Ajuste fiscal en salud: el costo lo pagan pacientes y trabajadores

El anuncio del gobierno de recortar el 3% del presupuesto de cada ministerio, junto con USD 1.000 millones adicionales, debiera generar preocupación transversal. En el sector salud el ajuste implica una reducción de 517 mil millones de pesos, el cual, para dimensionarlo, equivale a dejar sin financiamiento dos meses completos del ítem destinado a la compra de medicamentos, reactivos, insumos básicos y diversos servicios en todos los Servicios de Salud. Sostener que este ajuste no afectará la atención de pacientes, bajo la premisa de la existencia de supuestos “espacios de eficiencia” como señaló la ministra de salud May Chomalí, resulta incompatible con la realidad financiera del sistema, caracterizada desde hace años por un déficit estructural.

Desde la experiencia de quienes trabajamos en salud, esa holgura simplemente no existe y la evidencia respalda esa afirmación. 2024 y 2025 fueron años en que se intencionó activamente la búsqueda de espacios de eficiencia para disminuir el gasto, sin embargo, en 2024 el presupuesto aprobado para el Ministerio de Salud, que fue de 14,7 billones de pesos, se sobreejecutó en un 14% (16,8 billones de pesos). En 2025, la situación se repitió: a una asignación inicial cercana a los 16 billones le siguió una ejecución de 18,7 billones, equivalente a un 17% de sobreejecución. Para 2026, pese a anunciarse un crecimiento relevante, el presupuesto quedó más de un billón de pesos por debajo del gasto efectivo del año anterior. Este desajuste permite comprender episodios críticos recientes, como el cierre de 9 pabellones en el Hospital Carlos Van Buren en septiembre del 2024, lo que llevó a la suspensión de 20 a 30 cirugías diarias —incluyendo oncológicas—, o la interrupción en la compra de insumos en el Hospital Félix Bulnes a mitad de ese mismo año.

Sin embargo, estos eventos visibles son sólo la expresión más aguda de un problema cotidiano menos noticioso pero más extendido. Hacia el último trimestre de cada año, numerosos establecimientos llegan a la ejecución completa de su presupuesto anual, enfrentando quiebres de stock de medicamentos, reactivos e insumos básicos como el papel higiénico, lo que obliga a suspender diversas prestaciones. Esto se explica porque no hay liquidez para pagar a los proveedores por adquisiciones anteriores, por lo tanto, estos suspenden los despachos de las órdenes de compra emitidas. A ello se suma una deuda hospitalaria que en 2025 superó los 400 millones de dólares, obligando a destinar sistemáticamente parte relevante de los presupuestos anuales al pago de compromisos anteriores.

En este contexto, la apelación a mayores “espacios de eficiencia” ha tendido históricamente a traducirse en medidas que recaen sobre el personal: restricción de reemplazos, no reposición de cargos vacantes y limitaciones al pago de horas extraordinarias. Lejos de mejorar la productividad, estas prácticas han incrementado la sobrecarga laboral, deteriorando los climas organizacionales y contribuyendo a una crisis de salud mental en los equipos, con un aumento significativo del ausentismo laboral tras la pandemia, configurando así un círculo vicioso.

Por el contrario, en nuestro país  las experiencias recientes de mejora en indicadores sanitarios y de eficiencia han estado asociadas a una mayor inversión en el sistema público. La reducción de más de dos millones de personas en listas de espera no GES del año pasado se sustentó en la inyección de 73 mil millones de pesos adicionales, utilizados en la habilitación de pabellones fuera de horario y la contratación de especialistas, así como también el fortalecimiento de herramientas como la telemedicina. Si estos mismos recursos hubiesen sido destinados a la compra de cirugías en el sistema privado, sólo se podría haber logrado la realización de un tercio de las prestaciones ejecutadas, dada la diferencia de costos.

En este contexto, la alerta sanitaria oncológica decretada el pasado 20 de marzo, que entre otras cosas habilita la compra prioritaria de prestaciones al sector privado, refuerza una señal preocupante: lo que se busca entonces no es ahorro ni eficiencia, sino sólo transferencia de gasto público al sector privado. 

Como federación que representa a profesionales de la salud pública de la Región Metropolitana, advertimos que persistir en esta dirección no solo debilita más a un sistema subfinanciado, sino que pone en riesgo la continuidad y seguridad de la atención de pacientes y a los equipos de salud. Fortalecer la salud pública no es sólo una consigna, es una necesidad urgente para garantizar el derecho a la salud de la población.