Dato mata relato: Chile al debe en datos abiertos

Hoy en día los datos representan un capital fundamental para los gobiernos a la hora de crear valor público para la sociedad. Un ejemplo concreto es lo que ocurrió durante los años de pandemia por COVID-19. Sin una adecuada captura, procesamiento y uso de registros sobre personas contagiadas, capacidad hospitalaria y georreferencias de brotes, entre muchas otras aristas, hubiésemos navegado “a ciegas” en una de las peores crisis sanitarias de la que tenemos recuerdos como sociedad moderna.

Ahora bien, si pensamos en otros ámbitos de interés público, como seguridad, educación, desarrollo urbano e incluso tributación y evasión de impuestos, es claro que contar con estrategias de datos abiertos tiene varias dimensiones de valor público: permite a la autoridad monitorear el diseño e implementación de políticas públicas que atiendan a las necesidades de la ciudadanía, posibilita el involucramiento de la sociedad civil en relaciones de control y contrapeso respecto de esas mismas decisiones, y dota al Estado de un nuevo recurso para la generación de confianza y legitimidad de sus funciones mediante la disposición de información de resultados e impactos obtenidos.

En Chile, lamentablemente, tenemos un desafío importante en esta materia según la última medición del OECD OURdata Index 2023. Esta es su tercera medición (las anteriores fueron el 2017 y 2019), y fue elaborada con información recolectada el 2022, cubriendo los periodos 2020 y 2021. Por tanto, hay que tener cautela, pues no contempla nuevas políticas o prácticas que hayan sido implementadas con posterioridad a las fechas indicadas.

Este índice tiene un rango de valores de 0 a 1, donde un mayor valor representa un mejor desempeño en la materia. A nivel OECD, el promedio fue de 0,48, destacando Corea (0,91), Francia (0,83) y Polonia (0,79). ¿Cómo le fue a Chile? Obtuvo un puntaje general de 0,13, a 0,35 puntos de la OCDE, lo que representa poco más de 1/4 de su promedio, y a 0,78 del puntaje máximo, esto es, 1/7 de su puntaje. En resumen, nos fue mal.

El índice se calcula como el promedio simple de 3 “pilares”, los que –a su vez– se calculan como el promedio simple de sus respectivos “subpilares”. Llama la atención la decisión metodológica de que sean promedios simples, todos los pilares y subpilares pesan lo mismo. Y en todos tenemos brechas importantes.

• Pilar 1. Disponibilidad de datos. Mide el grado en que los Estados han adoptado y establecido requisitos formales para publicar datos, también se avalúa el compromiso para identificar la demanda de datos. Chile obtuvo 0,18; el promedio OECD es 0,48.
• Pilar 2. Accesibilidad de los datos. Mide la disponibilidad de requisitos para proporcionar datos abiertos en formatos reutilizables, con metadatos de buena calidad. También se avalúa la participación de terceros para mejorar la calidad de los datos. Chile obtuvo 0,22; el promedio OECD es 0,59.
• Apoyo gubernamental a la reutilización de datos, mide el grado en que los gobiernos desempeñan un papel proactivo en la promoción de la reutilización de datos públicos abiertos dentro y fuera del Estado. Aquí sí que nos fue mal: ¡Chile obtuvo un puntaje igual a 0!; el promedio OECD es 0,37.

En síntesis, la última versión no trajo buenas noticias para nuestro país, donde quedamos en el penúltimo lugar del índice de los 42 países incluidos en la medición (36 miembros de la OCDE y cuatro países candidatos a adhesión), y muy lejos del promedio de aquellos.

La verdad es que los números del índice son bastante preocupantes, y dado el proceso de Transformación Digital del Estado en el cual nos encontramos, el no contar con datos abiertos nos deja con una pata coja de dicho proceso; recordemos que la Transformación Digital del Estado se sustenta en servicios ciudadano-céntricos y políticas públicas basadas en evidencia, ¡es decir, en datos!