La educación fragmentada: más allá de la crisis en Atacama

Reducir la discusión de la crisis educativa, considerando solo el contexto actual, podría poner en riesgo la credibilidad de la abundante investigación de décadas. Son años de falta de prolijidad para usar los datos en la toma de decisiones, emanados tanto de estudios como de resultados obtenidos en pruebas estandarizadas y proyectos adjudicados. Todo esto, sumado al ineficaz uso de recursos existentes en beneficio de un acompañamiento efectivo y eficiente en y para las comunidades educativas. En efecto, la fragmentación de la educación no empezó en 2023.

Desde esta mirada retrospectiva, no es tan difícil entender que el tiempo no será el mejor aliado para tomar decisiones sustentables y sostenibles, ni para cumplir los resultados que se requieren con urgencia. Primero, porque se ha heredado una crisis que no se puede abordar sin considerar decisiones que impliquen importantes cambios estructurales, y debido a que mientras primen los intereses particulares, y la crítica continúe centrada en lo que otros hicieron o no, la educación seguirá estando como objetivo de una discusión permanente y vertiginosa, sin las transformaciones fundamentales que se requiere proyectar con urgencia. 

En esta columna, me referiré a dos puntos relevantes de tantos otros que se podrían abordar y que, en la abrumadora necesidad de dar respuesta a tanta demanda justa, requieren un abordaje con acuerdos desde los distintos poderes del Estado.

Falta de profesores en el territorio 

Diagnósticos e investigaciones ya alertaban sobre la falta de docentes en el país, y Atacama no es la excepción. Se estima que al 2025 podrían faltar 32.166 profesoras y profesores en el sistema nacional, lo que podría ser especialmente crítico en las regiones del norte. Este déficit se adelantó abrumadoramente hace años en Atacama. Para evitar esto, se sugirió una serie de propuestas de política pública para promover la atracción hacia la profesión docente y disminuir la deserción en el ejercicio (Elige Educar, 2019). Estos datos debieron ser propulsores de cambios profundos sobre cómo se valoriza el ejercicio de la docencia en nuestro país. 

Reconociendo y sosteniendo que la profesión docente es fundamental para una sociedad democrática, han surgido voces y planteamientos desde diversas instituciones y organizaciones, no solo para revertir la concepción existente sobre las carreras de educación, sino también para contribuir en la toma de decisiones para atraer las vocaciones y mantener a quienes ejercen la pedagogía en el sistema. 

Lamentablemente, luego del impacto provocado por una pandemia, estamos viviendo la mayor crisis educativa del último siglo. Así lo indican las cifras de la Unesco. Sus efectos han sido especialmente graves en América Latina y el Caribe (ALC), la región más desigual del mundo, afectando a más de 170 millones de estudiantes que han perdido en promedio 1.5 años de escolaridad (Maldonado, 2022). 

Sin embargo, en nuestra realidad país aún falta convicción para determinar, por ejemplo, una consideración distinta en el presupuesto nacional destinado a educación, que permita abordar la crisis en toda su amplitud y con visión territorial. Miraremos con estupor mientras este tipo de decisiones políticas no se produzcan, a pesar de la evidencia y los logros obtenidos en países que han entendido que la educación es uno de los pilares fundamentales para sostener a sociedades democráticas, que definitivamente logran una mejor calidad de vida con una educación sustentable.

Cambios en la normativa legal vigente

Sin duda, este punto requiere con urgencia ser revisado y modificado con participación y visión territorial, no solo porque en algunos casos hay leyes que han cumplido un tiempo suficiente para monitorear sus implicancias, sino porque algunas se dictaron estando descontextualizadas respecto de la realidad y diversidad del territorio. De permanecer vigentes estas leyes, con los errores detectados, seguiremos invisibilizando el problema profundo que presenta hoy la educación. Dar prioridad a este trabajo de revisión de la normativa es fundamental.

Educar es tan relevante e incidente en la vida de la ciudadanía, que la urgencia de abordar esta crisis educacional requiere nuestras voluntades serias, responsables, éticas, comprometidas y que la demagogia pueda ser reemplazada por la reflexión crítica y constructiva. Es inexplicable seguir explicando lo obvio, mientras miles de estudiantes están esperando por ser parte de una escuela que les ofrezca la educación que, por justicia y derecho, merecen. 

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Elige Educar, (2019). Análisis y proyección de la dotación docente en Chile. 

Maldonado, V. (2022). Liderazgo Pedagógico y los desafíos educativos en un contexto de pandemia y postpandemia. Cuaderno de Apoyo a la Mejora Escolar 2022, Número 4.