MERCADOS|OPINIÓN
La escasa voluntad del Gobierno para proteger de la pandemia a las familias chilenas, obligó al Parlamento, en el mes de julio, a aprobar una reforma constitucional para que los trabajadores retirasen el 10% de sus fondos previsionales, depositados en las AFP. El inmovilismo del ministro de Hacienda forzó a la Cámara de Diputados a acordar, ahora en noviembre, un segundo retiro para proteger a la familia chilena del hambre y desesperación.
Cuando se discutió el retiro del primer 10%, algunos senadores presentaron indicaciones para que se cobraran impuestos a las personas que retirasen sus fondos, con ingresos superiores a UF 70 (cerca de $2 millones). Pero, no fueron aprobadas. El argumento sostenido en esa ocasión fue el siguiente: no puede ser que los que más tienen reciban los mismos beneficios que los que tienen menos. Un argumento similar al que se sostuvo en el pasado respecto a la educación, lo que culminó en una gratuidad focalizada en el 60% de las familias de menores ingresos.
Ahora, con esta segunda iniciativa parlamentaria, algunos senadores, en la Comisión de Constitución, propusieron indicaciones para acotar el retiro de fondos solo para las personas que hayan tenido una pérdida de ingresos y también se agregó que tributaran las rentas más altas al efectuar el retiro. Ambas indicaciones fueron rechazadas y, con toda seguridad, así se aprobará en el pleno del Senado. Es que existe cansancio con la letra chica. La focalización ha sido rechazada y existe fundamento para ello.
En efecto, el Gobierno focalizó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en el 60% más vulnerable, beneficio que además dependía del tamaño del hogar y de la situación económica de la familia. El bono COVID, de 50 mil pesos, se focalizó también en el 60% más vulnerable. Se agregó el aporte fiscal para la clase media, con una ayuda de 500 mil pesos para trabajadores y pequeños empresarios que hayan tenido una disminución de ingresos de 30% o más como consecuencia de la emergencia sanitaria. Y, finalmente, el gobierno distribuyó una canasta de alimentos, focalizada en las familias más pobres.
Esas iniciativas gubernamentales fueron duramente criticadas por la ciudadanía. Los ingresos y las canastas de alimentos no han llegado a todos los que las necesitan. La vergonzante línea de la pobreza no solo segmenta y estigmatiza, sino varía con el tiempo y sobre todo es imprecisa para atender a todos los que requieren satisfacer sus necesidades básicas en medio de una inédita cesantía.
La política de focalización, que durante 40 años ha acorralado a los pobres en su pobreza, levantando una muralla divisoria en la salud, educación, vivienda y previsión, se repite ahora con la pandemia. Y, en medio de una crisis sanitaria inédita, se confirma que la focalización ha resultado un fracaso. Como consecuencia de ello surgió la iniciativa parlamentaria del retiro del 10% de los fondos de las AFP. Y, felizmente, sin letra chica; o sea, de carácter universal.
La renuncia a la focalización en la aprobación de la ley del retiro del 10% de las AFP es positiva y sienta un precedente para universalizar las políticas sociales. Es cierto que el retiro universal de los fondos de las AFP beneficiará con exención de impuestos a las personas de más altos ingresos. Pero ello puede compensarse, y de forma clara, con la aprobación inmediata de un impuesto al patrimonio de los más ricos; y, más adelante, con una política de captación impositiva que, de una vez por todas, acerque a nuestro país a los niveles de la OCDE. Así será posible financiar la universalización de derechos sociales en salud, educación, previsión y vivienda, demandas muy presentes en el estallido social del 18-0.
La universalización de derechos es un reconocimiento a nuestra común pertenencia a la sociedad y constituye la vía más eficaz para terminar con las exclusiones, que tensionan nuestro país. En consecuencia, renunciar a la focalización permitirá asumir un claro compromiso con la declaración de derechos humanos de las Naciones Unidas, que señala: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a él y a su familia la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (art. 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos).
