Opinión
Instalado en la Costa Central me entero que el Presidente Piñera ha resuelto adelantar sus vacaciones. La curiosa razón que se da para este adelanto es aprovechar la recuperación de la agenda por parte del Gobierno a raíz de su iniciativa en torno a permitir la selección por rendimiento académico en un número significativo de Liceos públicos. El debate es trascendente y la posición del Gobierno aparece hoy día con un respaldo sustantivo según las encuestas. Imagino que con el retiro temporal de la escena del Presidente se pretende dar mayor protagonismo a la Ministra. En todo caso le deseo un buen descanso.
En el primer año de Gobierno el Presidente ha manifestado un estado de casi permanente irritación con la Oposición, y de manera particular con el Partido Socialista. A primera vista hasta se podrían entender sus causas. En segunda vuelta Piñera obtuvo una categórica mayoría en el voto popular, lo que cualquier Gobierno interpreta como un fuerte respaldo a la realización de su programa. Y ocurre que en el Congreso una dispar mayoría opositora suele no aprobar algunas leyes tal como el Gobierno las propone. Obstrucción, pura y simple, se arguye desde Palacio. El problema político de fondo, sin embargo, consiste en que el mismo electorado que le dio mayoría al Presidente, dejó a los Partidos de su coalición en minoría en el Congreso. Una oposición diversa, cuyos Partidos apoyaron e tres candidatos en la elección presidencial, y que por lo tanto no tiene unidad programática, pero cuyos programas difieren en algunos asuntos fundamentales con el del Gobierno. Esos parlamentarios tienen entonces un deber de fidelidad con su electorado, lo que debería obligarlos a no aprobar legislaciones que atenten contra sus convicciones más sólidas. La interpretación que políticamente debería hacerse de los resultados de la elección de 2017 es que la ciudadanía le dio un sólido respaldo al Presidente, pero no le dio carta blanca, generando un también sólido contrapeso en el Parlamento.
En regímenes presidenciales como el nuestro es común que el Presidente no cuente con mayorías en el Congreso. Ello obliga al Gobierno a un indispensable y permanente proceso de negociación con las oposiciones, asumiendo que no puede imponer todas sus posiciones en los asuntos controvertidos. Para este ejercicio, tan propio de la política, la irritación es el estado de ánimo menos aconsejable.
La oposición -mejor dicho, las oposiciones- enfrenta también complicados y permanentes dilemas. No puede asumir una actitud de oposición frontal a todas las iniciativas del Gobierno, pues algunas pueden ser buenas y otras perfectibles en el debate y la negociación parlamentaria. Pero al mismo tiempo hay otras que simplemente no puede aprobar porque violentan sus compromisos programáticos y sus convicciones. Ello no es obstrucción, es lo que corresponde en el juego democrático.
El caso más claro de la agenda legislativa de 2019 en que la oposición debería rechazar la iniciativa del Gobierno es el de la Reforma Tributaria, lo que supone votar en contra de la idea de legislar en Marzo próximo. Sobran las razones para fundamentar tal posición. La principal, es que el país aprobó con una amplia mayoría, que incluyó a las fuerzas que hoy día sostienen al Gobierno, una reforma tributaria que aún no está en pleno régimen y que, por lo tanto, no ha sido suficientemente evaluada. Ella tenía dos objetivos claros: aumentar la recaudación en alrededor de un 3% del PIB y avanzar en un sistema tributario más progresivo, en el que paguen más los más ricos. Chile es uno de los pocos países de desarrollo medio donde la distribución de ingresos antes y después de impuesto es la misma. Ocurre que el proyecto del Gobierno destruye ambos objetivos: recauda 1.000 millones de dólares menos y es claramente regresivo. Este es un consenso entre todos los economistas independientes y/o vinculados a la oposición, de las más diversas escuelas de pensamiento.
En la campaña presidencial, Piñera se comprometió a bajar el impuesto de Primera Categoría que tributan las empresas, como crédito al impuesto personal que pagan sus propietarios. El Gobierno no pudo sostener una posición tan extrema y diseñó un proyecto con el mismo objetivo: disminuir la carga tributaria de los grandes empresarios. Están convencidos, contra toda la evidencia empírica, de que con ello aumentaría la inversión. En una economía como la chilena, con una carga tributaria comparativamente baja, el aumento de la inversión requiere otras medidas, que obviamente se pueden convenir y acordar.
Cuando en materia tributaria existen diferencias tan de fondo, intentar soluciones de transacción sería agotador y probablemente infecundo, además de innecesario. Simplemente el país no requiere esta reforma y la oposición puede despejar este asunto en Marzo.
