Opinión
Crédito: ATON
Luego de la extensa tramitación legislativa, que pasó incluso por una comisión mixta, la aprobación de esta ley avanza en la protección del derecho a la vida, a la integridad y a la dignidad de las mujeres. Esta ley es en memoria de todas esas mujeres que no lograron sobrevivir a sus agresores, es por sus madres, por sus hijos e hijas. Como fruto de este esfuerzo, estamos construyendo un mejor país, porque como alguna vez dijo el Presidente del Gobierno Español, Rodríguez Zapatero, “una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros”.
Han pasado siete años desde que se presentó un proyecto de ley (iniciado en una moción de la senadora Adriana Muñoz) cuyo objetivo principal era proteger la vida e integridad de las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar. Sabemos el difícil tránsito por el que atraviesan las mujeres que deciden denunciar la violencia que sufren, y una vez que logran vencer sus temores, culpas y vergüenza, les toca enfrentar a las instituciones y al proceso judicial, que no siempre tienen la empatía ni actúan con la celeridad necesaria para protegerlas oportuna y adecuadamente.
[cita tipo=»destaque»]La violencia extrema contra las mujeres sigue siendo una realidad triste y cotidiana que nos avergüenza como sociedad. Este fenómeno se ha visto incrementado con la pandemia. Desde el 19 de marzo de 2020 (inicio de la pandemia) hasta julio del año 2021, Carabineros informó haber atendido 360 víctimas de violencia de género. El año 2020 se registraron en total 43 femicidios consumados y 151 frustrados. A julio del año 2021, ya se han concretado 19 femicidios y 87 intentos frustrados. Basta solo decir que el sábado recién pasado (7 de agosto) se registró un nuevo femicidio, en la comuna de San Bernardo. Es tiempo de decir fuerte y claro: ¡basta ya![/cita]
Una vez que las mujeres víctimas de violencia logran traspasar los prejuicios, las dilaciones y los intersticios procesales, pueden obtener que el tribunal decrete una medida cautelar que prohíba al denunciado acercarse a la víctima –la mujer–, a su domicilio, lugar de trabajo o estudio. Esta medida cautelar de prohibición de acercamiento debe ser supervisada por Carabineros.
Resulta evidente que las capacidades operacionales de Carabineros nunca serán las suficientes para que esta medida asegure la indemnidad de la víctima. Muchas mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, aun cuando contaban con la medida cautelar.
Para hacer efectiva la protección que el Estado debe proveer a las mujeres víctimas de violencia es indispensable contar con medios tecnológicos que permitan controlar la prohibición de acercamiento impuesta a los agresores. De esta forma, el proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional incorpora la supervisión, mediante monitoreo telemático, de la prohibición de acercamiento que decreten los tribunales de familia y penales en las causas por violencia intrafamiliar, cuando exista un riesgo alto para la seguridad de la víctima. Adicionalmente, el tribunal penal puede imponer este mecanismo de supervisión de la prohibición de acercamiento como medida cautelar en contra del imputado; como condición para aprobar una suspensión condicional del procedimiento; y como una medida accesoria a la pena impuesta en la sentencia condenatoria.
La violencia extrema contra las mujeres sigue siendo una realidad triste y cotidiana que nos avergüenza como sociedad. Este fenómeno se ha visto incrementado con la pandemia. Desde el 19 de marzo de 2020 (inicio de la pandemia) hasta julio del año 2021, Carabineros informó haber atendido 360 víctimas de violencia de género. El año 2020 se registraron en total 43 femicidios consumados y 151 frustrados. A julio del año 2021, ya se han concretado 19 femicidios y 87 intentos frustrados. Basta solo decir que el sábado recién pasado (7 de agosto) se registró un nuevo femicidio, en la comuna de San Bernardo. Es tiempo de decir fuerte y claro: ¡basta ya!
Luego de la extensa tramitación legislativa, que pasó incluso por una comisión mixta, la aprobación de esta ley avanza en la protección del derecho a la vida, a la integridad y a la dignidad de las mujeres. Esta ley es en memoria de todas esas mujeres que no lograron sobrevivir a sus agresores, es por sus madres, por sus hijos e hijas. Como fruto de este esfuerzo, estamos construyendo un mejor país, porque como alguna vez dijo el Presidente del Gobierno Español, Rodríguez Zapatero, “una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros”.
