El 29 de abril de 2015 Michelle Bachelet se presentó en cadena nacional. Ahí anunció que algunas de las medidas propuestas dentro del consejo asesor presidencial encabezado por Eduardo Engel se pondrían en marcha. Sus procedimientos estarían orientado hacia “(…) la actividad política y de los partidos [porque] será el Estado el que financie el trabajo de los partidos. Para eso tendrán que cumplir con exigencias y controles claros.” Además puntualizó que los partidos políticos “tendrán que reinscribir a todos sus militantes para sincerar sus registros.”
Comprender la génesis del anuncio que Bachelet hizo nos entrega pistas tanto para entender los tiempos actuales como para anticipar los eventos próximos en un año electoral.
Sin dudas, el informe elaborado por la “comisión Engel” emerge como una operación impulsada por el gobierno, que busca mitigar y acotar la crisis que afecta a las instituciones políticas. Sin embargo, ésta no fue una comisión derivada de reflexiones técnicas, de debates parlamentarios ni de convicciones ideológicas. Tampoco se debió a lineamientos programáticos fijados con antelación por el gobierno. Más bien se trató del resultado de la presión ejercida por los movimientos sociales a raíz de las investigaciones judiciales por casos de corrupción. Hablamos de casos flagrantes de conflictos de intereses de parlamentaros, de tráficos de influencias entre políticos y empresarios y, de corrupción dentro y fuera de los partidos políticos. A todos nos suenan los nombres de Pizarro, Rossi, Golborne, Von Baer, caso SQM, caso Penta, Novoa, Longeira, Orpis, Moreira, Wagner, caso Caval etc.
[cita tipo=»destaque»]La reinscripción de la militancia fue un intento por detener la hemorragia de legitimidad que sufren los partidos políticos. Porque más allá del hecho declarado que justifica la reinscripción -conseguir padrones veraces que aseguren el acceso equitativo a financiación pública- permitía a una elite debilitada comprar tiempo. Sin embargo, han sido incapaces de ganarlo porque nunca entendieron que este proceso fuera una oportunidad para renovar sus deteriorados proyectos políticos, sino todo lo contrario, fue percibido como una amenaza para sus posiciones de privilegio. Y desde ahí han actuado.[/cita]
Algunas de las medidas administrativas y legislativas anunciadas hace dos años continúan su tramitación. En este contexto el Servicio Electoral (Servel) informó en marzo de este año que “a partir del 16 de abril de 2017 para que los partidos políticos mantengan su existencia legal se requerirá que estén constituidos en, al menos, tres regiones contiguas o en ocho regiones discontinuas del país, con un mínimo de afiliados del 0.25% de los votos emitidos en la última elección de Diputados en la respectiva región”. De esta manera cada partido político tenía que presentar las firmas de unos 18.500 ciudadanos para mantener su vigencia legal. Si bien a día de hoy todos los partidos tradicionales han alcanzado esta cifra, el asunto va más allá de un mero hecho cuantitativo. Porque mientras los partidos tradicionales celebran aliviados haber alcanzado las firmas necesarias y, consideran que la prueba ha sido superada, para los partidos ajenos a las dos coaliciones que han gobernado en Chile los últimos 27 años, alcanzar la meta de las firmas supone sólo el inicio de un camino para consolidar un proyecto político alternativo a estos pactos.
Hemos dicho que las medidas anticorrupción fueron levantadas por la presión ciudadana. Es decir, no fueron promovidas por los partidos políticos tradicionales, sino más bien a pesar de éstos y de la elite de la cual forman parte. Como es de esperar, no tardaron en aparecer diversas resistencias desde estos sectores. Una de ellas fue expresada por Andrés Zaldívar (DC) quien situado desde una posición que aparenta ser neutral, alzó la voz en representación de la elite amenazada. Aunque este senador inicialmente se presentó como un opositor a la idea de impulsar una “ley corta” que revocara la resolución del Servel, deja en evidencia sus intenciones al afirmar que esta entidad (Servel) realiza interpretaciones a “goteo” de la normativa. Añadiendo que “cualquier cosa se va a prestar para la interpretación de que los partidos políticos están buscando una manera de arreglarse ellos a las espaldas del país. Soy partidario de que se precisen con claridad y oportunamente las cosas, para que los partidos funcionen. Los partidos son necesarios dentro de una democracia. El Servel, más que aparecer en el sentido restrictivo, tiene que aparecer colaborativo y terminar con esta discusión de si los partidos están tratando de impedir el cumplimiento de la ley”. Si después de leer la cita aún mantiene dudas respecto a cuáles son los intereses que defiende Zaldívar, realice el siguiente ejercicio. Donde aparece la palabra “partidos” remplácela por “elites”.
¿Ahora queda más claro?
La reinscripción de la militancia fue un intento por detener la hemorragia de legitimidad que sufren los partidos políticos. Porque más allá del hecho declarado que justifica la reinscripción -conseguir padrones veraces que aseguren el acceso equitativo a financiación pública- permitía a una elite debilitada comprar tiempo. Sin embargo, han sido incapaces de ganarlo porque nunca entendieron que este proceso fuera una oportunidad para renovar sus deteriorados proyectos políticos, sino todo lo contrario, fue percibido como una amenaza para sus posiciones de privilegio. Y desde ahí han actuado.
¿Por qué ahora esta situación no pasa inadvertida? Porque en la arena de juego ya no están solos. El Frente Amplio ha emergido como un actor político que en su condición de antagonista de la elite gobernante, tiene la capacidad de hacer evidentes aquellas miserias y contradicciones que antes parecían justificadas. Así, este nuevo conglomerado de movimientos y partidos políticos demuestra que estamos en presencia de una elite que sigue gobernando pero que ha perdido capacidad para dirigir. Se dice que en política nadie está muerto, hasta que muere. Pero en Chile nos hemos dado cuenta que estábamos rodeados de muertos vivientes. De zombis-políticos. Y no lo sabíamos.
Que los partidos tradicionales pusieran en entredicho la utilidad de la reinscripción de sus militantes (aunque posteriormente hayan logrado su reinscripción), vale también como una dimensión analítica para comprender el pasado reciente y anticipar el futuro inmediato. Por un lado deja en evidencia los años de ensimismamiento de los partidos, la debilidad de sus compromisos con su militancia y, su restringida concepción sobre la democracia. Si la inscripción automática y el voto voluntario ratificaron el abandono de los electores por los partidos tradicionales, la reinscripción in extremis confirma que sus militantes también lo han hecho.
Por otro lado, refleja que existe un espacio para que nuevos sujetos políticos construyan y consoliden proyectos alternativos de sociedad. La ciudadanía prestará atención hacia aquellas concepciones colectivas que ofrezcan una visión del mundo acorde al contexto de la época. Porque quienes firmaron para que Alberto Mayol y Beatriz Sánchez celebren primarias legales, lo hacen también porque anhelan un nuevo proyecto de sociedad. Como dice el proverbio chino –cuando soplan vientos, unos construyen muros otros molinos-. Para el Frente Amplio ha llegado la hora de volar.
