Señor director:
A raíz del abominable crimen ocurrido el pasado 18 de junio en nuestra capital me siento en el deber de pronunciarme y expresar mi opinión en torno al tema, el cual considero que dice mucho sobre el sentir de la sociedad chilena actual, sobre la dignidad humana y sobre la justicia en un Estado de Derecho. Tengo total certeza de que, respecto de lo anterior, no existen objeciones morales: es un hecho despreciable, de aquellos que vemos en las noticias y que, muchas veces, nos hacen dudar de la bondad de las personas, de la seguridad individual en nuestra sociedad y que incluso puede llevarnos a pensar que estamos cayendo en una degeneración moral. Y lo mismo pienso de la situación dada a conocer tan solo 4 días después del crimen inicial en un video grabado por los mismos reos, en el cual se aprecia gráficamente como los internos torturan a los dos sujetos ecuatorianos puestos en prisión preventiva tras el crimen que tuvo como víctima a Margarita Ancacoy, obligándolos a disculparse por sus mórbidas acciones. No obstante, ha quedado claro en los últimos días que no hay unanimidad respecto de la moralidad del segundo hecho.
¿Por qué quienes condenan el homicidio de la desafortunada trabajadora no condenan (y más bien, lo avalan) también los apremios ilegítimos practicados en contra de los dos ecuatorianos? La respuesta a esta interrogante, para muchos, podría parecer simple: pues doña Margarita Ancacoy es inocente, y los asesinos no lo son, por lo que deben pagar por sus acciones, debe haber “justicia”. Sin embargo, hay que tener en consideración lo que sigue: tanto el homicidio como la tortura son actos que violan la dignidad de la persona gravemente y que, además, traen consigo un efecto negativo al orden público. En nuestro país estamos sujetos al Estado de Derecho, el cual nos garantiza que no seremos juzgados arbitrariamente frente a nuestras acciones, nos otorga derechos y establece límites legales al actuar de la autoridad y las personas en una sociedad.
Por todo lo anterior, una atrocidad avalar este tipo de conductas, pues esto corresponde esencialmente a atentar contra nosotros mismos, y desconocer la dignidad de las personas en favor de la venganza, que la muchedumbre enardecida proclama en redes sociales y otros medios como “justicia”. La justicia, según su definición más popular, corresponde a “darle a cada uno lo suyo”. Esto no ocurre en el caso de la venganza, ya que en este escenario estaría participando como juez una comunidad resentida, tomando en consideración solo el crimen que han cometido los actores, pero sin aludir a su condición como persona (o dignidad) ni su sujeción al Estado de Derecho. El juez parcial, por lo tanto, no es un juez que da a cada uno lo suyo.
Por eso, y porque estamos, como mencione ya, protegidos por un Estado de Derecho, toda persona, sea quien sea, debe tener derecho a un debido proceso que le garantice que no se cometerán las arbitrariedades anteriores, que, además de ser perjudiciales para la dignidad humana, son inútiles. Permitir situaciones como la que se dio en la penitenciaría hace unos días atrás, es permitir el retorno de la barbarie, lo que significaría despojarnos de nuestros derechos fundamentales a ser juzgados imparcialmente, de acuerdo a derecho y a nuestra dignidad.
Gabriel Contreras Soto
Estudiante de Derecho, Universidad de los Andes
