Fortalecer el Instituto Nacional de Derechos Humanos es robustecer nuestra democracia
Señor director:
El debate sobre la reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos representa una oportunidad de reflexión sobre la importancia de que existan instituciones autónomas, con potestades para supervisar la actuación del Estado y proteger los derechos de todas las personas, con independencia de quién ejerza el gobierno y el poder político de turno.
El INDH ha enfrentado diversos cuestionamientos a su funcionamiento, gobernanza y dificultades internas, lo que hace legítimo discutir mejoras a la institución. Así lo entendió la comisión asesora plural que en 2025 entregó 44 recomendaciones para fortalecerlo, 42 de ellas por unanimidad. El proyecto del Ejecutivo cita ese informe, pero en aspectos centrales se aparta de su propósito. Cualquier reforma debe orientarse a fortalecer la independencia, el pluralismo, la participación de la sociedad civil y la capacidad de actuación del INDH, conforme a los Principios de París.
El mensaje afirma que la mayoría del nuevo Consejo provendrá de la sociedad civil, pero el articulado entrega a los órganos políticos la designación de cuatro de sus cinco integrantes. Además, una norma transitoria pone fin por ley al mandato de los consejeros actuales y deja en manos del gobierno de turno la propuesta de un Consejo de reemplazo. Preocupa también que el informe financiero prevea reducir a la mitad la dotación regional y en 70% los abogados de protección. Lo anterior no solo transgrede principios básicos del funcionamiento de las instituciones nacionales de derechos humanos, sino que crea incentivos perversos para que el INDH no cumpla sus objetivos.
Merece especial preocupación la eliminación de su facultad de presentar querellas. Esta atribución no sustituye la labor del Ministerio Público, sino que la complementa: la Constitución le reserva la investigación, pero permite que otros ejerzan la acción penal. Quien solo denuncia no accede a la investigación ni puede recurrir, y cuando los posibles responsables son agentes del Estado, esa diferencia no es menor.
Las instituciones autónomas cumplen una función esencial en democracia: observar, cuestionar, recomendar y exigir responsabilidades al poder público, sin lealtades políticas ni distinciones entre gobiernos. Forman parte del sistema de pesos y contrapesos propio del constitucionalismo moderno.
Por ello, creemos necesario que el Congreso promueva una discusión amplia y transversal, que retome las recomendaciones de la comisión y los estándares internacionales, para perfeccionar el INDH sin debilitar sus atribuciones ni comprometer su autonomía. Defender su existencia y sus herramientas de protección es defender garantías democráticas que pertenecen a toda la ciudadanía.
Paula Salvo,
Constanza Valdes,
Centro Derechos Humanos UAH
Lieta Vivaldi,
Antonia Rivas,
Ana Luz del Rio,
Anita Fuentes,
Patricia Rada,
Marcela Rivas,
Paulina Soriano,
Cecilia Noguer,
Patricia Reyes
Grace Méndez
Laura Albornoz
Marcela Ruíz
Fernanda Gajardo Manríquez
Julieta Espinoza Gaete
Tomás Pascual
Gloria Aranda
Verónica Venegas Díaz
M. Ángeles Coddou
Pietro Sferrazza
Patricia Silva
Ymay Ortiz Pulgar
Constance Nalegach
Montserrat Rodríguez Ferrer
Valentina Contreras Orrego
