Opinión
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, señaló –en una entrevista hace algunos días– que “Chile es el paraíso del negocio del suelo”. Estas declaraciones resuenan con fuerza en medio de la crisis habitacional que atraviesa el país, e invitan a reflexionar en la recta final de la Convención Constitucional sobre la importancia de la norma que reconoce el derecho a la vivienda, cuya votación tendrá lugar hoy en el Pleno.
Como punto de partida, resulta fundamental destacar que la norma adopta un enfoque de derechos humanos, incorporando el concepto de adecuación de la vivienda, conforme ha sido definido por los organismos internacionales. Esto implica garantizar no solo la dimensión material de la vivienda y sus servicios básicos, sino también la seguridad jurídica en la tenencia, la asequibilidad acorde a los ingresos de los hogares, una localización que permita disfrutar de servicios y bienes públicos urbanos, pertinencia cultural y una especial consideración de los grupos históricamente excluidos.
Asimismo, la norma se hace cargo de uno de los temas más sensibles en relación con el reconocimiento del derecho a la vivienda: la regulación del suelo. Para enfrentar el déficit habitacional y la segregación urbana es crucial que el Estado cuente con herramientas en el plano constitucional que lo habiliten para actuar decididamente en este mercado, impidiendo la especulación y estableciendo las reglas de uso, ocupación y transformación de suelo conforme al interés general.
Por otra parte, el texto aprobado reconoce las incansables luchas por la vivienda que han sostenido diversas comunidades a lo largo del país, las que muchas veces han visto sus reclamos frustrados o ignorados. En ese sentido, el derecho a la vivienda se presenta como una alternativa para acoger a quienes han sido excluidos de las políticas habitacionales, reconociendo su agencia transformadora y promoviendo su rol protagónico en la producción social del hábitat.
Ciertamente hay determinados aspectos que pueden ser afinados en las instancias de deliberación y armonización que aún quedan pendientes. Sin embargo, desde TECHO-Chile estamos convencidos que la incorporación del derecho a la vivienda es un paso decisivo para que las políticas públicas garanticen los derechos de todas las personas que actualmente viven en exclusión habitacional.
