminará. Entre otras razones, porque el sistema financiero se sustenta en él en gran medida, pero además porque es un sistema beatificado y santificado.
Efectivamente, el Sr. Lagos Escobar lo beatificó durante su mandato (Ley 19.795 que crea los multifondos y sanciona las “comisiones fantasmas”) y la Sra. Bachelet Jeria lo santificó (Ley 20.255, que le transfiere la facultad de determinar la tasa de retiro programado al superintendente de Pensiones y creación del pilar solidario que permite disfrazar en parte lo miserable de las pensiones pagadas por el sistema de AFP). El Sr. Piñera Echenique también hace su contribución al promulgar la Ley 20.552 que “flexibiliza” la multa a aplicar a las administradoras que no cumplen un promedio de rentabilidad.
Así, aunque parezca paradójico, a estas alturas es casi extemporáneo adjudicarles tanta responsabilidad a Piñera (José) y al régimen militar. Ya llevamos 26 años en democracia, ¿o no?
[cita tipo= «destaque»]La Sra. Bachelet Jeria ha anunciado un aumento del pilar solidario. Su cobertura es acotada. Por ejemplo, quienes se han debido pensionar anticipadamente (la mayoría de las veces por estricta necesidad) quedan excluidos en tanto no cumplan 65 años. Aumentos en la tasa de cotización y/o en la edad legal para jubilar son cuestiones de efecto a mediano y largo plazo. Son anuncios y, a estas alturas, casi lugares comunes, que han permitido eludir la gran pregunta: ¿qué se hará para mejorar las pensiones de los actuales jubilados por el sistema de AFP?[/cita]
Pero es en el mandato de la Sra. Bachelet Jeria que deseo profundizar algo más. ¿Qué debe entenderse por “perfeccionar” o “mejorar” algo que es intrinsicamente malo?
Consideremos el caso de un país en donde está vigente la pena de muerte y esta se aplica mediante la guillotina. Como la conocemos: un artefacto consistente básicamente en una hoja afilada que, por gravedad, cae sobre el cuello del condenado y le cercena la cabeza. Ahora supongamos que un innovador (un “emprendedor, diríamos acá) modifica el método haciendo que la hoja afilada caiga, ya no por mera gravedad sino impulsada por un motor a gran velocidad. Asimismo, anexa una suerte de línea de producción que permite ejecutar a decenas de personas cuyas cabezas van cayendo automáticamente a los féretros a los cuales se incorporan los respectivos cuerpos. Todo termina con el sellado automático de aquellos. Así, en lugar de ejecutar a un par de condenados se logra, en el mismo tiempo, “procesar” a decenas.
¿Se mejoró el sistema? Sí, diríamos, con reservas, en términos de eficiencia. ¿O se hizo peor, para quienes son detractores de la pena de muerte?
He usado esta analogía, algo extrema, para graficar un hecho que, a mi juicio, no ha sido correctamente concebido, ejecutado e interpretado. Me refiero al tan bien valorado “pilar solidario”. ¿Acaso esta reforma no hizo sino consolidar el sistema previsional instaurado en 1981?
¿Cómo se “mejora” algo malo? ¿Acaso, si “lo mejoro”, no lo hago más malo, en términos valóricos?
Cuando la Sra. Bachelet Jeria promulga la tan celebrada reforma previsional contribuye con al menos dos errores de envergadura.
Primero, ayuda a las administradoras a ocultar en parte algo que se empezaba a hacer evidente entonces: las pensiones no eran lo prometido, ni mucho menos. No se había hecho evidente antes por una razón muy sencilla: las administradoras tuvieron un “período de gracia” de, al menos, 20 años, en que no requirieron mostrar resultados prácticos: pensiones.
Segundo, la Sra. Bachelet Jeria confunde pensiones con bonos o subsidios. Ya lo he señalado antes: es incorrecto hablar de “pensión” básica solidaria. Solo corresponde hablar de “pensión”, en el estricto sentido previsional, cuando quien la recibe ha efectuado cotizaciones al efecto durante su vida laboral. No estoy diciendo que quienes han llegado a la vejez sin haber efectuado ahorros previsionales queden indefensos. Pero seamos rigurosos en el lenguaje. Entre la ambigüedad en el lenguaje y la demagogia, hay una delgada línea.
La Sra. Bachelet Jeria ha anunciado un aumento del pilar solidario. Su cobertura es acotada. Por ejemplo, quienes se han debido pensionar anticipadamente (la mayoría de las veces por estricta necesidad) quedan excluidos en tanto no cumplan 65 años. Aumentos en la tasa de cotización y/o en la edad legal para jubilar son cuestiones de efecto a mediano y largo plazo. Son anuncios y, a estas alturas, casi lugares comunes, que han permitido eludir la gran pregunta: ¿qué se hará para mejorar las pensiones de los actuales jubilados por el sistema de AFP?
Entendámonos: no hablo de quienes perciben una “pensión” básica solidaria. Me refiero al pensionado que, marchando o no, recibe una pensión autofinanciada de 200 mil, 300 mil pesos y que espera que, al cabo de todo este proceso, termine con una pensión mejor. ¿Por qué no se han efectuado anuncios concretos en este sentido? La autoridad tiene una herramienta: modificar las tasas de retiro programado. Existe un eventual inconveniente: los fondos se agotarían más rápido, si el pensionado tiene la mala fortuna de vivir mucho. Bueno, entonces podría operar un seguro cofinanciado entre Estado y pensionado, por ejemplo.
En tanto la autoridad no se pronuncie sobre cuestiones como las señaladas y, por otro lado, los detractores del sistema sigan exigiendo su término, no se avanzará. La autoridad actual ha debido reconocer que no abordará el tema en profundidad en lo que resta de su período. Es obvio. Ya está sobregirada y, además, para modificar algo se requieren tres cosas: convicción, capacidad técnica y determinación. No visualizo ninguna.
