Opinión
Las nuevas leyes y las políticas públicas ambientales también presionan a los distintos sectores del país -incluido el de los recursos hídricos-, para desarrollar nuevas capacidades de gestión. De no ser así, nos exponemos a escasez hídrica, a la degradación de los acuíferos y a la disminución de la productividad, todo acompañado de serios conflictos sociales, ambientales y económicos.
La tramitación del proyecto de ley que crea los Consejos Hídricos de Cuencas -impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente- es uno de los cambios estructurales más audaces y relevantes de las últimas décadas en la gobernanza del agua. Esto, pues se conforman, por primera vez, organismos que buscan ser deliberativos y participativos.
El Estado ha realizado varios intentos similares de poner en marcha estas instituciones en años anteriores, pero no llegaron a puerto. Entre las causas por las que que no prosperaron estuvieron la carencia de normas que regularan su existencia y la falta de incentivos a la participación.
Entonces ¿Por qué podrían resultar ahora, si tampoco existe ley y su promulgación puede demorar cinco, 10 o más años, como sucedió con la reforma al Código de Aguas?
Parte importante de la respuesta está en el contexto actual del país de “transición” política, social y ambiental, que propicia cambios para enfrentar nuevos requerimientos ambientales como la adaptación al cambio climático, la falta de recursos hídricos, la ocurrencia de inundaciones o bien requerimientos políticos, como la nueva Constitución o la participación de las comunidades en el diseño de políticas públicas. Lo anterior está dibujando un nuevo escenario que marcará el futuro del sector, creando percepciones de amenazas para algunos, expectativas u oportunidades para otros.
Por otra parte, las nuevas leyes y las políticas públicas ambientales también presionan a los distintos sectores del país -incluido el de los recursos hídricos-, para desarrollar nuevas capacidades de gestión. De no ser así, nos exponemos a escasez hídrica, a la degradación de los acuíferos y a la disminución de la productividad, todo acompañado de serios conflictos sociales, ambientales y económicos.
Lo positivo es que existe cierto consenso entre el Estado, la mayoría de los actores del agua, la academia e incluso algunas ONGs, en que se requiere una gestión integrada y participativa de los recursos hídricos en las cuencas. Esta visión se alinea con las recomendaciones de la ciencia y de organismos como la Organización de las Naciones Unidas, lo que da fundamento teórico y político a la existencia de estas organizaciones.
Otro aspecto relevante se refiere al tipo de organismo que se pretende poner en marcha. El modelo que se diseñará no está predeterminado desde el nivel central. Por el contrario, será construido en regiones con la participación de los propios actores y los nuevos Gobiernos Regionales. El aval de los Gores no debería entenderse como “tutelaje”, sino que como un soporte o “formalización” institucional hasta la promulgación de la ley que crea los Consejos de Cuenca definitivos.
Los puntos anteriores dan cuenta de razones que facilitan la puesta en marcha de estos organismos y la implementación de la ley, pero no son suficientes para asegurar el éxito del proyecto. Se deben vencer algunos desacuerdos, la percepción de amenazas y las desconfianzas entre los actores y entre lo público y privado. Lo importante es poner el interés del bien común y ambiental antes de los corporativos.
