Tiempos de cientificidio

La declaración del presidente José Antonio Kast en Puerto Montt —”se invierten muchos recursos en investigación científica, en las universidades, y esas investigaciones terminan muchas veces en libros, en papers que no generan empleo”— no fue un exabrupto de campaña.

Fue, ante todo, un documento de época excepcional para analizar las tensiones actuales entre política científica y desarrollo nacional. Y hoy, con Kast ya instalado en La Moneda, esa frase se ha convertido en programa de gobierno en ejercicio, no en especulación electoral.

Dentro del marco analítico del cientificidio, esta intervención presidencial opera en varios niveles. Primero, como deslegitimación epistémica desde el poder ejecutivo: reduce la ciencia a su valor de cambio inmediato (empleo/mercado), desconociendo la investigación básica, las humanidades y las ciencias sociales, cuya producción principal es crítica y circula en libros arbitrados.

No es la opinión de un académico o un comentarista: es la palabra del jefe de Estado definiendo qué conocimiento merece financiamiento público. Es un ataque frontal a la autonomía del campo científico y a décadas de construcción de capacidades en el país.

Segundo, despliega la retórica de la “eficiencia exterminadora” ahora con presupuesto y firmas. En Chile, los discursos de “auditoría”, “resultados” y “gasto improductivo” han sido históricamente el argumento técnico para justificar recortes masivos a las universidades y centros de investigación. La diferencia es que hoy quien los pronuncia tiene la facultad de traducirlos en decretos, vetos y asignaciones presupuestarias. La amenaza a la frágil institucionalidad científica chilena ya no es hipotética: es inminente y está en marcha.

Tercero, el nexo con la hoja de ruta ejecutiva es ahora explícito. La declaración no fue una ocurrencia aislada. Forma parte de una política de Estado activa que busca redirigir fondos desde la investigación fundamental hacia necesidades supuestamente “concretas” como el empleo, la seguridad y la salud. Los ministerios de Educación, Ciencia y Hacienda ya reciben directrices en esa línea.

Chile ha construido durante las últimas décadas un sistema científico que, aunque aún frágil en comparación con estándares internacionales, ha logrado avances significativos. Investigadores chilenos publican anualmente miles de artículos indexados en revistas de alto impacto, contribuyen a la comprensión del cambio climático desde la Patagonia, desarrollan tecnologías para la minería sustentable y realizan estudios cruciales sobre la biodiversidad de un país megadiverso. Todo eso está hoy en riesgo real, no potencial.

La presidencia de Kast ha instalado un fenómeno preocupante: la perpetuación del exilio intelectual como patrón estructural. Cuando el propio presidente declara que la investigación científica “no genera empleo”, se fomenta la fuga de cerebros (autoexilio económico) y se desalienta el retorno de chilenos formados en el extranjero. Es un cientificidio silencioso por asfixia financiera que, de consolidarse, significará la pérdida irreversible de una generación completa de investigadores. Los jóvenes talentos ya están actualizando sus CVs para postular a universidades en Europa, Canadá o Australia.

La categoría clásica de cientificidio resulta estrecha si solo se vincula a la eliminación física. En el Chile de Kast nos encontramos ante un fenómeno donde no hay violencia física, pero el riesgo de exilio por asfixia laboral es alto y creciente. Lo dominante es el cientificidio simbólico-epistémico en modo ejecución: se deslegitima radicalmente el valor social de todo conocimiento cuya utilidad no se traduzca en empleabilidad inmediata, y esa deslegitimación ya está guiando la asignación real de recursos. Los libros y los papers —el corazón de la actividad universitaria y la base de la formación de pensamiento crítico en el país— son declarados “improductivos” desde la tribuna presidencial, y los recortes ya comenzaron a llegar.

La administración Kast tipifica esta lógica en su forma más pulida: sin censura explícita ni eliminación directa, pero con la eficacia ejecutiva de instalar que hacer ciencia es un lujo improductivo. Ya no es una declaración: es una política. Si esa premisa sigue gobernando la asignación de recursos, Chile transitará irreversiblemente hacia una ciencia aplicada y tecnocrática, subordinada a los intereses del mercado y despojada de toda vocación crítica.

Un académico de filosofía, historia, antropología o biología evolutiva será funcionalmente “eliminado” del sistema, no por decreto, sino por la imposibilidad material de sostener su labor. Las primeras plazas congeladas y proyectos no renovados ya son visibles.

El cientificidio no es un fenómeno exclusivo de regímenes autoritarios. Se reinventa en democracia —y con presidentes en ejercicio— bajo el ropaje de la auditoría, la empleabilidad y el “gasto responsable”. La categoría analítica debe, por tanto, mantener su núcleo duro —la eliminación de comunidades científicas con efecto en la pérdida de capacidad crítica—, pero también ampliar su registro a las políticas discursivas ejecutivas que degradan el conocimiento no productivo a “gasto inútil”. Estas declaraciones presidenciales ya no son el preludio: son el desfinanciamiento crónico en marcha, aplicado ya a nuestras universidades estatales y centros regionales.

Deben servir, además, como alerta máxima para la comunidad científica chilena: frases como “las investigaciones terminan en libros y no generan empleo”, dichas por un jefe de Estado con poder de agenda y presupuesto, son marcadores de políticas de desmantelamiento en ejecución activa.

La utilidad analítica del concepto reside ahora en detectar los umbrales discursivos que hacen tolerable la destrucción de la ciencia en democracias neoliberales gobernadas por la derecha ejecutiva.

La declaración de Kast es una pieza de archivo fundamental para ese propósito. Y también, me temo, la primera página de un capítulo oscuro para la investigación chilena, un capítulo que —con Kast ya instalado— se está escribiendo en tiempo real.