Tres propuestas para mejorar las condiciones de vida de niños, niñas y jóvenes en las comunas pequeñas del país

Desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, Chile ha ido fortaleciendo la institucionalidad, el sistema legislativo, el diseño de políticas públicas y los recursos destinados a fortalecer el desarrollo integral y la protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes que viven en el país. De acuerdo a una investigación reciente de CEPAL y UNICEF, el gasto público dirigido a niños, niñas y adolescentes ha aumentado desde 3,3% del PIB en 2010 a 5,2% en el año 2020, siendo educación el ámbito de mayor inversión.

Sin embargo, persisten brechas importantes en la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes y amplias disparidades entre territorios del país.  Antes de la pandemia, cerca de 1 millón de personas menores de 18 años vivía en situación de pobreza multidimensional (Encuesta CASEN 2017) y se espera que las crisis sanitaria, social, económica y ambiental de estos años puedan afectar negativamente esta situación.

En el marco de la iniciativa Un Gran Lugar para Crecer, que busca potenciar colaborativamente estrategias de desarrollo comunal que permitan mejorar las oportunidades de niños, niñas y jóvenes, realizamos un estudio sobre sus condiciones de vida a nivel comunal. Nos interesan especialmente las comunas con menos de 20.000 habitantes, que corresponden a cerca de la mitad de las comunas del país y que albergan al 10% de la población, con una mayor concentración de población rural. Bajo un enfoque de derechos y el principio de equidad, los niños, niñas y jóvenes que viven y estudian en estas comunas deberían tener al menos, las mismas oportunidades que las del resto del país. Sin embargo, los resultados muestran que esto no es así.

Las comunas pequeñas registran menores tasas de escolaridad de los jefes y las jefas de hogar, menores niveles de logro escolar de los estudiantes, mayores tasas de niños, niñas y jóvenes con obesidad y mayores tazas de embarazo adolescente. Asimismo, registran mayores tasas de delitos de violencia intrafamiliar hacia niños, niñas y mujeres, y de abuso sexual y violación.  Estas comunas también concentran mayores niveles de pobreza, tanto en la medición multidimensional como de ingresos, y mayores niveles de ruralidad. De acuerdo al Índice de Desarrollo Comunal estimado por la Universidad Autónoma, las comunas pequeñas reportan en promedio, índices más bajos que el resto de las comunas.

Asimismo, los resultados reportan que, dentro de las comunas pequeñas, aquellas que presentan mayores niveles de pobreza multidimensional, son a su vez, las que presentan mayores condiciones de vulnerabilidad para niños, niñas y adolescentes.

Por consiguiente, la implementación de la Ley N° 21.430, que establece un sistema de garantías de los derechos de la niñez a nivel nacional, deberá tener una atención especial al trabajo de los municipios y otros servicios públicos en las comunas pequeñas.  Además de la vulnerabilidad, estas comunas enfrentan el desafío de gestionar una oferta cercana a 250 programas sociales con equipos profesionales reducidos y con escaso apoyo de inteligencia de datos.

A partir de la evidencia recopilada en estudios recientes y la experiencia de trabajo en Un Buen Lugar para Crecer en la Región de los Ríos, planteamos 3 propuestas de política pública que pueden contribuir a garantizar la protección de derechos de la niñez en comunas pequeñas:

1. El 70% de los estudiantes de estas comunas se educan en la educación pública, ya sean establecimientos municipales o dependientes de los servicios locales de educación.  Por consiguiente, el sistema escolar debería jugar un rol central y articulador de la oferta programática, especialmente en materias de prevención y promoción de derechos.
2. La escala de los municipios pequeños permite avanzar significativamente en instancias donde los niños, niñas y jóvenes de todas las localidades puedan participar de manera efectiva en el diseño y monitoreo de la implementación de la oferta programática local. Cerrar las brechas entre las visiones de los adultos y la experiencia de la niñez tiene el potencial de avanzar en pertinencia y calidad de las políticas públicas locales.
3. Por otra parte, un equipo acotado también cuenta con mayores posibilidades para potenciar prácticas de trabajo intersectorial, en las que se pueda organizar la oferta programática en torno a los niños, niñas y jóvenes beneficiarios.  En esta dimensión resulta clave avanzar de manera decidida en una plataforma de gestión que facilite la operación de programas y el adecuado seguimiento de los casos de vulneración de derechos.

La construcción de un país más justo y equitativo requiere garantizar los derechos de la niñez en todo el país.  Las 182 comunas con menos de 20.000 habitantes representan una oportunidad para implementar políticas innovadoras que permitan mejorar las condiciones de vida de niños, niñas y jóvenes que actualmente están siendo postergadas.