Pitrufquén: esta historia ya la conocemos

Es difícil mirar lo ocurrido en Pitrufquén sin sentir dolor. Dieciséis personas mayores murieron en el incendio de una residencia que no contaba con autorización sanitaria. Hay familias que perdieron a alguien que querían y personas que murieron en un lugar donde debían estar protegidas. Antes de cualquier análisis está eso. Pero precisamente por esas vidas tenemos la obligación de no repetir el mismo guion que hemos visto otras veces.

Porque esta no es la primera tragedia que ocurre en una residencia de personas mayores. Cada cierto tiempo un incendio, una denuncia de maltrato o condiciones indignas nos vuelve a estremecer. Entonces fiscalizamos, anunciamos medidas, hablamos de los hogares clandestinos y buscamos responsables. Pasan algunas semanas y el problema vuelve a hacerse invisible, hasta la próxima tragedia. Esta vez deberíamos preguntarnos por qué.

Por supuesto que hay que investigar lo ocurrido en Pitrufquén. Más aún cuando sabemos que el establecimiento había sido fiscalizado, sumariado y multado y continuaba funcionando. Pero si la respuesta es solamente aumentar las fiscalizaciones y cerrar residencias informales, rápidamente aparecerá una pregunta incómoda: ¿dónde cuidamos al día siguiente a las personas que viven allí?

El problema no nació en Pitrufquén. Desde FLACSO Chile venimos advirtiendo sobre la necesidad de fortalecer la inversión en cuidados. Entre 2022 y 2023 brindamos asistencia técnica para la elaboración de los Planes Regionales de Cuidados en siete regiones del país. Este trabajo nos permitió conocer de cerca las necesidades de las personas en situación de dependencia, sus familias y quienes cuidan, porque no todas las personas necesitan una residencia: algunas requieren cuidados domiciliarios, rehabilitación, centros de día, viviendas con apoyos u otras alternativas que les permitan vivir con dignidad y autonomía.

Hay, además, una trampa que tenemos que discutir. Durante años hemos aceptado que los cuidados de larga duración deben financiarse principalmente con los recursos de la persona y su familia, pero las pensiones de la mayoría de las personas mayores no alcanzan para financiar una residencia de calidad y muchas familias tampoco pueden completar durante años lo que falta. Entonces juntan la pensión, aportan los hijos y buscan aquello que pueden pagar. Y nosotros nos hemos acomodado a eso.

El resultado es brutalmente simple: terminamos ajustando la calidad del cuidado al dinero disponible y no a las necesidades de la persona. Si los recursos no alcanzan para financiar suficiente personal, buenos turnos nocturnos, infraestructura segura, alimentación, capacitación y cuidados adecuados, el costo no desaparece. Se transforma en menos trabajadores, sobrecarga, peores instalaciones o menor calidad. No toda residencia de bajo costo funciona mal, por supuesto, pero tampoco podemos fingir que esta cuenta cierra.

Por eso digo algo que puede incomodar: en alguna medida todos hemos sido cómplices de este arreglo. No todos somos igualmente responsables y quienes tengan responsabilidades por lo ocurrido deberán asumirlas. Pero, como sociedad hemos sabido que existía una oferta precaria y hemos seguido descansando en ella porque había personas que necesitaban cuidados y no tenían otra alternativa.

Tampoco creo que la respuesta fácil sea decir que el Estado debe construir residencias. Durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, cuando me correspondió dirigir SENAMA, se construyeron las primeras residencias públicas. Fue una decisión necesaria para un país que prácticamente no tenía oferta pública. Sin embargo, ese camino no continuó con la magnitud que necesitábamos, entre otras razones por su alto costo presupuestario. Y hay que decir también algo menos cómodo: las residencias públicas no siempre han sido ejemplo de buena gestión. Lo público por sí solo no garantiza calidad, así como lo privado por sí solo tampoco la garantiza.

Por eso necesitamos dejar de discutir este problema desde soluciones únicas. No se resuelve sólo fiscalizando, ni sólo construyendo residencias públicas, ni dejando que el mercado responda según la capacidad de pago de las familias. Necesitamos abordar en serio al menos tres cosas que llevamos demasiado tiempo postergando: recursos, institucionalidad y calidad.

Recursos significa decidir cuánto cuesta cuidar bien y cómo distribuimos ese costo entre Estado, personas y familias según su capacidad, incorporando también inversión privada bajo reglas claras. Institucionalidad significa definir quién conduce, quién fiscaliza, quién responde y qué ocurre cuando una residencia debe cerrar. Y calidad significa mucho más que obtener una autorización sanitaria: suficiente personal, seguridad, buen trato, autonomía, atención centrada en la persona y condiciones de vida dignas.

Y alrededor de las residencias debemos construir lo que todavía falta: cuidados domiciliarios, centros de día, asistencia personal, teleasistencia, rehabilitación, respiro, viviendas con apoyos y servicios comunitarios. Una residencia debe ser parte de un continuo de cuidados, no el lugar donde termina todo aquello que la familia, el hospital o la comunidad ya no pueden resolver.

Pitrufquén duele. Pero también nos enfrenta a una historia conocida. Si esta vez respondemos con fiscalizaciones, algunas clausuras y anuncios, y en unos meses dejamos de hablar del tema, habremos repetido exactamente el mismo guion.

Quizás la mejor forma de honrar a quienes murieron sea romperlo. Dejar de administrar la precariedad y decidir, de una vez, cómo vamos a financiar, organizar y garantizar cuidados de calidad en un país que envejece. Porque el próximo incendio no puede volver a encontrarnos diciendo que no sabíamos.