Opinión
Desde la promulgación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales el 2017, la objeción de conciencia de instituciones y personal de salud para otorgar este servicio se ha convertido en tema de discusión pública. Desde distintas organizaciones feministas y de derechos humanos, preocupadas por cómo la objeción de conciencia podría vulnerar a las mujeres en un trato digno y acceso al derecho adquirido, entablamos iniciativas de observación y recolección de datos sobre el trato del personal de salud hacia las mujeres en materia sexual y reproductiva. Lo que nos encontramos fue peor de lo que se comenta.
La objeción de conciencia es la punta del iceberg en la obstrucción de derechos a las mujeres, sobre todo respecto del acceso a información, servicios y medios para el cuidado de su sexualidad y control de la reproducción. Un ejemplo es cómo aún hay municipios donde se les niega la pastilla del día después a quienes lo solicitan en sus centros de salud -aún cuando hay una ley que dictamina que debe entregarse libre y gratuitamente-, pero hay muchas otras prácticas que creemos necesarias visibilizar y estudiar a mayor profundidad.
En primer lugar, el acceso a medios -fármacos, insumos- para el cuidado de la sexualidad y el control reproductivo. Sumado al ejemplo anterior, la disponibilidad de condones y anticonceptivos es limitada. En el sistema público, la variedad y cantidad disponible es restringida, o simplemente no hay stock, lo que genera problemas cuando a las mujeres no les sirve el anticonceptivo disponible, pues como dicen los ginecólogos, cada mujer es completamente distinta y lo que le sirve a una no necesariamente le servirá a otra. En el sistema privado, el valor de una caja de anticonceptivos en la farmacia de turno ronda los $12.000, mientras que otros más efectivos y/o de uso prolongado pueden alcanzar los $200.000, lo cual es un factor de alta limitación al acceso para una población donde el 50% recibe un ingreso igual o menos a $379.673 neto mensual y donde el ingreso promedio mensual es de $554.493 neto según los datos del INE para el año 2017.
[cita tipo=»destaque»]Un ejemplo paradigmático es la negación de algunos médicos de realizar esterilizaciones a mujeres de todas las edades y situaciones familiares, sexuales y reproductivas, aún cuando, por ley, no hay argumento alguno para negar la esterilización a quién lo solicite voluntariamente. Diferentes mujeres y profesionales de la salud han contado cómo otros profesionales generan “argumentos” para negarse a realizar este servicio principalmente a mujeres, como por ejemplo: que primero deben tener 1, 2, 3 hijos, que debe autorizar la pareja/marido, que deben tener 30, 40 hasta 50 años, que está contraindicado, entre otros. Cabe señalar que la esterilización femenina se realiza mediante el ligamiento de trompas, que impide el paso de óvulos al útero, para lo cual ninguna de las condiciones anteriores es requerida.[/cita]
En segundo lugar, tenemos el acceso a servicios -atención ginecobstétrica, fertilidad asistida, servicios de interrupción y esterilización voluntaria-. Para este acceso es clave la cobertura, la presencia de personal de salud especializado, la existencia de instalaciones e insumos adecuados y el costo para acceder a los servicios. Sin ahondar en los ya conocidos déficits de especialistas en el sistema de salud chileno y la extensa lista de espera como problema de salud pública -que afecta a los servicios ginecobstétricos y en sí mismo es factor de obstrucción al acceso-, las observaciones recientes han mostrado con preocupación cómo no sólo no hay suficientes profesionales e insumos en todas las áreas de la salud, sino que algunos de estos se niegan a realizar ciertos servicios.
Un ejemplo paradigmático es la negación de algunos médicos de realizar esterilizaciones a mujeres de todas las edades y situaciones familiares, sexuales y reproductivas, aún cuando, por ley, no hay argumento alguno para negar la esterilización a quién lo solicite voluntariamente. Diferentes mujeres y profesionales de la salud han contado cómo otros profesionales generan “argumentos” para negarse a realizar este servicio principalmente a mujeres, como por ejemplo: que primero deben tener 1, 2, 3 hijos, que debe autorizar la pareja/marido, que deben tener 30, 40 hasta 50 años, que está contraindicado, entre otros. Cabe señalar que la esterilización femenina se realiza mediante el ligamiento de trompas, que impide el paso de óvulos al útero, para lo cual ninguna de las condiciones anteriores es requerida.
Otro ejemplo de discriminación de las mujeres en el sistema de salud, hace alusión al procedimiento muchas veces realizado en casos de urgencia por violación, en donde las mujeres se enfrentan con obstrucciones para el acceso a la píldora del día después y a algún tipo de tratamiento preventivo ante la posibilidad de haber sido contagiada con alguna enfermedad de transmisión sexual, toda vez que se establece este procedimiento como trabajo del Servicio Médico Legal, entidad dependiente del Ministerio de Justicia. Lo anterior sugiere que la agresión sexual debe ser en algún punto acreditada proporcionando pruebas por medio del peritaje sexológico, para constituirse una mujer garante de derechos de la salud tras ser víctima de una violación. Esto obstaculiza la obtención de los servicios médicos, detonando una revictimización altamente dañina.
Y en tercer lugar, tenemos el acceso a la información. Sin siquiera entrar en la reducida -en algunos casos inexistente- educación sexual como política estatal, las observaciones están mostrando cada vez más cómo en el sistema de salud se reproducen prácticas de retención de cierta información hacia sus pacientes, en particular las mujeres, respecto de diversos elementos, como procedimientos médicos, explicación de los tratamientos, contraindicaciones esperadas en estos, o simplemente, acarar dudas del método anticonceptivo a utilizar. Muchas mujeres describen cómo nadie les pregunta qué tipo de vida sexual desean llevar, y por tanto, qué método anticonceptivo sería más efectivo a su caso, forzándolas a un método, marca de anticonceptivo o tratamiento de interés del médico, no en conversación con la paciente. En el caso de las 3 causales, casos como el de Quilpué dan cuenta tanto la falta de información legal dentro del personal médico como la restricción de la misma hacia la paciente, aún cuando la ley señala explícitamente que debe de entregársele toda la información a la mujer para que tome una decisión informada.
Los ejemplos descritos no hacen más que develar la grave violencia sexista asociada a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El control del conocimiento es una estrategia de control de los cuerpos femeninos, creando una relación vertical, autoritaria entre médico/paciente y constituye violencia. La objeción de conciencia es una evidencia más de un sistema de salud que opera bajo una relación de autoridad sobre las mujeres y sus cuerpos, considerando legítimo negarle medios, servicios e información para tomar sus propias decisiones sobre su salud sexual y reproductiva de manera consciente, informada y responsable.
En el marco del pronto 28 de septiembre, día por la despenalización y legalización del aborto en América Latina y el Caribe, el llamado es a un quehacer crítico de las y los profesionales involucrada/os, resultando urgente la discusión sobre aquellas prácticas normalizadas que pueden dañar de manera grave la integridad física, psicológica e incluso vital de la mujer que busca ayuda. Así también, un llamado a las mujeres a cuestionar, informarse y exigir, apropiarnos de nuestros cuerpos al requerir del saber médico.
Como feministas, la lucha por el aborto libre y legal, es una lucha por el derecho a decidir autónoma y libremente nuestra maternidad, sexualidad y reproducción de manera íntegra. Para ello es vital la democratización del conocimiento, la posibilidad de desarrollar una población educada para tomar decisiones responsables, con profesionales disponibles y dispuestos a asesorar y guiar desde una relación horizontal con el y la paciente. Como dice el slogan: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.
