Señor Director:
Una lenta y triste agonía sufre el transporte público de la Región de Valparaíso y de varias otras zonas del país, donde se han implementado los denominados “perímetros de exclusión”.
El estallido de octubre de 2019 y luego la Pandemia profundizaron una crisis que se venía gestando por años y donde la principal causa ha sido la nula voluntad de la autoridad de transportes para enfrentar el problema con una mirada de largo plazo. Los datos con los cuales se calculan los planes operacionales y por ende el pago de los mal denominados subsidios, están desactualizados pues tienen casi dos décadas de antigüedad.
Se exige a los operadores mantener congeladas las tarifas, que no han experimentado alza desde 2019, pero por otra parte se otorga un subsidio –o compensación tarifaria– completamente insuficiente, muy lejano al aumento que debería experimentar el valor del “boleto”.
En regiones seguimos viendo como Santiago concentra toda la atención del Ministerio y los recursos del estatales. Mientras cada microbús del Transantiago recibe casi seis millones de pesos mensuales por concepto de subsidio, uno en el Gran Valparaíso bordea los seis cientos mil pesos. Es una injusticia que se debe remediar y ahí no se requiere un cambio constitucional ni legal, sino voluntad política y mejor distribución de los recursos existentes a través de la ley de presupuestos.
Hoy el sistema literalmente de un hilo, que de cortarse causará un gravísimo problema del transporte de pasajeros en el Gran Valparaíso.
Jaime Barrientos Ramires,
abogado.
