Señor Director:
Las organizaciones de la sociedad civil que suscriben vemos con preocupación y molestia la urgencia legislativa que el Gobierno le dio al proyecto de Ley que busca modificar la ley N° 20.422, buscando extender el plazo de adecuación a normas de accesibilidad para edificios de uso público o que presten un servicio a la comunidad, olvidando así el “problema de la accesibilidad” por 5 años más. Discutimos dicho proyecto de ley en comisión en el Senado, acordando que se debía apuntar a un proyecto de incentivos y promoción, no de extensión de plazos como la repetida historia de la accesibilidad en Chile.
La Ley 20.422 del año 2010, dio un plazo de 3 años para que los edificios existentes de uso público o que presten un servicio a la comunidad hagan las adecuaciones de accesibilidad necesarias a partir de la publicación del reglamento correspondiente. Ese reglamento se publicó el 4 de marzo del año 2016.
Los edificios a los que hace alusión la ley, posteriores a 1994, ya debían contar con normas mínimas de accesibilidad, las que lamentablemente muchas veces no fueron cumplidas en el momento de su construcción.
Es impresentable que Chile aún pretenda seguir aplazando este tema, desconociendo los tratados internacionales, sus propias leyes y los plazos que nosotros mismos nos dimos.
El informe de la ONU respecto al nivel de cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad señaló que “al Comité le preocupan los pocos avances en el cumplimiento de la ley 20.422 en materia de accesibilidad, así como la inexistencia de mecanismos de queja por la violación a los derechos de las personas con discapacidad relativas a la falta de accesibilidad” y recomienda que el Estado chileno “adopte un plan de accesibilidad general que incluya la accesibilidad en el transporte, las edificaciones e instalaciones públicas, la información y la comunicación, tanto en las ciudades como en las áreas rurales, con plazos concretos y sanciones por incumplimiento”.
Un efecto contrario es lo que se pretende con este proyecto de Ley, que en definitiva seguirá desplazando la responsabilidad del Estado al gobierno siguiente, dinámica que vemos repetirse hace años.
No podemos aplazar ni esperar más, debemos avanzar con el compromiso de autoridades que tengan la voluntad y firmeza necesarias para asumir su responsabilidad con los derechos de las personas con discapacidad del país.
Claudio Pinto
Defensoría de la Discapacidad
Pamela Prett
Corporación Ciudad Accesible
Irma Iglesias
Fundación Down 21
Carlos Kaiser
ONG Inclusiva
Daniela Alburquerque
Centro de Trastornos del Movimiento CETRAM
Carolina Pérez
Programa Radial Saliendo a Flote
Sonia Castro
Fundación Mamá Terapeuta
Gustavo Vergara
Asociación de Sordos de Chile
