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La “distracción” de Chile

por 9 junio, 2017

La “distracción” de Chile
¿Cómo es posible que se puedan sustraer grandes sumas de dinero del erario nacional sin que ningún organismo público se percate de la merma? ¿Carabineros de Chile es un recinto estanco e impenetrable para la Contraloría General de la República (CGR)? ¿Por qué la CGR no detectó la cuantiosa merma?
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Entre los funcionarios de confianza política de México, según se cuenta, se decía en broma, y a veces no tan en broma, lo siguiente: “Yo no pido que me den dinero, solo pido que me pongan donde lo haya”. Efectivamente, lo que ha pasado en Carabineros de Chile es una cosa poco vista antes en nuestro país. Durante años se sustrajeron más de 20.000 millones de pesos (unos 30 millones de dólares) sin que ningún organismo del Estado se diera cuenta de la merma. Casi por casualidad, un fiscal de Magallanes, haciendo un control rutinario, se dio cuenta de que se estaban simulando préstamos inexistentes. Hay mucha gente comprometida y ya presa. Tres interrogantes se mantendrán como “pendientes” ante la opinión pública mientras no se aclaren:

¿Cómo es posible que se puedan sustraer grandes sumas de dinero del erario nacional sin que ningún organismo público se percate de la merma? ¿Carabineros de Chile es un recinto estanco e impenetrable para la Contraloría General de la República (CGR)? ¿Por qué la CGR no detectó la cuantiosa merma?

Cuando se hace un proyecto o una inversión financiada por el Estado, es público y notorio que hay que “rendir” hasta los recibos más minúsculos de lo gastado. A veces una rendición se objeta por un simple recibo de transporte en una camioneta o taxi.

¿Por qué se pudieron distraer miles de millones de pesos de fondos fiscales simulando “prestamos” sin que nadie se diera cuenta?

Y aquí llegamos al segundo evento increíble, en el cual felizmente la Contraloría ha intervenido activamente.

Los fiscales Pablo Norambuena y Carlos Gajardo tienen una ardua labor para determinar si hubo perjuicio fiscal en esas operaciones. Deberán revisar los contratos de representación de la empresa Finning, si es que son públicos; deberán revisar las listas oficiales de precios de cada ítem o servicio adquiridos, para comprobar si hubo un precio estándar respetado o un sobreprecio justificado; y, finalmente, determinar adónde fueron a parar las cuantiosas comisiones derivadas de esos contratos.

En Codelco, la más grande de las empresas estatales, se han adjudicado 783 millones de dólares en contratos en los últimos años con empresas en que participan familiares de altos ejecutivos de la minera y el contralor alertó que se trataba de operaciones entre partes relacionadas. El ex presidente del directorio de Codelco, Gerardo Jofré, ha declarado que la mayor parte de esos contratos se suscribió con la firma norteamericana CATERPILLAR, a través de su representante legal Finning International. Los directivos de Codelco relacionados con esa firma, se habrían abstenido de opinar cada vez que se aprobaron esos contratos. Hasta aquí pareciera operar con una total transparencia, y el procedimiento de adjudicación sin licitación, algo normal en una gran empresa que requiere de suministros complejos en forma rápida.

Donde puede haber un conflicto es en la forma en que se determinan los precios de los productos o servicios adquiridos. Es algo conocido que las listas oficiales de precios de los proveedores incluyen una comisión para el representante en Chile y a veces un sobreprecio que se utiliza para inclinar a favor de determinado proveedor una adjudicación con o sin licitación. El monto de esas comisiones oscila entre el 10 y el 15 por ciento del valor de las adjudicaciones. Se está hablando, solo en el caso de Finning, de comisiones que oscilan entre 70 y 100 millones de dólares, que han quedado en manos de “intermediarios”. O sea, cantidades entre 3 y 5 veces mayores que las pérdidas ocurridas en Carabineros de Chile.

Los fiscales Pablo Norambuena y Carlos Gajardo tienen una ardua labor para determinar si hubo perjuicio fiscal en esas operaciones. Deberán revisar los contratos de representación de la empresa Finning, si es que son públicos; deberán revisar las listas oficiales de precios de cada ítem o servicio adquiridos, para comprobar si hubo un precio estándar respetado o un sobreprecio justificado; y, finalmente, determinar adónde fueron a parar las cuantiosas comisiones derivadas de esos contratos.

Seguramente los resultados de esas investigaciones se extenderán más allá del actual Gobierno y de las presentes autoridades y directorio de Codelco.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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