En el Día Mundial del Agua: “Hacer del agua un bien común y un derecho humano, para salvaguardar la vida, todas las vidas”

Hace dos años, en mi calidad de vocero del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente – MODATIMA y candidato a gobernador de la Región de Valparaíso, afirmábamos que “Chile es el peor ejemplo referido a nivel internacional de lo que hay que hacer en materia de agua, ya que seguimos siendo el único país del mundo con sus aguas privatizadas en su fuente y su gestión”. En el marco de un nuevo Día Mundial del Agua, que se conmemora cada 22 de marzo, en mi calidad de gobernador regional, reafirmo esta posición y sostengo que el Estado de Chile mantiene una deuda que se sigue acumulando y que, en simple, dice relación con que el derecho humano al agua no está plenamente garantizado en nuestro país.

Los datos en materia hídrica son abrumadores. De acuerdo al CENSO del año 2017, más de 380 mil viviendas en Chile carecen de agua potable, mientras que en áreas rurales, el 47,2% de la población se abastece de pozos, ríos, vertientes, esteros o camiones aljibes.

Por otra parte, al mes de diciembre del año 2022, prácticamente una de cada tres personas en Chile vivía en una comuna afectada por escasez hídrica. Hablamos de más de 5 millones 800 mil personas que habitan las 101 comunas incluidas en 18 Decretos de Escasez Hídrica elaborados por la Dirección General de aguas a nivel nacional. Miles de campesinos y campesinas en el país han perdido en la última década su único sustento, por la sistemática privación de agua que padecen ante grandes proyectos extractivos y agrarios.

Y es que el telón de fondo de la crisis hídrica está dado por la política económica de explotación intensiva e irracional de los bienes naturales comunes, que nosotros llamamos “modelo de despojo”, basado en la apropiación privada del agua, la tierra y el desmantelamiento de las empresas públicas. Esta situación ha hipotecado la vida de las comunidades, los ecosistemas y las economías locales, estrangulando actividades esenciales para la Soberanía y Seguridad Alimentaria como la agricultura familiar campesina, y ha azotado, con mayor dureza, los territorios más postergados, creando verdaderas “zonas de sacrificio” socioambiental, pero también ha afectado a una numerosa parte de la población nacional.

Esta realidad resulta simplemente inaceptable e interpela a quienes hoy día ejercemos cargos de representación popular, pero sobre todo a las elites políticas y económicas que durante las últimas décadas no enfrentaron esta crisis con decisión.

A pesar que, por razones que nos exceden, los cambios estructurales que el país requiere para terminar con el modelo de privatización de las aguas se han postergado, desde mi rol como gobernador de una región con cerca de 2 millones habitantes no puedo, simplemente, excusarme ante esta injusta realidad. Nuestra gestión se ha enfocado en lograr avances concretos, usando todas las herramientas disponibles, sin que ello signifique abandonar un segundo la crítica al modelo.

En este sentido, desde el primer día de nuestra administración nos hemos ocupado intensamente en implementar y fortalecer la Política Hídrica Regional, que es única a nivel nacional, la cual, en síntesis, establece 4 objetivos principales: agua para consumo humano y saneamiento; agua para la producción alimentaria; agua para la preservación ecosistémica; y agua para uso de energía, minería e industrial.

Lo anterior ha decantado en una inversión de más de 60 mil millones de pesos desde julio de 2021 hasta diciembre de 2022, que equivale a más de un 30 por ciento del presupuesto del Gobierno Regional y que se traduce en obras sanitarias y alcantarillado, mejoramiento de sistemas de Agua Potable Rural,  protección y gestión de fuentes de agua, concentradas, particularmente, en comunas por fuera de la zona metropolitana de la región.

Más allá de las cifras, lo más relevante, bajo nuestro punto de vista, es que esta Política Hídrica y el conjunto de la inversión del Gobierno Regional de Valparaíso tienen un sentido, que da cuenta de un camino para hacerse cargo concretamente de la crisis socioambiental en la que nos encontramos, que es posible seguir cuando la institucionalidad pública se pone al servicio de superar las profundas asimetrías materiales anidadas en la sociedad, como ha sucedido en nuestra región.

Dicho camino se funda en la implementación de políticas públicas de nuevo tipo, con participación incidente de la sociedad civil desde el diseño hasta su ejecución, elaboradas desde una perspectiva de derechos y con un fuerte componente de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Estamos convencidos que el empoderamiento de las comunidades y el fortalecimiento de su capacidad creativa es una condición indispensable para lograr los enormes cambios que requerimos a nivel económico, social, político y medioambiental.

Así, este año 2023 comenzaremos a implementar una serie de programas, co-diseñados y ejecutados con fundaciones y corporaciones privadas sin fines de lucro de nuestra región, en ámbitos estratégicos como el Desarrollo Económico y Trabajo Decente. Esto se materializa en un conjunto de iniciativas enfocadas en las cooperativas agrícolas y la Agricultura Familiar Campesina con el propósito de diversificar la matriz productiva e impulsar una alternativa viable al monocultivo de exportación, que sea económicamente sustentable, pero, además, socialmente justo y medioambientalmente sostenible. Lo último, junto al apoyo decidido a la pesca artesanal para resguardar la Soberanía y la Seguridad Alimentaria, cuestión especialmente relevante en épocas de incertidumbre económica y política que tensiona los mercados internacionales, incrementando el precio de la canasta básica de alimentos.

Otros destacados programas que empiezan su ejecución este año 2023 dicen relación con la protección, valorización y conservación de los bienes comunes naturales y culturales; como parques y reservas naturales, además de la recuperación de cuerpos de agua como humedales y fortalecimiento de capacidades para acceder a la Justicia Ambiental.

Además, hemos ejecutado un Sistema de Gobernanza Hídrica, con mesas hídricas en todas las provincias, con foco en participación público-público, público-privado y público comunitario, para potenciar la participación multinivel a través de toda la región, construyendo un espacio que permita dar salida a situaciones de conflictos distributivos, como la que se vive año a año en la Cuenca de Aconcagua, que representa un desafío permanente para todas las actorías vinculadas, escapando, así, de la imposición técnica, que muchas veces se instala como solución desde las instituciones públicas.

El trabajo que me tocó realizar durante el año 2022 liderando la Comisión de Nuevo Modelo de Descentralización desde la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile – AGORECHI tiene que ver precisamente con dotar a los Gobiernos Regionales de mayores competencias para fortalecer su acción en estas y otras materias, lo cual seguiremos realizando con mayor intensidad durante este año 2023. La descentralización política, administrativa y fiscal es, sin duda, esencial para mejorar las condiciones de vida de las comunidades y territorios.

Pero no nos conformamos. Este Día Mundial del Agua, traigo la voz de las y los sencillos de la Región de Valparaíso, en especial de los territorios azotados por la crisis hídrica, hasta la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua, que tendrá lugar en la sede central del organismo, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde se espera que los países y organizaciones de la sociedad civil establezcan compromisos concretos para el cumplimiento de los objetivos y metas de desarrollo sostenible, en particular, sobre agua. Ahí compartiremos nuestro compromiso de redoblar los esfuerzos invertidos en la Política Hídrica Regional, además de señalar con absoluta claridad los límites estructurales del actual modelo privado de agua y la necesidad imperiosa de cambiarlo por uno que ponga en su centralidad la vida de las comunidades y territorios y la protección de los ecosistemas.

Y para estar a la altura de lo que debate el mundo en estos días, esperamos compromisos más concretos del Estado de Chile, lo que interpela a todas las fuerzas políticas del país. En lo principal, que no descansemos hasta que el Estado consagre plenamente el derecho humano al agua, y la democratice y descentralice, poniendo en el centro el bien común y su gestión pública y comunitaria. Esto obliga al fortalecimiento de los sistemas de Agua Potable Rural; apoyo a la Agricultura Familiar Campesina, que cautela un bien tan esencial como la Soberanía y Seguridad Alimentaria de nuestras comunidades; la regulación del mercado sanitario que permita bajar las tarifas y obligar a invertir en el total tratamiento de las aguas servidas; la protección y delimitación efectiva a las cajas de los ríos, para terminar con el robo de agua, entre otras importantes materias.

El 28 de julio del año 2010 Naciones Unidas declaró el agua y el saneamiento como un Derecho Humano. Trece años después hemos llegado hasta la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua, que se realiza después de cinco décadas, para representar las demandas del pueblo llano y sencillo, que nos ha mandatado para correr las barreras de lo posible y hacer del agua un bien común y un derecho humano, para salvaguardar la vida; todas las vidas.