Cuando el castigo lo empeora
Señor director:
Las encuestas suelen mostrar que una amplia mayoría cree que el aumento de castigos reduce la violencia y la delincuencia. Es una intuición comprensible y, en algunos casos, correcta. Sin embargo, la evidencia también muestra que ciertas medidas punitivas pueden generar efectos contrarios a los buscados, especialmente cuando involucran a Niños, Niñas y Adolescentes.
Por ello, preocupa que algunos proyectos orientados a controlar la inmigración irregular contemplen solicitar información sobre la situación migratoria de las familias, a través de las escuelas. El riesgo es que muchos padres opten por retirar a sus hijos del sistema educativo por temor a una eventual deportación. Si ello ocurre, podríamos terminar alejando de la escuela precisamente a quienes más necesitan protección, aumentando su exclusión social y su exposición al reclutamiento por parte de organizaciones criminales que utilizan a niños y adolescentes para cometer delitos de distinto tipo.
Fortalecer las herramientas de los establecimientos para prevenir y gestionar la violencia escolar es una necesidad. Las normas de convivencia y los mecanismos de protección de las comunidades educativas pueden contribuir a contener conductas antisociales y resguardar a estudiantes y docentes. Pero sería un error que una política que va en paralelo a las nuevas leyes de Convivencia Escolar y de Escuelas Protegidas, como la indicación del ejecutivo sobre la obligatoriedad de que escuelas denuncien a familias de inmigrantes irregulares, que busca con ello disminuir la delincuencia, terminará creando condiciones que favorezcan la violencia y el crimen.
La seguridad pública no se construye únicamente con sanciones. Sobre todo requiere reducir los factores de riesgo que empujan a niños y adolescentes hacia trayectorias de exclusión y violencia. Ello implica perseguir eficazmente a las redes criminales, y también fortalecer a las familias, asegurar el acceso a educación y salud adecuada, sobre todo a perfiles de estudiantes con mayor riesgo, promover habilidades socioemocionales y generar comunidades capaces de integrar y proteger.
Las sociedades más seguras son aquellas que logran mantener a sus niños en la escuela, vinculados a comunidades prosociales y alejados de las redes delictuales. Al legislar, conviene preguntarse no sólo cuáles son las intenciones de una norma, sino también cuáles serán las consecuencias -no deseadas- que va a generar.
Rafael Rodríguez,
gerente general de Fundación San Carlos de Maipo
