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Sobre el nuevo crédito de Educación Superior

por Roberto Flores 22 junio, 2018

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Señor Director:

La primera lectura que surge al analizar el nuevo proyecto de crédito para la educación superior (SIFS) es que este deliberadamente omite el nuevo marco regulatorio en materia de financiamiento que establece la Ley de Educación Superior. El proyecto genera así dos regímenes con distintas condiciones para las instituciones adscritas y no adscritas a la gratuidad, estableciendo incentivos mucho más favorables para las instituciones que se queden fuera de ella y que sólo operen con crédito, financiando con recursos públicos, y con menores exigencias de calidad, hasta un 50% más que los aranceles definidos para la gratuidad.

La Ley de Educación Superior, aprobada con amplia mayoría en el Congreso, establece, por primera vez, que una Comisión de Expertos definirá, en conjunto con la Subsecretaría de Educación Superior, la forma de cálculo de los aranceles regulados, donde se considerará como pieza fundamental la estructura de costo de las carreras. Después de este arduo trabajo, ¿tiene sentido que las instituciones no adscritas a la gratuidad reciban hasta 1,5 veces este arancel? Sin lugar a duda, esta decisión implica una fuerte amenaza para todo el régimen de gratuidad.
Para evitar futuras alzas no justificadas de los aranceles reales a estudiantes no beneficiados aún, la Ley de Educación Superior, además de establecer la gratuidad para estudiantes hasta el sexto decil (sin ningún tipo de copago), instaura un cobro diferenciado para los estudiantes de los deciles 7, 8 y 9, resguardando que los aranceles reales no puedan crecer más allá del IPC + 2% de forma anual. El nuevo crédito, al no establecer este tipo de límites y al pagar hasta 1,5 veces el arancel regulado, promueve alzas arancelarias en instituciones no adscritas a la gratuidad, las que podrán ser cubiertas por el arancel que prestará el Estado. Si bien el proyecto posee ciertos instrumentos de mercado que buscan evitar un desmesurado aumento de los aranceles, estos no son suficientes para evitar un incremento de estos por sobre los de las instituciones en gratuidad, con el evidente perjuicio hacia sus propios estudiantes.

Habría sido esperable una propuesta que lograse conversar con la nueva institucionalidad vigente. Al no ser así, las instituciones en gratuidad, precisamente a las que el Estado debiese favorecer, dado su compromiso público con la calidad y la inclusión en el sistema, quedan en evidente desventaja. Por otro lado, si no se generan restricciones para evitar las posibles alzas arancelarias, serán los mismos estudiantes y sus familias quienes deban pagar más, ahora mediante un “renovado” crédito, por un sesgo en favor del sistema no gratuito y de la lógica de mercado aplicada a la Educación Superior.

Roberto Flores
Ingeniero Civil Industrial

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