La reforma política que viene
Señor director:
La creciente costumbre en Chile de constituir nuevos partidos políticos sin sustento ni representatividad podría estar llegando a su fin. Con el anuncio del gobierno de otorgar suma urgencia a uno de los dos proyectos de reforma política que se tramitan en el Congreso, existen serias posibilidades de que, a fines de este mes, quede promulgada la reforma más sustantiva a estos conglomerados desde 2016. Es un cambio parcial pero relevante, con efectos que llegarán hasta el ciclo 2029-2030.
Para entender su alcance, conviene partir por la puerta de entrada al sistema: la reforma eleva los requisitos para conformar una nueva colectividad al 0,3% del padrón, con un piso de 500 militantes por región y elimina la figura de las tiendas constituidas sólo en tres regiones contiguas. Busca lidiar con colectividades que tienen poca estructura real o sobreviven mediante resquicios legales.
Asimismo, se elevan las exigencias a los independientes: se mantiene el 0,5% de firmas, pero ahora calculado sobre la totalidad del padrón. Así, un candidato presidencial independiente en 2030 necesitará cerca de 80 mil firmas —no 35 mil, como hasta ahora—, reduciendo el riesgo de aventuras electorales poco competitivas como las de Tomás Jocelyn-Holt o Harold Mayne-Nicholls.
Pero el cambio más disruptivo se encuentra en una disposición transitoria que obliga a las colectividades vigentes a reunir, en 18 meses y en todas las regiones donde están constituidos, al menos la mitad de los militantes que exige la nueva ley. Al cruzar esa exigencia con las cifras reales de afiliados que reporta el Servel, el efecto es inmediato: el sistema quedaría reducido a entre nueve y diez conglomerados, de los quince hoy vigentes.
Superarían el umbral con holgura bloques como el Frente Amplio, el PC, y Renovación Nacional; otras, como la Democracia Cristiana y la UDI, dependen de suplir su déficit en un par de regiones y partidos pequeños como los Regionalistas Verdes o el Liberal quedarían muy lejos de la meta.
Podemos legítimamente preguntarnos si esto no correrá el riesgo de excluir proyectos políticos emergentes. Lo cierto es que desde 2016 la experiencia ha recompensado la supervivencia legal cumpliendo mínimos por sobre tener partidos fuertes y genuinamente representativos. Entidades nuevas tendrán que demostrar – como ya lo hizo el PNL en 2025 – una masividad real para constituirse.
La pregunta de fondo es la siguiente: ¿cuál es el sentido de persistir con las mismas reglas del sistema político, cuando estas nos condenan a indicadores mediocres y a una política con dificultad de resolver los problemas de la gente? Por eso, este rebaraje no debe leerse como un simple ajuste administrativo, sino como una oportunidad real para dar estabilidad y destrabar la discusión legislativa, sobre todo si viene acompañado de reformas al sistema electoral y al tamaño del Congreso.
Lucas González Acuña
Investigador, Instituto Libertad
