Opinión
Poco se ha hablado de la ausencia del derecho a la propiedad industrial (patentes de invención y marcas comerciales) en la propuesta de nueva Constitución, y de sus posibles, y graves, implicancias en innovación y crecimiento. Si bien el texto propuesto protege algunos aspectos de la propiedad intelectual, como los derechos de autor a las creaciones artísticas y científicas, este omite el derecho de propiedad que un inventor tendría sobre sus invenciones. El derecho a la propiedad industrial es uno de los más importantes motores para la innovación en el mundo, y en Chile, ha sido protegido en las últimas 3 constituciones (incluyendo la actual), llevando al país a convertirse en líder de innovación en América Latina.
Según Marcelo Soto, exdirector del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), la omisión del derecho a la propiedad industrial en la propuesta constitucional se debe a que se piensa que este solo beneficia a las grandes empresas. En cambio, “sobre los derechos de autor, hay una visión romántica, porque tiene que ver con autores, artistas, […], y con industrias culturales”. Sin embargo, como explica Soto, la mayoría de las solicitudes de patentes y marcas comerciales provienen de personas naturales y pymes. Además, las empresas que más solicitan patentes son las Universidades, que necesitan de estas patentes para que sus inversiones en investigación y desarrollo sean viables.
Es ampliamente aceptado entre académicos que la existencia de un sistema de patentes promueve la innovación, pues, la principal motivación de un inventor son las ganancias que puede obtener al vender su invento. Sin un sistema de patentes, los inventores y emprendedores no tendrían un incentivo para innovar, ya que no tendrían un derecho único sobre el invento en cuestión y cualquiera podría replicarlo y venderlo, reduciendo las ganancias del inventor. Es más, algunos tipos de innovaciones son tan costosas de desarrollar que nadie tomaría el riesgo de llevarlas a cabo si es que no tuviese asegurado el derecho único a las ganancias correspondientes. Por ejemplo, Hans Bishop, CEO de Juno Therapeutics —una empresa que se dedica a crear tratamientos contra el cáncer—, asegura que “las inversiones en la industria biotecnológica se basan completamente en las patentes. Sin patentes sólidas, no podemos recaudar dinero para encontrar curas para las enfermedades”.
Las patentes, además, tienen el poder de hacer público el conocimiento. Si sus inventos no estuviesen patentados, los inventores ocultarían sus nuevos descubrimientos por miedo a que alguien les copie. Pero, si la ley protege su propiedad intelectual, los inventores no tendrían necesidad de mantenerla en secreto. Por eso, existen muchas bases de datos de patentes detallando cada innovación registrada, a las que otros innovadores pueden acceder para estudiar y así crear más cosas. Las patentes permiten el progreso tecnológico.
Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, entre los años 2010 y 2020, América Latina ha sido la única región del mundo que, en promedio, redujo su cantidad de solicitudes de patentes. Chile, no obstante, las ha más que duplicado en el mismo período. Si el objetivo fuese fomentar el crecimiento económico —que, por cierto, está asociado a menos pobreza, menos crimen, mejor educación, mejor salud, mejor desempeño ecológico, y un sinfín de cualidades deseables en un país—, el derecho a la propiedad intelectual debería ser protegido en su totalidad, tal como lo hace la Constitución actual y tal como lo hacen los países desarrollados. La omisión del derecho a la propiedad industrial en la propuesta constitucional lo deja al criterio de la ley, y, por lo tanto, en incertidumbre. Dejando, así, una traba totalmente contraproducente al desarrollo de nuestro país.
