Opinión
Actualmente, la abogada Natalia González, elegida por el Presidente Piñera para postular al Consejo para la Transparencia (CPLT), se desempeña como directora de Asuntos Jurídicos del instituto fundado por Cristián Larroulet y Hernán Büchi, Libertad y Desarrollo, donde tiene un sueldo a raíz del financiamiento privado que recibe y por concepto de los servicios que presta el instituto a su distinguida cartera de clientes.
González, en caso de aprobarse su postulación, deberá lidiar con asuntos relacionados al acceso a la información en el sector público y privado. En ese sentido, es menester advertir que, según la Ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Interés, “existe conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública cuando concurren a la vez el interés general propio del ejercicio de las funciones con un interés particular, sea o no de carácter económico, de quien ejerce dichas funciones o de los terceros vinculados a él determinados por la ley”.
Asimismo, nuestra legislación resuelve aquellos potenciales conflictos de intereses mediante dos principios: por un lado, la declaración previa de todos los potenciales conflictos de intereses a través de la declaración de patrimonio o intereses, de manera que cualquier ciudadano pueda saber cuáles son los potenciales conflictos de la persona en cuestión; y por otro, por la aplicación del principio de abstención, en el sentido del deber de la autoridad de abstenerse de participar de cualquier forma en una decisión cuando el conflicto no es potencial sino práctico.
Por ello, es pertinente advertir que, sin dicha declaración de patrimonio e intereses, ni el listado de donantes y clientes del Instituto Libertad y Desarrollo, es imposible tener clara la dirección que tomará el quehacer de Natalia González en el Consejo para la Transparencia, sobre todo si quien propone es el Presidente Piñera, jefe de un Gobierno ligado directamente a LyD.
Cabe recordar que el expresidente del Consejo, Jorge Jaraquemada, fue al mismo tiempo director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, otra de las organizaciones ligadas al Gobierno. Mientras estuvo en el cargo del ente público, nunca declaró los donantes ni clientes de la Fundación, ni tampoco transparentó sus intereses, por lo que nadie pudo controlar si se abstuvo cuando debía hacerlo, o si participó en decisiones vinculadas a la organización. La opinión pública podría hablar incluso de potenciales tráficos de influencias durante la gestión de Jaraquemada.
Lo concreto fue que, mientras Jaraquemada estuvo en el Consejo para la Transparencia, acusamos su falta de imparcialidad ante las evidentes violaciones a la garantía constitucional de protección de datos por parte de la exministra de Educación, Marcela Cubillos, cuando utilizó bases de datos del ministerio para difundir posiciones políticas favorables al proyecto del Gobierno “Admisión Justa”, que se discutía en el Congreso.
Jaraquemada salió del CPLT sin dar explicaciones sobre su actuar y sus potenciales conflictos de interés. Ahora, Natalia González, la actual Directora de Libertad y Desarrollo, tiene la oportunidad de establecer un estándar ético acorde al cargo al que postula, y declarar, como lo exige la ley, la declaración de patrimonio e intereses junto al listado de donantes y clientes de LyD. Solo así podrá iniciar una gestión proba en una institución que vela por la Transparencia y el Acceso a la Información de la Administración del Estado. Chile requiere un Consejo para la Transparencia, sin dependencia.
