Opinión
La exigencia de democracia en Chile se ha expresado desde el mismo día en que la perdimos producto de un golpe de Estado cívico-militar, en medio de un país socialmente dividido y políticamente polarizado e intervenido por la CIA de Nixon y Fidel Castro in situ. Volver a la democracia era recuperar el derecho a votar por quienes representasen la voluntad popular; sin embargo, esa rúbrica quedó suspendida por el diseño de democracia protegida durante la transición. Aunque en lo básico se podía votar, la democracia representativa y protegida por la Constitución vigente evidenció sus límites, desbordados treinta años más tarde del retorno a la democracia con el estallido de una severa crisis de legitimidad institucional sistémica.
La paradoja de la democracia chilena es que la tradición republicana del voto ha existido en el contexto de una profunda cultura autoritaria que cruza hasta nuestro siglo XXI a la mayoría de las organizaciones de la sociedad chilena y, por cierto, atraviesa el espectro de la mayoría de los partidos políticos en Chile. Una autoridad y autoritarismo ejercido desde los cimientos de la Capitanía General a punta de la espada y la cruz o, en términos modernos, por las Fuerzas Armadas y la Iglesia católica, con su institucionalidad territorial desde Arica hasta la Antártica, han permeado el ethos de la vida social organizada en el ámbito político, social, económico y cultural.
Esta cultura autoritaria no se trata tan solo de un alma autoritaria o de archivos históricos, sino que se expresa en cada avenida, calle o plaza del territorio nacional, repitiéndose los nombres de militares y religiosos por todas las esquinas, dejando a la democracia solo los callejones sin salida. En tal sentido, no nos debe extrañar por qué la mayoría de nuestras instituciones, sus leyes y estatutos que las rigen tengan poco que ver con la expresión de democracia interna y directa en su vida orgánica. La democracia es un brebaje que se vende bien para captar público, pero no es de consumo interno por aquellos que hacen gárgaras con su contenido y luego lo expulsan una vez que acaba el show ante quienes compran la pomada con fecha vencida. Llamémosle a este ritual procesos y periodos electorales de la democracia representativa.
Los estatutos, algo así como la Constitución política de las organizaciones y sus procesos eleccionarios, están diseñados para empañar o malograr el efecto del voto que permita la renovación de dirigencias y liderazgos por efecto de procesos electorales indirectos o delegativos. Así lo demuestran las elecciones internas del Partido Comunista, el Partido Socialista o la CUT. Lo propio con el PPD, la DC, los radicales y los padrinos que los gobiernan. Similar tutelaje se da en el caso de la UDI, RN y otros partidos de derecha con el poder del dinero, las influencias, la magia mediática o la farándula para imponer candidatos en eventos electorales.
Sindicatos, gremios empresariales, las ONG, medios de comunicación, instituciones educativas y una diversidad de organizaciones más o menos estructuradas sufren del síndrome del autoritarismo para imponer liderazgos. ¿Hace cuántos años que no hay elecciones internas en la CUT? ¿Cuándo van a tener elecciones directas en el nombramiento de sus dirigentes?
En las recientes elecciones del Comité Central del PC ha sido el Servel, mediante sus atribuciones, el que ha obligado a los partidos políticos legales vigentes en Chile a organizar elecciones periódicas para constituir sus directivas por sufragio universal; sin embargo, por más que sus militantes voten por otros dirigentes, se impusieron Teillier y Carmona por arte de birlibirloque de su centralismo democrático y en favor del “intelectual colectivo” que dirige y define la “línea del partido”. Se trata, en términos de función, de los mismos ingenieros en ejecución de la política de rebelión popular de los años 80 que llegaron tarde al NO del plebiscito de 1988 y actuales prevencionistas de riesgos de la democracia interna que desahuciaron en enero del 2021 la lista unitaria del “Apruebo” para la elección de representantes en la Convención Constitucional.
En esta elección del PC, mandatada por el Servel, Camila Vallejo obtuvo la primera mayoría, pero en cuestiones de democracia interna y directa prefirió “hacerse la Larry” con su liderazgo y votación, desmarcándose del contexto de democracia constituyente que reina en Chile, donde ni siquiera la autoafirmación de su partido por el marxismo leninismo la salva de exigir una mínima y formal democracia representativa, por mucho que Daniel Jadue, la segunda mayoría, declare que “el recambio es una verdad sacada de cuentos de hadas…” y que “el PC no funciona con las lógicas burguesas”. Vallejo pudo ser Campanita; sin embargo, para que las hadas existan, la gente tiene que creer en ellas y aplaudir. Ya sabemos que en esta oportunidad no hubo polvos mágicos y que nadie de los electos en su Comité Central aplaudió.
Podemos constatar que no todos los nuevos liderazgos intentan renovar el espíritu democrático, al no estar dispuestos a la camotera de sus compañeros, camaradas o correligionarios, como sí lo hizo Gabriel Boric, soportando la burla y desprecio de sectores autoritarios del Frente Amplio. Boric, junto a otros dirigentes y lideresas, negoció y firmó el acuerdo político que abrió el proceso constituyente y demostró estar dispuesto a cambiar la pesada cultura autoritaria de más de doscientos años en Chile. Es la excepción a la regla que no exculpa a Vallejo para democratizar a un partido que le pertenece a su pueblo militante y no a su autoritarismo orgánico desfasado.
También se constata en otras tiendas políticas que la realidad no es tan diferente, ya que han normalizado la figura de los padrinos y aduaneros de los elegibles como candidatos, incluyendo a aquellos que son electos por sufragio universal de sus militantes. Asimismo, Fuad ChahIn, timonel de la DC, se concentra más en los eventos electorales como un mercado o feria para imponer un alto precio en sus transacciones políticas, por sobre el valor intrínseco de fortalecer la democracia como tierra firme para decisiones deliberativas, consensuadas y sostenibles.
El problema con la democracia no es de un partido en particular o de un sindicato, gremio empresarial o de cualquier organización que duerme tranquila con la ausencia de democracia constituida y constituyente. La democracia protegida es un virus que no creó Jaime Guzmán en los laboratorios de la dictadura; tan solo fue una nueva cepa. La trazabilidad del paciente cero se remonta a la espada y la cruz, pero en el trayecto del contagio y sus propagadores están Portales, Guzmán y diversos líderes, atravesando a izquierdas, centros y derechas, así como a organizaciones educacionales, sociales, gubernamentales, empresariales, sindicales y barriales.
La exigencia de democracia tuvo el 25 de octubre del 2020 su mayor expresión. En una votación 80/20 la gran mayoría del pueblo soberano optó libremente por una nueva Constitución Política para Chile, mediante una Convención Constitucional paritaria, para impulsar las transformaciones que Chile requiere este siglo XXI. El valor de esta expresión mayoritaria debiera permear la vida y el hábitat de todas las organizaciones de este nuevo Chile en medio del proceso constituyente.
Hoy, existe espacio y tiempo para que las fuerzas vivas del país se renueven y avancen hacia nuevas reglas del juego, dejando atrás evidencias de una cultura autoritaria anquilosada y naturalizada. Asimismo, la convención paritaria puede ser símil para nuevos diseños o rediseños institucionales, avanzando hacia una adaptabilidad organizacional, sistémica y ecosistémica que promueva nuevas estructuras, plataformas y organizaciones, más flexibles, inclusivas, ecológicas, democráticas, resilientes e impulsoras de innovación colaborativa y creatividad dialógica.
