Fiscalización y judicialización
Señor Director:
El conflicto entre el alcalde de Ñuñoa Sebastián Sichel y el concejal Andrés Argandoña merece una reflexión que va más allá de las personas involucradas. Si los concejales tienen el deber de fiscalizar la gestión municipal y advertir eventuales irregularidades, cabe preguntarse cuáles son hoy los márgenes reales para ejercer esa función sin terminar judicializando el debate político.
Defender la honra es legítimo, pero también debiera preocuparnos el efecto inhibitorio que este tipo de controversias pueda tener sobre la labor fiscalizadora. Más aún cuando persisten preguntas públicas respecto de antecedentes que originaron el conflicto y cuya aclaración institucional resulta relevante.
El Poder Judicial cumple un rol esencial en nuestra democracia, pero no pareciera deseable convertirlo en árbitro habitual de disputas políticas que debieran resolverse, en primer lugar, con más transparencia y deliberación pública.
¿Queremos concejales que fiscalicen con convicción o autoridades y opositores permanentemente enfrentados en tribunales?
Atentamente,
Ignacio Waissbluth von Schultzendorff
Periodista
