Opinión
La policía, tal como la conocemos hoy, conformada por carabineros y la policía de investigaciones, es resultado del desarrollo de largos procesos históricos y políticos. Por un lado, la creación del Estado como sociedad compleja y organizada, heredera de la idea de Estado Absoluto, que monopoliza el uso de la fuerza legítima, y por otro, los procesos de urbanización como resultado de la industrialización y el desarrollo de las grandes empresas. Así, el Estado actual encontrará su razón de ser en la garantía de la seguridad de la población que integra su territorio. El homo hominis lupus ist de Hobbes. El hombre es el lobo del hombre. Y protegernos de nosotros mismos, lobos todos, es la precisa y esencial función del Estado: evitar esta destrucción, esta depredación del hombre por el mismo hombre, o, dicho de otra manera, garantizar la seguridad de la población de su territorio.
Una idea relativamente similar será la del Estado en El Príncipe de Maquiavelo. El Príncipe, vale decir, en lo que nos compete, el Presidente de la República, debe ser capaz de imponerse frente a sus súbditos y amedrentarlos cuando el interés del Estado se lo exija. Un amedrentamiento que no es a título gratuito, sino que siempre unido a la necesaria protección y tutela de la seguridad del resto de los ciudadanos.
Con el correr de los años, las revoluciones liberales (especialmente la francesa en la Europa Continental) atarán el ámbito de acción de las manos del Príncipe a la protección de los derechos individuales de sus ciudadanos. La libertad, la vida y la propiedad no se convierten en fichas dentro de un tablero donde se juega junto al Príncipe, sino que se transforman en el marco mismo del tablero en el cual el Príncipe puede actuar. Sin este marco, el Príncipe no existe. Fuera de este marco, el Príncipe ya no tiene derecho a jugar el juego y su actuar se vuelve, concluyentemente, totalmente injustificado.
En materia de policías, es posible confrontar lo dicho hasta ahora con la forma dialógica en que debe encuadrarse la actuación policial. La razón por la cual el ejército de un país no puede encargarse de la seguridad interna como lo haría un organismo policial, obviando la falta de entrenamiento –el que está, desde luego, orientado a una guerra– es sencilla: la función de la seguridad interna que se encarga a policías no responde a una dinámica o diálogo de guerras, no es posible cotejarlo a la manera Amigo-Enemigo, sino que Estado-Ciudadano. Aunque sencillo, esto es profundamente relevante porque el destinatario pasivo de este diálogo Estado-Ciudadano es, lógicamente, un ciudadano, que a su vez es titular de derechos y garantías. Y son estas mismas garantías las que ahora, en este caso, tal como cuando hablábamos del Príncipe, serán el marco del tablero en el cual el Presidente de la República y sus policías pueden moverse y actuar. Sin este marco, el actuar del Estado no se encuentra legitimado bajo ninguna circunstancia en una democracia.
Esta limitación no es antojadiza y no tiene mucho que ver –como la clase política ha insistido en señalar– con izquierdas y derechas, sino que con un elemento fundamental para distinguir países democráticos de otros que no lo son. La historia ha sido bastante sabia en enseñarlo.
En la práctica, la complejidad de las situaciones frente a las cuales la policía ha debido enfrentarse a lo largo del mundo no sólo retrasó la desmilitarización efectiva de las fuerzas de policía, la cual en algunos casos no se produce hasta bien entrado el siglo XX, sino que también ha permitido que el Ejército continúe siendo hasta el día de hoy una carta bajo la manga a la cual se puede recurrir en determinadas situaciones, como la de octubre del año pasado en Chile.
Es menester enfrentar la no inocente cuestión de que la relación entre la policía y los procesos de urbanización a lo largo del mundo es absoluta. Si a ello se le agrega que Carabineros de Chile es una policía militarizada, el conflicto se hace evidente en la cuestión dialógica entre la profusa selva urbana, puesto que no siempre será fácil hablar de un diálogo Estado-Ciudadano, sino más bien de uno Amigo-Enemigo.
Adicionalmente, es recurrente olvidar que el término policía tiene un sentido más amplio que el de la organización policial a la que también define. Vale decir, policía es, en general, el mantenimiento del orden del buen gobierno de la cosa pública. En Chile, esta consideración se toma sin las debidas precauciones, destinando únicamente y a grandes rasgos a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones a una multiplicidad de funciones que provocan una pérdida de efectividad en el actuar de ambas instituciones.
Este desbordamiento del ámbito de actuación de nuestras policías tiene una explicación bastante notoria: la policía es el único servicio público estatal que está operativo las 24 horas del día, 365 días del año, con competencias generales en seguridad y mantenimiento del orden. Sólo intente el ejercicio de calcular cuántos peligros simultáneos –que justificarían, por sentido común, recurrir a Carabineros– puede generar para las personas y bienes un simple animal muerto en una autopista. Casos como estos, millones, y todos justificarían llamar a Carabineros: desde un animal muerto en la autopista hasta un ciudadano quejumbroso porque su vecino lleva 3 noches seguidas en fiesta con la música a todo volumen.
Estos factores, provenientes de un “deber general de actuación” desembocan en que nuestras policías se encarguen de funciones públicas residuales y que en el camino no logren hacerlas de forma efectiva, escapando a sus capacidades. Esta extensión del ámbito de intervención de la policía debe ser comprendida como puntapié inicial para organizarla de manera adecuada, en miras a una reforma de nuestras policías en Chile.
No es posible que una misma institución se encargue de controlar una marcha no autorizada, retirar un animal muerto en la autopista y vigilar que los vecinos no excedan los decibeles permitidos en una villa al reproducir su música. A veces, todo eso al mismo tiempo. Modelos internacionales para observar abundan, como el canadiense, inglés o el argentino, y todos los factores que confluyen en este debate superan con creces a esta columna. Toca ahora comprender e identificar cómo se da el diálogo Estado-Ciudadano a través de la policía, delimitar de una forma más acotada y efectiva esta función que hemos descrito como una pérdida de efectividad a causa de funciones residuales, para luego tratar de evitarla, e incluso, por qué no, la creación de una nueva organización policial.
