Al parecer, todos quieren ser parte del sistema que planea seguir en la senda de convertir este excepcional y biodiverso subcontinente en una máquina de producción masiva. No precisamente para terminar con los reales requerimientos globales, con un espíritu de justicia social y ambiental.
Fue hace más de una década que el sociólogo costarricense Osvaldo Durán llegó a la región de Aysén, en los primeros aprontes de lo posteriormente sería la campaña Patagonia sin Represas, y relató la lucha de Costa Rica contra la construcción de un embalse en el río Pacuare. Fue hace más de una década que supimos, por primera vez, del IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) como un gran sueño bolivariano industrializador.
Han pasado 10 años y lo que se veía como una historia conspirativa sobre el Nuevo Orden Mundial mercantil neoliberal toca a las puertas de Chile, con toda la carga que involucra mantener –a pesar de las climáticas señales que ha dado el planeta y de las movilizaciones territoriales locales- un modelo de desarrollo que ve la naturaleza como una despensa, los ecosistemas como un botadero. Y a los seres humanos solo como entes de producción y consumo.
Bajo la sublime figura de la integración entre los pueblos de América del Sur, desde hace décadas políticos e inversionistas vienen impulsando diversos proyectos para unir físicamente los países al sur de Estados Unidos. Carreteras, ferrovías, represas, hidrovías, líneas de transmisión forman parte de una cartera que, en la práctica, lo que busca es profundizar el extractivismo a escala interamericana, donde los ganadores seguirían siendo los controladores de las trasnacionales (con alianzas empresariales nacionales) y los perdedores quienes habitan los territorios transformados en zonas de sacrificio del desbocado paradigma industrial global, esa estafa piramidal ecosistémica intergeneracional que solo se puede sustentar en el hoy robándole posibilidades al mañana.
Los primeros pasos del IIRSA se dieron en Brasilia el año 2000, cuando los presidentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela se reunieron para sentar las bases de la integración física interamericana. Ese año se lanzó la iniciativa supranacional.
El siguiente paso se dio en 2008, al nacer la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), uno de cuyos espacios sectoriales fue –y es- el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN). En la práctica, este organismo es el encargado de operativizar la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana.
El sistema se estructura en 10 ejes: Andino del Sur; Amazonas; Andino; Capricornio; Del Sur; Escudo Guayanés; Hidrovía Paraguay-Paraná; Interoceánico Central; Mercosur-Chile; y Perú-Brasil-Bolivia. Su plazo de concreción global: 2022. Sus áreas: energía, comunicaciones, transporte.
Según el informe UNASUR-COSIPLAN de 2016, son 581 proyectos por un total cercano a los U$ 200 mil millones. De estos, 74 corresponden a Chile por poco más de U$ 16 mil millones, siendo 57 estrictamente nacionales y 17 binacionales.
Entre estos se incluye ampliar el complejo portuario de Mejillones (U$ 200 millones), en Antofagasta adecuar el puerto (U$ 18 millones), la concesión de la autopista (U$ 370 millones) e intervenir el aeropuerto (U$ 28 millones), además de la concesión de la Ruta del Loa (U$ 389 millones) y la implementación del corredor ferroviario bioceánico Antofagasta-Socompa (U$ 501 millones). También la pavimentación del paso San Francisco-Diego de Almagro-Chañaral (U$ 25 millones) y la pavimentación del paso Sico-Peine-Baquedano (U$ 90), entre otras iniciativas.
Una de las más emblemáticas es el túnel binacional Agua Negra (U$ 1.600 millones) en la región de Coquimbo, que en lo principal permitiría dar salida a la industria de la soya argentina hacia el Océano Pacífico.
Para la anécdota quedará que incluso el Plan de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico de la región de Aysén al año 2021, elaborado por el Ministerio de Obras Públicas durante el gobierno de Sebastián Piñera, incluía la prolongación del Camino Longitudinal Austral hacia Magallanes, con un corredor por Argentina, como un posible proyecto IIRSA.
Al parecer, todos quieren ser parte del sistema que planea seguir en la senda de convertir este excepcional y biodiverso subcontinente en una máquina de producción masiva. No precisamente para terminar con los reales requerimientos globales, con un espíritu de justicia social y ambiental.
Una pregunta de fondo que subyace a este colosal plan de explotación de los ecosistemas del Cono Sur de América, de los territorios donde viven millones de personas, es si este responde a las necesidades de la gente o más bien al voraz modelo industrial que todo lo consume y artificializa.
Ya en 2008 en el Congreso Mundial de la Naturaleza organizado por la UICN se presentaba una moción para la adecuación ambiental y social del IIRSA, dado que las poblaciones, comunidades locales o pueblos indígenas posiblemente afectados no habían podido incidir en la toma de decisiones y que ya, a esa fecha, se presentaban notables impactos territoriales.
La integración es un objetivo deseado, por cierto. Pero esta no puede ser vista solo desde la óptica del transporte de mercancías y el saqueo de los territorios. El paradigma vigente, como si el planeta no estuviera sometido a límites biofísicos, ha demostrado su ineficacia para asegurar el futuro de la humanidad y de otras especies.
La reflexión podrá sonar lejana, distante en el tiempo y en el espacio territorial, pero está bastante presente en nuestra cotidianidad. Porque comprender los procesos macro que operan fuera de nuestra vista siempre será necesario para romper la inercia de un modelo de hacer las cosas que, desde diversos frentes, está siendo cuestionado.
