Reforma tributaria: nunca es el momento

A fines de junio de este año el gobierno presentó su proyecto de reforma tributaria, cuya recaudación haría posible financiar una importante parte de sus reformas sociales.

Inmediatamente se escucharon voces que criticaron que, debido al contexto inflacionario y de desaceleración del crecimiento económico, “no sería el momento” de llevar a cabo una reforma tributaria.

¿Cuándo sería el momento, entonces?

En 1990, los opositores a la reforma social dijeron que “no era el momento” de impulsar una reforma tributaria. Sostuvieron que el alza de los impuestos tendría efectos “perversos” en el ahorro, desincentivaría los estímulos para trabajar, empobrecería aún más a los sectores pobres y a la clase media. El alza sería “fútil” para lo que se proponía, porque no era imprescindible y apropiada y validaría en cambio un camino equivocado, un tránsito hacia nuevos impuestos y afectaría la psicología del ser humano, tan decisiva en la confianza económica. La reforma tributaria, en definitiva, “arriesgaría” los equilibrios macroeconómicos y las “libertades” alcanzadas por el Gobierno Militar y, a pesar de las buenas intenciones de sus impulsores, no lograría el bienestar deseado.

La reforma fue aprobada y, pese a las reticencias de la oposición, la economía creció al 7% durante el gobierno de Aylwin, el ritmo de creación de empleos se aceleró y el desempleo cayó. Este proceso fue acompañado de un aumento de los salarios reales sobre un 4%, de la productividad en un 3,3%, y del gasto social hasta aproximadamente un 40%. El gasto social ascendió de un 12,7% del PIB en 1989 a un 14,1% en 1993 y la pobreza descendió del 44,7% en 1987 a un 32,7% a fines de 1992. La catástrofe anunciada por los agoreros de la reforma social no ocurrió.

En 2014 la oposición a la reforma también dijo que “no era el momento”: los promotores de la reforma tributaria serían ignorantes e ideologizados, y esta afectaría negativamente el ahorro y la inversión, el crecimiento económico y el empleo, perjudicando más a los grupos pobres y la clase media.

[cita tipo=»destaque»]Los opositores a la reforma social financiada en parte por reformas tributarias de tipo progresivo siguen repitiendo sus majaderos “argumentos” ya anticipados en 1834 en las discusiones sobre las nuevas leyes de pobres en Inglaterra.[/cita]

A su juicio, no era momento de hacer una reforma tributaria debido al contexto de desaceleración de la economía chilena. El monto a recaudar, 8.200 millones de dólares, era excesivo y amenazaría el crecimiento económico. Atacaba el ahorro y no causaba daño a los más ricos, sino también a la clase media, y generaría efectos muy negativos sobre la inversión y el crecimiento económico. Algunos incluso llegaron a sostener que estaban de acuerdo con la intención del gobierno de impulsar el progreso y la movilidad social mediante la reforma, pero que el proyecto perjudicaría a los trabajadores, ya que, si se afectaba la inversión, los salarios e incluso las fuentes de trabajo podrían verse perjudicadas.

Pese a que una de las principales críticas de la derecha a la reforma tributaria era que su implementación generaría el efecto contrario en la recaudación fiscal, esto es, que se reduciría sustancialmente, amenazando el financiamiento de los proyectos sociales del gobierno de Bachelet, aumentó la recaudación fiscal. El total de la recaudación tributaria de la Tesorería General de la República aumentó de 59 mil millones de dólares en 2014 a 68 mil millones de dólares en 2016 (calculado según el dólar observado promedio anual de 667,17 pesos chilenos por unidad de la divisa en 2016). El impacto negativo de la reforma en el crecimiento económico no fue tal, ya que sus críticos no consideraron el impacto de factores externos y el bajo precio del cobre como causantes de la desaceleración económica.

Históricamente, los opositores a la reforma social han acumulado “argumentos” filosóficos, psicológicos, políticos y económicos para fundamentar su “reacción” a las olas democratizadoras impulsadas principalmente por la Revolución francesa, la universalización del sufragio y el Estado de bienestar. Para ellos, el progreso de la democracia, especialmente en términos de la ampliación del reconocimiento de la igualdad ante la ley y de las garantías constitucionales y financieras para la realización de los derechos personales, políticos y sociales, tendría efectos perversos en el desarrollo económico y sería fútil, porque ignoraría las leyes del mercado y sus funciones benefactoras. Por último, pondría en peligro la libertad y hasta la misma gobernabilidad democrática.

Los opositores a la reforma social financiada en parte por reformas tributarias de tipo progresivo siguen repitiendo sus majaderos “argumentos” ya anticipados en 1834 en las discusiones sobre las nuevas leyes de pobres en Inglaterra: la reforma tributaria para financiar el gasto social es perversa, porque solo consigue empeorar lo que quiere mejorar; inocua, porque al final se imponen las leyes del mercado; o riesgosa, porque pone en peligro lo que se habría logrado con tanto sacrificio por parte de la dictadura. Más de 30 años de evidencias empíricas recogida en el análisis de las reformas de 1990 y 2014 desbaratan la validez de las afirmaciones de sus opositores. (Para un examen más detallado de estos asuntos, ver Pizarro, C., ¿Existen alternativas a la racionalidad capitalista? La crisis del capitalismo y otra manera de vivir y pensar, Valparaíso, EUV, 2020).