En Chile, durante los primeros años de postdictadura, hubo un debate político de carácter centrípeto, orientado hacia el centro, la moderación. Alejarse del radicalismo de los polos era necesario e incluso deseable.
Eran tiempos en los que se buscaba el orden social por sobre el cambio social. El exdictador todavía detentaba el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y los llamados “enclaves autoritarios” de la Constitución, heredada de la dictadura cívico-militar, se mantuvieron incólumes durante tres lustros. “Justicia en la medida de lo posible”, cambios sociales “en la medida de lo posible”, ni un paso más.
Sin embargo, en una época como la nuestra, en la que se vive bajo una aparente normalidad institucional (asumiendo que toda “normalidad” es siempre una apariencia), las posturas centristas son percibidas como posicionamientos cómodos y hasta indeseables.
Estas posturas moderadas han proyectado una imagen de autocomplacencia, de falta de voluntad política para hacerse cargo de aquellas fracturas o anomalías sociales, que se han hecho visibles desde el proceso mismo de “normalización” institucional. Anomalías que dicen relación con la desigualdad social en materias de acceso a la educación, salud, previsión y vivienda; discriminación arbitraria de minorías étnicas, mujeres, niños, ancianos, homosexuales, indigentes y extranjeros; y la interminable deuda histórica con nuestros pueblos originarios.
En suma, existe una sensación ambiente de que estas posturas centristas han preferido apaciguar estos conflictos con tal de mantener aquella “estabilidad institucional”, que les ha permitido permanecer en el poder.
[cita tipo=»destaque»]La prueba más fehaciente de que el centro nuevamente se des-centra, son los desastrosos resultados obtenidos por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el mundo socialdemócrata, especialmente el Partido por la Democracia (PPD). Las dos fuerzas políticas de centroizquierda que, unidas, encabezaron nada menos que los primeros veinte años de democracia y que hoy forman parte del segundo gobierno de Michelle Bachelet.[/cita]
Y es allí cuando el debate centrípeto se aprecia innecesario, porque ya ha cumplido su función estabilizadora, y comienza a ser desplazado por un debate político de carácter centrífugo, orientado hacia la radicalización de las posturas
y que desdeña al moderado centro político.
Lo que ahora se busca no es el orden social, que pasa a convertirse en un mero instrumento, sino la transformación social. Una transformación que para algunos consiste en robustecer las reglas del modelo capitalista imperante, un “nuevo salto” modernizador, y que es la apuesta de la “nueva” derecha y, en menor medida, de la “vieja” concertación. Mientras que para otros la transformación consiste en cambiar el modelo capitalista por “otro modelo” que garantice la protección social como un derecho fundamental, y que es la alternativa del pujante Frente Amplio y de otras fuerzas izquierdistas minoritarias, a partir de las movilizaciones sociales de 2011.
Pero esta radicalización no debe ser confundida con la “ideologización”. Adoptar un discurso más categórico para enfrentar unos problemas que se reputan fundamentales no significa, necesariamente, adherir a una ideología o concepción global del hombre y de la sociedad. Ni menos significa “extremismo”, desde el momento en que ambas posturas han demostrado su más plena observancia de las vías democráticas y un categórico rechazo a la violencia como medio de acción política.
En este restringido sentido, el actual escenario político chileno vive una nueva radicalización, y el resultado de las pasadas elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales (core) así lo confirma.
La prueba más fehaciente de que el centro nuevamente se des-centra, son los desastrosos resultados obtenidos por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el mundo socialdemócrata, especialmente el Partido por la Democracia (PPD). Las dos fuerzas políticas de centroizquierda que, unidas, encabezaron nada menos que los primeros veinte años de democracia y que hoy forman parte del segundo gobierno de Michelle Bachelet.
Ante un centro que -como ha dicho Daniel Mansuy- “simplemente no existe o, en el mejor de los casos, está reducido a su mínima expresión”, la radicalización no es más que una adaptación del debate público a un cultura plural de individuos consumidores que, precisamente por vivir en una sociedad políticamente más estable, económicamente más abundante y socialmente más informada, demanda una mayor firmeza para corregir aquellas anomalías que le hacen ver impedidas sus posibilidades de autonomía.
Y cualquiera sea el resultado de la próxima elección presidencial de segunda vuelta, este nuevo escenario merece ser apreciado como una valiosa oportunidad para que la juventud sea protagonista de su tiempo, tal como lo fue hace medio siglo. En la medida que los jóvenes se atrevan no solamente a cuestionar el “status quo” que los frustra, sino a practicar lo que Joaquín Edwards Bello denomina “conciencia civil”, esto es el conocimiento que el ciudadano tiene de sus deberes y las aptitudes para defender sus derechos.
Porque es la crítica de la sociedad, a contrapelo de la “normalidad”, lo que retroalimenta el desarrollo y no sólo la “modernización” de las sociedades democráticas. Esa crítica que, según las bellas palabras de Octavio Paz, “nos dice que debemos aprender a disolver los ídolos: aprender a disolverlos dentro de nosotros mismos” y “aprender a ser aire, sueño en libertad”.
