Lo que la alerta sanitaria no construye
Señor director:
En ocho de las dieciséis regiones de Chile no existe un centro público de radioterapia. Un paciente con cáncer que vive en cualquiera de ellas debe viajar (a veces cientos de kilómetros, durante semanas) para acceder al tratamiento. La Alerta Sanitaria Oncológica decretada por el Gobierno responde a una deuda real, listas de espera y garantías vencidas, pero no resuelve el problema de fondo: la oferta. Y la oferta, en radioterapia, se mide en máquinas, en personas formadas para operarlas y en décadas de inversión sostenida.
Los números son inequívocos. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer estima 59.876 nuevos casos y 31.440 muertes por cáncer en Chile al año (cifras 2022). La proyección a 2045 prevé un alza de 79 % en la incidencia y de 97 % en la mortalidad. Que la mortalidad crezca más rápido que la incidencia sugiere algo incómodo: la oferta de tratamiento no está acompañando al envejecimiento poblacional.
La radioterapia es un eje clave del tratamiento oncológico: entre 50 % y 60 % de los pacientes la requieren en algún momento. La International Atomic Energy Agency (IAEA) tiene un estándar operativo de 500 tratamientos por máquina al año. Con esa vara, Chile necesita al menos sesenta unidades de megavoltaje. Hoy tiene cuarenta y cinco. La brecha ronda las quince máquinas, y eso antes de incorporar el crecimiento ya proyectado.
La comparación internacional es aún más severa: Chile cuenta con aproximadamente 2,3 aceleradores lineales por millón de habitantes, frente a una mediana cercana a 5 en la OCDE. Estamos en la mitad del estándar de los países con los que aspiramos a compararnos.
El diagnóstico no es un fracaso de gestión clínica: es una falla de mercado predecible. La radioterapia combina un alto costo fijo de inversión, de varios millones de dólares por centro (que incluyen el acelerador lineal, equipamiento de braquiterapia, la construcción de búnkers para alojarlos, personal altamente especializado como radioncólogos, físicos médicos y técnicos de radioterapia, y mantención especializada), con una demanda territorialmente dispersa. Es exactamente el tipo de servicio que el sector privado no proveerá en regiones con baja densidad poblacional. Corregir esa falla requiere tres cosas que sólo el Estado puede sostener: inversión pública planificada con horizonte de al menos una década; financiamiento estable del recurso humano (radioncólogos, físicos médicos y técnicos de radioterapia), cuya formación toma años; y un marco regulatorio que autorice oportunamente la operación de las máquinas ya instaladas.
Una alerta sanitaria construye urgencia, no infraestructura. Lo que falta no es voluntad transitoria sino compromiso fiscal de largo plazo, sostenido a través de ciclos políticos. La pregunta no es cuánto cuesta invertir en radioterapia: es cuánto cuesta no hacerlo.
Florencia Borrescio-Higa,
PhD en Economía y académica de la Escuela de Negocios UAI.
