Opinión
Es fundamental examinar a fondo las razones detrás de la lentitud y el exceso de trámites en la entrega de ayudas, dirigiendo nuestra atención no solo hacia las instituciones y autoridades encargadas de gestionar las emergencias, sino también hacia los procesos políticos que perpetúan esta dinámica.
La reciente noticia de la Contraloría oficiando a las comunas de Viña del Mar, Villa Alemana y Quilpué, afectadas por los megaincendios, para que declaren ingresos y gastos relacionados con las ayudas entregadas, resalta la compleja relación entre la burocracia, la oposición política y la urgencia en situaciones de emergencia.
Si bien la solicitud de la Contraloría busca garantizar la probidad y transparencia en el uso de los recursos públicos, también evidencia cómo las sanciones suelen llegar después de la emergencia, creando un ciclo donde la entrega oportuna de ayuda se ve obstaculizada por el temor a posibles consecuencias legales, dejando a las familias afectadas en una situación aún más difícil.
Hoy en día, los municipios actúan con extrema cautela en el proceso de tramitación de las ayudas. Esta actitud no es fortuita, ya que se reconoce que cada bolsa de nylon, cada botella de agua, cada kilo de arroz entregado, podría desencadenar, meses después, una demanda de explicaciones por parte de un político de oposición si dicha ayuda no fue administrada con rigurosos controles administrativos.
La burocracia en momentos de emergencia crea una paradoja inquietante: se castiga tanto el exceso de trámites como la falta de respaldo en la entrega rápida de ayuda. Esto se convierte en un terreno fértil para el oportunismo político y el aprovechamiento de la emergencia con fines obstruccionistas. Lamentablemente, quienes pagan las consecuencias de esta dinámica son las personas afectadas por la emergencia, quienes requieren respuestas inmediatas en lugar de enfrentarse a políticas que obstaculizan sus necesidades.
Es crucial replantear el papel de la burocracia en momentos de emergencias, sobre todo en la etapa de respuesta, que son los primeros días y semanas posteriores, considerándolas como momentos donde la flexibilidad y agilidad deben primar sobre los procedimientos habituales. Las instituciones deberían ser incentivadas a responder con prontitud, sin temor a represalias por saltarse trámites, priorizando la atención a quienes más lo necesitan.
En lugar de enfocarse únicamente en la rendición de cuentas retrospectiva, la Contraloría y otras instituciones públicas deberían colaborar en identificar y eliminar obstáculos burocráticos que obstaculizan la respuesta rápida ante emergencias, promoviendo así una gestión más eficiente y centrada en las necesidades de las comunidades afectadas.
Es fundamental examinar a fondo las razones detrás de la lentitud y el exceso de trámites en la entrega de ayudas, dirigiendo nuestra atención no solo hacia las instituciones y autoridades encargadas de gestionar las emergencias, sino también hacia los procesos políticos que perpetúan esta dinámica. Debemos cuestionar la tendencia obstruccionista que caracteriza la política actual y reconocer el papel de la oposición no solo como un fiscalizador compulsivo, sino como un agente que puede contribuir a simplificar los procedimientos.
Además, es crucial reflexionar sobre el papel del Parlamento y abogar por la modernización del Estado, lo que no significa la digitalización de la burocracia, sino una efectiva reducción de trámites, con el objetivo de adoptar un enfoque más proactivo y solidario en la gestión de crisis.
