Señor Director:
Tras la toma de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el mundo académico se ha sorprendido por la fuerza que han tomado las demandas de las universitarias. Ya no es sólo solidaridad, sino la necesidad de que las universidades se abran a hablar de violencia y sexismo.
En las reacciones en contra de las jóvenes que se levantan se escucha de todo, desde que sólo refleja la irracionalidad de un tipo de feminismo o que no es más que una excusa para paralizar, hasta que se trata de una estrategia para desestabilizar a las organizaciones estudiantiles. Ninguna de esas elucubraciones se acerca siquiera a una reflexión seria sobre lo que han sido y son la violencia y el acoso sexual que sufre la mujer en los espacios universitarios.
La voz de las estudiantes, pese a ser en ocasiones acallada por sus propios compañeros, desde hace un par de años ha ido silenciosamente instalando este debate en la agenda pública, logrando que algunas universidades adopten protocolos y regulaciones especificas contra la violencia en sus espacios. En algunas hay avances en cuanto a reconocer el problema, pero el reconocimiento es apenas un primer paso. Porque cuando el acoso y la violencia se relativizan las normas pueden quedarse en las buenas intenciones, especialmente si la comunidad universitaria no las conocen, si se interpretan y aplican de forma deficiente, o peor aún, si directa o indirectamente incentivan a la víctima a no perseverar en su denuncia. Cuando ocurren conductas indebidas o derechamente la invasión del cuerpo de una mujer, abundan los comentarios del tipo “no es para tanto” o «ella se lo buscó» o “debió cuidarse más”. Ese mensaje, que es otra forma de victimización, se explica porque la violencia a la que estamos expuestas desde chicas, desde el vulgar “punteo” en la micro y espacios públicos hasta las obscenidades en la calle, son experiencias que los hombres no conocen, como tampoco lo difícil que es hablar de ello.
Pero las instituciones universitarias amparan distintas formas de discriminación. No sólo está la que afecta a las estudiantes, sino además la que sobrellevamos las académicas, pese a estar mejor situadas en la escala de jerarquía. Eso lo vivimos a diario en la disparidad salarial, en el trato diferenciado en la contratación, en el hostigamiento y los comentarios peyorativos o sexistas de ciertos colegas. Todas las universidades tienen sus propias historias de acoso sexual. Hace pocos años una de nosotras fue testigo accidental de una demanda por acoso en una facultad de derecho de Santiago que terminó en condena, y donde el tribunal ordenó, como medida adicional, que la comunidad universitaria recibiera una charla sobre igualdad de género. La charla, realizada por esta testigo accidental, fue contestada con reacciones y comentarios arrogantes por uno de los directivos de la facultad, lo que agravó la falta, confirmó la existencia de un ambiente hostil y resultó francamente indignante para la expositora invitada. Es lamentable comprobar que, pese al paso del tiempo y a la intervención de la justicia, en esa facultad se mantienen las mismas prácticas, ahora en contra de otras mujeres. El comportamiento contumaz de los abusadores sólo puede explicarse desde el convencimiento de que se trata de conductas normales que no recibirán sanción, puesto que, después de todo, la condición de hombre otorga privilegios.
Si las instituciones en su conjunto, y en especial quienes las dirigen, no entienden el problema ni enfrentan con seriedad la cultura de la violencia y la discriminación, la indignación social sólo irá en aumento. Y a quien se pregunte qué quieren estas mujeres, la respuesta es: una transformación cultural que abra el camino hacia el respeto y la no discriminación.
Lidia Casas, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales
Sara Moreno, abogada
Macarena Vargas, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales
Yanira Zúñiga, Facultad de Derecho, Universidad Austral de Chile
Francisca Vargas, Universidad Diego Portales
Mónica Maureira, Facultad de Comunicaciones, Universidad Diego Portales
Consuelo Figueroa, Facultad de Ciencias Sociales e Historia, Universidad Diego Portales
Lucía Rizik, abogada
Verónica Undurraga, Universidad Adolfo Ibáñez
Éster Valenzuela, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales
Liliana Ramos, Facultad de Educación, Universidad Diego Portales
Alejandra Ramm, Instituto de Sociología, Universidad de Valparaíso
Paula Vial Reynal, abogada
Sulvy Cáceres, Facultad de Educación, Universidad Diego Portales
Soledad Concha, Facultad de Educación, Universidad Diego Portales
Lidia Poza Matus, Facultad de Derecho, Universidad Alberto Hurtado
Paulina Morales Aguilera, Escuela de Trabajo Social, Universidad Católica Silva Henríquez
Claudia Caviedes Quiroga, Facultad de Educación, Universidad Diego Portales
Judith Schönsteiner, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales
Sara Correa, Facultad de Ciencias Sociales e Historia, Universidad Diego Portales
Hillary Hiner, Facultad de Ciencias Sociales e Historia, Universidad Diego Portales
Daniela Jara, Instituto de Sociología, Universidad de Valparaíso
Elisabeth Simbürger, Instituto de Sociología, Universidad de Valparaíso
Carolina Pinto Baleisan, Universidad de Viña del Mar
M. Angélica Martínez, Facultad de Educación, Universidad Diego Portales
Evelyn Arriagada, Facultad de Ciencias Sociales e Historia, Universidad Diego Portales
Mayra Feddersen, Facultad de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez
Catalina Novoa, Facultad de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez
Nathalie Maureen Walker, Universidad Adolfo Ibáñez
Florencia Herrera, Facultad de Ciencias Sociales e Historia, Universidad Diego Portales
Irma Palma, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile
