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La estrategia del gobierno en tiempos de crisis: despedir trabajadores/as, reducir sus sueldos, el Estado y su función

por 7 abril, 2020

La estrategia del gobierno en tiempos de crisis: despedir trabajadores/as, reducir sus sueldos, el Estado y su función
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El 1 de abril el presidente del partido, Evolución Política, Hernán Larraín Matte integrante de la coalición Chile Vamos, propuso al Presidente de la República una reducción del 10 por ciento de los sueldos de los funcionarios/as del sector público como otra medida para enfrentar la crisis sanitaria.
Una vez más la derecha en el Gobierno apela al bolsillo de trabajadores/as, en el contexto de una de las pandemias más agresivas que enfrenta la humanidad después de la segunda guerra mundial. Hasta este minuto aún no se puede controlar, pero que una vez superada nos enfrentará a una de las crisis económicas más complejas que deberá sufrir el ser humano.
Algunos sectores políticos buscan descargar el peso de esta crisis en las espaldas de los trabajadores/as desoyendo la principal demanda de la revuelta social iniciada en octubre, que es la de aumentar el sueldo mínimo a niveles que superen la línea de la pobreza y terminar con los abusos. No obstante, la derecha insiste en precarizar las condiciones laborales y la vida de los chilenos/as. Parecen olvidar que en el sector público trabajan ciudadanos/as con familias que deben alimentar y cuidar con mayor dedicación en tiempos de crisis, tal como trabajan en atender las necesidades y requerimientos de amplios sectores de la población desatendidos por el sector privado y prácticamente abandonados por el mercado.
 No es a los trabajadores/as públicos, primera línea en esta crisis a quienes se les debe reducir el 10 por ciento del sueldo. Sí evopoli busca dinero en el sector público, le recordamos que la Comisión de Constitución de la Cámara, aprobó en general el proyecto que busca determinar por ley el monto de la dieta parlamentaria, y tras escuchar a representantes de diversas asociaciones del sector público, ministros de la Corte Suprema, el Fiscal Nacional y 4 constitucionalistas, por unanimidad, coincidió en la necesidad de legislar, pero sin que ello afecte las carreras funcionarias o remuneraciones.
Los trabajadores/as del Estado somos los que tenemos como principio fundacional garantizar los derechos sociales, y en esta tarea nadie sobra ni vale menos.
 Hasta la fecha, desde el oficialismo sólo hemos recibido, leyes, circulares y dictámenes que principalmente afectan a los trabajadores/as, pero nada respecto de la tributación que debiera pagar la minería o las grandes riquezas para superar la crisis, como tampoco de la reestructuración del presupuesto de las Fuerzas Armadas y de Orden, de la suspensión de compra de materiales e instrumentos disuasivos contra la protesta. Menos sobre justicia tributaria o la repatriación de los fondos soberanos, que parecen haberse suprimido del léxico del gobierno y sus partidos.
Por el tiempo que dure la crisis, el dictamen N° 1283/006 de la Dirección del Trabajo (DT) exonera a los empleadores de la relación laboral y las remuneraciones convenidas con los trabajadores/as bajo la figura de fuerza mayor. Sin derecho a despedirlo/a, pero si superada la crisis no está en condiciones de reintegrarlo/a, puede ampararse en la ley, e invocar la causal necesidades de la empresa. Paralelamente se aprueba la nueva Ley que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo en circunstancias de emergencia sanitaria por Covid19 echando mano a la cuenta individual de las prestaciones de los trabajadores/as para que puedan enfrentar la cesantía. Ley que beneficiará a un número reducido y que en plena crisis económica y al cabo de siete meses, su prestación estará por debajo del sueldo mínimo. Los contratos fragilizados (la mayoría en Chile), no tendrán nada.
Pero la agenda de “salvataje empresarial” tiene otra legislación desconocida por la ciudadanía: la Circular n° 11, que ordena el reintegro de la totalidad de los recursos disponibles (no utilizados) desde las cuentas corrientes de cada repartición, al Tesoro Público, poniendo en riesgo inminente el funcionamiento y la continuidad de los Servicios Públicos y sobre todo la implementación de los derechos ciudadanos.  El control presupuestario en manos del Ministerio de Hacienda le permite, que a través del subtitulo 21 de la Ley de Presupuesto, pueda restringir la contratación de personal y reducir el gasto público, y con esos ahorros enfrentar en parte la crisis sanitaria. Pero esto traería como consecuencia la paralización de Programas que están diseñados y aprobados en beneficio de la población más vulnerable del país.  Afectando gravemente las capacidades del Estado para atender a la ciudadanía. Tenemos antecedentes que al Ministerio del Trabajo se le ha solicitado un recorte de 8 mil millones de pesos, y que para el caso del Instituto de Seguridad Laboral (ISL) se le ha solicitado el reintegro de 600 millones de pesos equivalente al 10 por ciento de su presupuesto aprobado para el año 2020. Flujo de activos que visten y desvisten santos.
Con menos presupuesto y menos funcionarias/os públicos, cómo lo hará Gendarmería si ya carece de personal en los centros carcelarios en estados de inminentes amotinamientos, o los niños/as del Sename, que son atendidos por un número insuficiente de monitores para asegurar su resguardo y salud en tiempos de crisis. Cómo lo harán los hospitales públicos sin personal necesario para su funcionamiento.
Estamos frente a un Gobierno y una derecha que no trepida en proteger el modelo de las privatizaciones y los privilegios del gran capital en contra del bienestar de las mayorías.  Ellos como siempre, quieren cargar el costo de la crisis en los bolsillos y espaldas de los trabajadoras/es del sector público y privado. Desoyen empecinadamente la exigencia por mayor participación del Estado en el acceso a los derechos sociales. No han entendido que son mandatados por la ciudadanía, y que de no cumplir con las transformaciones que necesitamos para dar dignidad a la vida, tengamos que por fuerza mayor, liberarnos de pagarles sus salarios.
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