Transición energética justa, participación y sindicalismo

En un escenario donde el cambio climático, y sus potenciales consecuencias ambientales y sociales, gozan de amplia evidencia científica, impulsar políticas públicas y reformas normativas en las que la sustentabilidad sea un eje prioritario no solo es relevante, sino que extremadamente necesario.

En Chile, los combustibles fósiles siguen siendo la fuente primaria de producción energética, y aunque la participación de energías renovables en el mix energético ha avanzado, es importante que esta transición se lleve a cabo de manera justa. En particular, el diseño e implementación de una política de transición energética justa debería considerar, entre otros, cómo se distribuirán los costos y beneficios de, por ejemplo, la adopción de nuevas tecnologías y fuentes de energía renovable, así como también la participación de distintos grupos, colectivos y sectores –especialmente aquellos más vulnerables– en la toma de decisiones.

Las instancias de participación en temas energéticos deben asegurar que todos los actores que se verán afectados por las decisiones tengan voz y hacer arreglos necesarios para que las personas puedan discutir sobre inquietudes y preocupaciones el tiempo suficiente para ir más allá de la (posible) inercia inicial de sus propias posiciones.

Lo expuesto aquí no deriva solamente de una posición valórica o de principios particulares que podemos adscribir (que por cierto una perspectiva de transición justa también implica), sino que se trata de lo que muestra, de forma consistente y robusta, la literatura científica respecto a la aceptabilidad pública de transiciones energéticas.

En este marco, tanto la naturaleza como el trabajo son considerados factores productivos de los que se pretende obtener el máximo beneficio. En la COP21 se logró consenso en cuanto a que es posible la reconversión justa de la fuerza laboral y la creación de trabajo decente en una transición hacia sociedades y economías sostenibles, con pautas de consumo y producción igualmente sustentables.

En tal perspectiva, el diálogo social –global, regional y local– y el ejercicio de derechos laborales colectivos son estrategias pertinentes para dicho propósito, que deban potenciarse en la lucha contra el cambio climático. Sin duda la transición hacia economías sostenibles requiere de un consenso social amplio. Por su parte, no es difícil advertir la sinergia entre las finalidades sindicales y el quehacer ambiental, de modo que el sindicato puede convertirse en un actor relevante a la luz de la autonomía que le es propia.

Con todo, su efectividad sigue siendo muy disímil en los distintos sistemas nacionales, fuertemente determinados por sus modelos normativos, de producción y ambientales. Urge poner atención en países en desarrollo, teniendo en cuenta el aumento de los sistemas de energía renovable, las necesidades de proveer acceso a la energía, la vulnerabilidad de las poblaciones a los efectos del cambio climático y los efectos sobre la clase trabajadora.

En línea con lo señalado, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) incluyó la creación de “consejos sociales de transición justa” entre las demandas de las y los trabajadores para un Chile más justo, presentadas al Presidente Gabriel Boric a fines de agosto del año en curso. El propósito de dichos consejos sería “discutir cómo cambiamos la matriz productiva para un modelo de desarrollo sostenible, que incorpore a toda la ciudadanía”.

La ciencia es clara: a mayor justicia distributiva (¿cómo se repartirán los beneficios y costos asociados?) y procedimental (¿hasta qué punto los actores que se verán afectados fueron involucrados en diseño y discusión de las decisiones?), más dispuestas estarán las personas –y los trabajadores, en particular– a aceptar y colaborar con la transición energética. Los trabajadores y sus organizaciones no solo deben ser vistos como víctimas del cambio climático, sino, sobre todo, deben ser involucrados como actores esenciales en su lucha. El diagnóstico es claro y el tiempo apremia.