Una gran deuda de Chile con las mujeres

Hablar y declarar que lo personal es político es probablemente una de las grandes disputas que ha dado el movimiento feminista y de mujeres durante siglos. Nombrar y renombrar aquello que otros tildaban como un “problema de pareja” y que debía ser resuelto en casa, significó un vuelco en lo que la sociedad entendía por violencia y cómo esta debía enfrentarlo. Fue así como en el año 1994, al alero de la Convención Belém do Pará, se promulgó la Ley N° 19.325 relativa a la violencia doméstica, la que, tras ciertas deficiencias, terminó dando paso a la conocida ley de violencia intrafamiliar (Ley N° 20.066).

No queremos desconocer ninguno de estos importantes avances legislativos ni tampoco las posteriores tipificaciones del delito de femicidio, todos sin lugar a duda han permitido evidenciar la particularidad de la violencia que es ejercida contra las mujeres y, por ende, nos han mostrado cómo la normativa vigente se ha quedado desfasada frente a una problemática que es estructural y que a diario viven la diversidad de niñas y mujeres que habitan nuestro país.  

Así, en tiempos en que la seguridad se ha vuelto una prioridad para Chile y sobre todo para la Región Metropolitana, región que alcanza el número más alto de femicidios en el país, resulta pertinente preocuparnos también por la seguridad y vida de las mujeres. Y esa es precisamente la razón por la que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha puesto urgencia de discusión inmediata al proyecto de ley prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, una política pública integral que busca erradicar la violencia a través de la prevención y la promoción de los derechos fundamentales de las mujeres.

La aprobación de un proyecto como este por parte del Congreso Nacional implica dotar al Estado de Chile de una ley marco en materia de violencias contra las mujeres, estableciendo bases, lineamientos y mandatos para abordarla de forma oportuna y eficaz, además de otorgar sistematicidad y coherencia al sistema jurídico y también a los operadores de justicia, quienes –al fin– podrían contar con una normativa que precise de forma clara el concepto de violencia contra las mujeres y sus distintas manifestaciones, y establezca un mandato expreso a todos los órganos del Estado de actuar con estándares de debida diligencia.

En julio de 2023, Fernanda Gálvez fue apuñalada al recibir a la hija en común que tenía con su agresor, con quien debía compartir custodia. Por casos como este es urgente esta ley integral, porque muchas veces los hijos e hijas pueden ser utilizados como moneda de cambio por un agresor, siendo objeto de violencia vicaria para perpetuar la violencia contra la madre, pero, además, deben ser reconocidos también víctimas directas del agresor, algo que la normativa actual no reconoce. Un agresor no puede ser un buen padre. 

Lo mismo ocurre con la equivocada manera en que nuestra legislación entiende la violencia contra las mujeres, al ser catalogada como un delito intramuros, como si esta solo ocurriera en el espacio privado del hogar y en el marco de una relación familiar. La realidad con creces nos ha mostrado lo contrario. La violencia de género es estructural y ocurre en cada espacio que habitan las mujeres. Así ocurrió en el femicidio de Gabriela Salazar, mujer en situación de calle que fue asesinada por su pareja, también en situación de calle, en un sitio eriazo. Excluir el componente de género en un caso como este habría significado que este fuera singularizado como un homicidio común, fruto –probablemente– de una riña callejera.

¿Una ley integral como la que proponemos podría evitar desenlaces fatales? Claro que sí.

Primero, porque el proyecto incorpora a los hijas e hijas como víctimas directas de violencia de género, lo que trae implicancias concretas en las decisiones que se tomen sobre su custodia, régimen de visitas y en los programas de atención y reparación. 

Segundo, porque una ley marco como esta viene a reforzar los deberes de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, cualquiera sea su situación, estatus o condición, mandatando a los organismos del Estado a dar una respuesta oportuna, coordinada y eficaz. Esta mirada interseccional permite que, frente al asesinato de una mujer, el Estado no descarte el componente de género, sino que investigue a partir de este, sobre todo respecto de aquellas mujeres que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

Estos son solo algunos ejemplos importantes sobre lo que una ley de estas características nos permitiría ver, ajustando –una vez más– la institucionalidad a la realidad de la diversidad de las mujeres, para que este sea un instrumento útil para mejorar y proteger sus vidas. Por eso, ad portas de un nuevo 8 de marzo, el Congreso Nacional tiene una oportunidad histórica: saldar la deuda pendiente con más de la mitad de la población de nuestro país y reafirmar así que sus vidas Sí importan.