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Colombia: “Hay futuro si hay verdad” MUNDO

Colombia: “Hay futuro si hay verdad”

Mladen Yopo
Por : Mladen Yopo Investigador de Política Global en Universidad SEK
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Aunque Colombia tiene un largo prontuario de conflictos armados (en el siglo XIX, por ejemplo, tuvo 14 años de guerra independentista, 14 guerras civiles locales y dos guerras internacionales con Ecuador), en el siglo XX se produce el enfrentamiento conservador-liberal que se desató a partir de 1948 y del asesinato del popular candidato liberal Jorge Eliécer Gaitán. Tras este asesinato, comenzaron violentos choques sociales/políticos con epicentro en Bogotá (el Bogotazo), aunque luego esto se extendió y se fue transformando en un conflicto muy sangriento principalmente rural. En algunas localidades se establecieron tribunales populares, se produjo la destitución de alcaldes, fuga de presos y se formaron gobiernos revolucionarios. Este período, que se extendió hasta fines de la década del 50 (1949-1958), recibió el explícito nombre de “La Violencia” y dejó un saldo de cerca de 58 mil muertos.


Recientemente se conoció el informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) en Colombia, titulado “Hay futuro si hay verdad”. Este informe, que constituye un enorme paso en la reconciliación, la justicia, la reparación y la paz, es fruto de una ardua investigación que empezó en 2018, luego del Acuerdo de Paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016, considerado como un acuerdo histórico que pone fin a un agudo conflicto de más de 50 años. Sus 11 comisionados fueron elegidos después de un largo proceso. Entre ellos se encuentran algunos de los académicos, líderes sociales y periodistas más importantes y experimentados del país.

Para su confección se revisaron miles de documentos, se realizaron más de 14.000 entrevistas a 27.000 personas en Colombia, en 29 casas de la verdad instaladas a lo largo del país (divulgaban y recogían información) y en otros 23 países. Son 24 tomos y unas 8.000 páginas (el resumen tiene 896 páginas y 10 capítulos). Estas miles de hojas contienen la versión principal del texto con la declaración, los hallazgos y las recomendaciones. Además hay capítulos dedicados a los testimonios de víctimas, a las poblaciones étnicas y jóvenes que se vieron afectadas por el mismo, al exilio de millones de colombianos y la complejidad territorial del conflicto. A ellos se sumarán, en los próximos meses, capítulos sobre la narrativa histórica de la guerra, las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado y los fenómenos de resistencia al conflicto que recrudecieron la violencia, como el paramilitarismo. El resumen del informe, por ejemplo, ofrece una descripción detallada del sufrimiento, infligido con mayor frecuencia a civiles, y documenta masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, extorsiones, torturas, agresiones sexuales y reclutamiento de menores, entre otras violaciones de los derechos humanos.

Este informe y sus anexos se están divulgando a través de variados medios, como obras de teatro, documentales, exposiciones y diversos formatos digitales, de modo de aproximar un relato común y más que nada informar a una población desinformada. Esto último es muy relevante, ya que una encuesta contratada por la propia Comisión encontró que el 40% de los colombianos no conoce la historia de la guerra y 35% la conoce «más o menos». En agosto se publicará una biblioteca digital con los documentos que, junto a las entrevistas, sustentan el informe “Hay futuro si hay verdad”.

A pesar de que los documentos aún no se desclasifican del todo, el Archivo de Seguridad Nacional le proporcionó a The New York Times algunos de los documentos contundentes con antelación (incluyendo algunos de los operativos de la CIA y del ejército). Estos revelan que durante décadas Estados Unidos tuvo conocimiento de supuestos crímenes cometidos por el ejército colombiano “y aun así la relación siguió creciendo”. Incluso más, un memorándum de 2003 dirigido a Donald Rumsfeld, entonces secretario de Defensa de Estados Unidos, de parte de un alto representante del Pentágono para operaciones especiales, aplaude el aumento significativo de muertes en combate a partir de que Uribe asumió el poder: 543 en apenas seis meses, comparadas con 780 durante los últimos dos años del gobierno previo.

Otro documento, redactado en 2003, insinúa algo sobre uno de los capítulos más escabrosos y sombríos de la guerra, llamado el escándalo de los falsos positivos. En dicho caso, el ejército colombiano está acusado de matar a miles de civiles durante la presidencia de Álvaro Uribe e intentar hacerlos pasar por fallecimientos en combate, un esfuerzo por mostrar que se estaba ganando la guerra. En un testimonio judicial reciente, exintegrantes del ejército han dicho que se sintieron presionados a matar a otros colombianos por sus superiores. Otro informe escrito en 1988 durante un periodo en el que una serie de activistas de izquierda fueron asesinados, halló que la ola de asesinatos contra “presuntos izquierdistas y comunistas” era resultado de un tenebroso “esfuerzo conjunto” entre el jefe de inteligencia de la Cuarta Brigada del ejército colombiano e integrantes del Cartel de Medellín (The New York Times, 28/06/2022).

En general, el informe es muy crítico con la estrategia de seguridad que dominó en el país durante décadas, el que, según sus autores, trataba como enemigos internos a gran parte de la población (la perversa lógica dual amigo-enemigo). También criticó con dureza las políticas de EE.UU. en Colombia, no solo por su apoyo en la lucha en contra de la guerrilla, sino que argumentando que emprender una guerra contra el narcotráfico tenía efectos sociales y ambientales desastrosos, al hacer que los agricultores pobres fueran enemigos del Estado y deteriorando paisajes que alguna vez fueron fértiles; dice: “Las consecuencias de este planteamiento concertado y en gran parte impulsado por Estados Unidos”, llevaron a “un endurecimiento del conflicto en el que la población civil ha sido la principal víctima” (The New York Times, 28/06/2022).

Un largo conflicto

La Comisión de la Verdad es una institución autónoma, aunque ligada a la Jurisdicción Especial para la Paz, se creó como resultado del acuerdo de Paz con un presupuesto de US$ 100 millones por 3 años (plazo extendido a 4 por la pandemia), con el propósito reconstruir la verdad entendida como constructo colectivo y básico para la paz, y no como una única versión oficial e incontrovertible. Es decir, más que apuntar a responsables de este negro episodio, el informe busca establecer los factores de persistencia que hicieron de esta guerra una de las más largas de la historia (58 años, aunque tiene más tiempo, al anclarse a las raíces del violento conflicto bipartidista conservador-liberal de los años 50 del pasado siglo), y en la que el 80% de las víctimas fueron civiles no combatientes (se calculan en más de 450 mil los muertos, y 6 millones de desplazados, cifras relativas y posiblemente mayores). En general, el informe reconoce la complejidad del conflicto armado y la responsabilidad colectiva en el mismo.

Aunque Colombia tiene un largo prontuario de conflictos armados (en el siglo XIX, por ejemplo, tuvo 14 años de guerra independentista, 14 guerras civiles locales y dos guerras internacionales con Ecuador), en el siglo XX se produce el enfrentamiento conservador-liberal que se desató a partir de 1948 y del asesinato del popular candidato liberal Jorge Eliécer Gaitán. Tras este asesinato, comenzaron violentos choques sociales/políticos con epicentro en Bogotá (el Bogotazo), aunque luego esto se extendió y se fue transformando en un conflicto muy sangriento, principalmente rural. En algunas localidades se establecieron tribunales populares, se produjo la destitución de alcaldes, fuga de presos y se formaron gobiernos revolucionarios. Este período, que se extendió hasta fines de la década del 50 (1949-1958), recibió el explícito nombre de “La Violencia” y dejó un saldo de cerca de 58 mil muertos.

En 1956, el Partido Conservador y el Partido Liberal firmaron el Pacto de Benidorm-España. Un acuerdo que establecía el sistema de alternancia política entre ambas fuerzas y fue defendido como un regreso al sistema democrático después de la dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla (tuvo vigencia hasta el año 1974). Sin embargo, era un pacto excluyente y que, unido a la exclusión socioeconómica, generó el surgimiento de movimientos opositores en los ámbitos universitarios, intelectual, campesino e indígena: ahí están el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (MOIR) y Alianza Nacional Popular (ANAPO) y más tarde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Precisamente, el origen de las FARC se remonta a un grupo de autodefensa integrado por campesinos de tendencia liberal desplazados durante el período de “La Violencia”, que más tarde adoptarían la ideología comunista. Hacia 1964 estos campesinos comunistas se habían concentrado en una zona de cordillera en el centro del país, Marquetalia, en el departamento del Tolima. En Marquetalia habían constituido una suerte de «república independiente», conformada por unos 50 hombres que pelearon durante “La Violencia”, junto a sus familias. Eran una de las más de 100 bandas armadas que rechazaron la posibilidad de desmovilizarse tras ese conflicto y que tenían un razonable poder militar y político. A la cabeza de este grupo estaba el conocido Manuel Marulanda Vélez, «Tirofijo», un combatiente formado en las guerrillas liberales de inicios de los 50, quien se convertiría en el primer jefe de las FARC (BBC Mundo, 24/08/2016).

A mediados de 1964, las fuerzas del gobierno atacaron Marquetalia con centenares de hombres, forzando la huida de los campesinos. Tras ser derrotados y dispersarse, Marulanda, junto a Jacobo Arenas (otro de los líderes originales del grupo), fundan primero una guerrilla de nombre Bloque Sur, la que en 1966 finalmente adopta el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Desde entonces, la pregunta que se hacen muchos es por qué el conflicto se extendió por tanto tiempo y las causas razonables y recurrentes que dan muchos colombianos son: falta de empleo y oportunidades; desigualdad, concentración de la riqueza, injusticia social; falta de tolerancia, indiferencia; corrupción; etc.

Esta realidad de interpelaciones político-sociales y las escaramuzas armadas, sin embargo, no inhibieron que en 1984 se constatara un primer intento de lograr la paz en el que parte de las FARC se sumaron a un partido político, la Unión Patriótica, cuyos miembros fueron blanco de escuadrones de extrema derecha y miles fueron asesinados. Luego hubo un nuevo intento en 1991-92 y otro en 1998-2002 que fracasaron por diversos motivos.

Durante los gobiernos del presidente Álvaro Uribe (2002-2010), un autoritario conservador, se lanzó una profunda y extensa ofensiva contra las FARC, que incluyó bombardeos a campamentos rebeldes, y se extendió durante el gobierno de su sucesor y actual presidente, Juan Manuel Santos. En los ataques del gobierno se diezmaron las fuerzas guerrilleras y mataron a varios de sus máximos líderes, lo que podría haber sido una de las razones para negociar. Pero si los miramos desde otra perspectiva, también durante 10 años la ofensiva militar del gobierno no logró derrotar a las FARC y ello también favoreció la negociación. En cualquier caso, en noviembre de 2012, se reiniciaron los diálogos en La Habana entre los líderes guerrilleros y el gobierno de Juan Manuel Santos que finalizan con el Acuerdo de 2016.

Lo medular del informe

Como lo consigna BBC Mundo (28/06/2022), este proceso dio la oportunidad a que por primera vez quienes estuvieron por años ubicados en bandos contrarios pudiesen escucharse y, en muchos casos, reconciliarse. Así, durante la entrega del informe se vio, por ejemplo, un video en el que algunos indígenas Embera Katío escuchaban a Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar y narcotraficante, reconocer su responsabilidad y pedir perdón por el asesinato del líder de su pueblo, Kimy Pernía. También se escuchó a Braulio Vázquez, excomandante de las FARC, hablar en nombre del «colectivo fariano» y reconocer su responsabilidad en los reclamos hechos por las víctimas en el Cauca durante un encuentro que se llevó a cabo en 2021 o al exgeneral Óscar Naranjo, quien fue director de la policía, reconocer que la estigmatización es una forma de violencia y que él contribuyó a estigmatizar a la universidad como institución.

Entre las principales conclusiones del informe, este destaca que: a) el narcotráfico no solo fue financiador del conflicto, sino que fue una arraigada industria que permeó la economía y el sistema político; b) el conflicto no solo tuvo causas armadas, sino también no armadas, parte de un entramado económico, político e incluso cultural que fomentó el alzamiento en armas de campesinos y líderes políticos excluidos; c) el modelo económico neoliberal que se implantó durante décadas, sobre todo después de los años 90, fomentó la exclusión y la desigualdad; d) el modelo de seguridad del Estado, en parte financiado por Estados Unidos e ideado en el marco de la guerra contra las drogas, puso a las FF.AA. en «modo guerra» en contra de un enemigo interno. Eso impidió abordar el conflicto como un complejo proceso histórico en el que el Estado jugó, también, un rol como victimario; e) la exclusión no fue solo económica: los patrones de discriminación racial, étnica, cultural y de género jugaron un papel crucial en la persistencia del conflicto; f) el Estado desprotegió regiones y poblaciones vulnerables, sobre todo a jóvenes que, ante la crisis económica y las lógicas de guerra presentes en sus territorios, se vieron obligados a entrar a los grupos armados como una forma de vida; etc.

Más allá de la rigurosidad del trabajo y la variedad y fiabilidad de fuentes que dan origen al informe, y en medio de una reñida campaña presidencial, muy pronto este pasó a ser parte del panorama político altamente polarizado de Colombia, en el que algunos creen que el ejército fue cómplice de crímenes de guerra y necesita una reforma sistémica y otros culpan a las guerrillas de izquierda por la mayor parte del trauma.

Así, por ejemplo, el conservador presidente Iván Duque, quien hizo campaña en contra el Acuerdo de Paz y es conocido por defender de manera inquebrantable a los militares, no asistió a la ceremonia ni hizo comentarios públicos sobre el informe, mientras su partido Centro Democrático se refirió al informe como una verdad “interpretativa”. En el otro lado, mientras tanto, está el presidente de izquierda electo Gustavo Petro, quien asumirá en agosto y sí estuvo en la ceremonia de entrega del informe junto a la vicepresidenta electa, Francia Márquez. En ella Petro prometió que el Acuerdo de Paz de Colombia será una prioridad y ya durante su campaña electoral hizo un llamado a favor de una reforma militar en concordancia con el informe. Las recomendaciones de la Comisión para la policía y el ejército se encaminan a aumentar la supervisión y la rendición de cuentas; una reestructuración de las fuerzas de seguridad del Estado que remueva a la policía nacional del Ministerio de Defensa; trasladar los casos de soldados acusados de delitos de los tribunales militares a la justicia civil, y el fin de los acuerdos entre militares y empresas privadas en los que las fuerzas de seguridad del Estado reciben pagos para proteger a entidades privadas, como las petroleras.

En su discurso ante un teatro repleto en el centro de Bogotá, el sacerdote Francisco de Roux, presidente de la Comisión, dijo que “la lista de víctimas es interminable y el dolor acumulado, insoportable”, agregando que si Colombia no resuelve los factores de persistencia de la guerra (las condicionante), el conflicto «no acabará de acabarse». De hecho, durante los casi cuatro años de trabajo de la Comisión, el conflicto se ha recrudecido en algunas zonas remotas, en forma de masacres, asesinatos de líderes sociales y desplazamiento forzado de poblaciones (de acuerdo al Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, tras la firma del acuerdo de Paz hasta ahora van 1327 dirigentes sociales asesinados – Infobae, 18/03/2022).

Desde ya, en todo caso, este informe abre varias potencialidades y oportunidades para avanzar en el proceso de paz: hay una voluntad y una capacidad organizativa de la sociedad para poder avanzar y esa voluntad está representada en instituciones y líderes; está el enorme interés y soporte internacional, y el hecho de que Colombia es el único país del mundo que cada tres meses presenta un informe en el Consejo de Seguridad (el próximo 14 de julio); es la primera vez en la historia colombiana que se trabaja bajo la base de un sistema integral para la paz; por último, están los vientos favorables de parte del nuevo gobierno que ya ofreció la voluntad política para acatar las recomendaciones de la Comisión (BLURadio del 01/07/2022). Parafraseando a John Lennon, ojalá que tras este contundente y objetivo informe, los colombianos le den una oportunidad a la paz.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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