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Ahora desde el gobierno de Piñera contradicen a Rabat: exministro Larraín cuestiona rebajas de penas
El exsecretario de Estado aseguró que rechazó beneficios a violadores de menores y solo los concedió por orden judicial. Advirtió que la Corte Suprema cambió de criterio y hoy respalda denegarlos, debilitando el argumento con que el actual titular de Justicia otorgó 56 rebajas de condena.
El exministro de Justicia Hernán Larraín salió este viernes a contradecir uno de los principales argumentos utilizados por el Gobierno de José Antonio Kast para justificar las 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.
En una declaración pública, aseguró que la Corte Suprema ha modificado su criterio en fallos recientes y respaldado la exclusión de estos beneficios, poniendo en cuestión la interpretación defendida por el actual ministro Fernando Rabat.
Larraín, quien encabezó Justicia durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, relató que en 2018 rechazó una solicitud de rebaja presentada por un condenado por violación de un menor de 14 años. Sin embargo, posteriormente recibió una resolución judicial que lo obligó a concederla.
“Esta doctrina, respaldada por reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema, nos forzó a dictar los decretos correspondientes, dejando constancia en cada caso los considerandos de esos fallos”, explicó, subrayando que no se trataba de una decisión discrecional, sino del cumplimiento de un mandato judicial.
El exsecretario de Estado recordó que, precisamente para impedir estos beneficios, el Gobierno de Piñera presentó en noviembre de 2019 un proyecto que terminó convertido en la Ley 21.421, promulgada en enero de 2022, que excluyó de las rebajas a condenados por determinados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Según Larraín, durante la tramitación quedó establecido que la modificación debía aplicarse inmediatamente, incluso respecto de condenas anteriores, por tratarse de un beneficio penitenciario y no de una norma penal.
Para reforzar ese punto, citó la historia legislativa: “No hay derecho adquirido respecto del beneficio de rebaja de condena, sino que solo se tiene derecho a él si al momento de postular se cumple con la ley vigente”.
El cambio de criterio que cuestiona la defensa de Rabat
Larraín reconoció que, tras la reforma, la Corte Suprema inicialmente permitió conceder rebajas a personas condenadas antes de su entrada en vigor. No obstante, aseguró que esa posición ha cambiado en resoluciones recientes.
“En fallos recientes la Corte ha modificado esa posición y ha rechazado su entrega, reconociendo que la rebaja de condena no está comprendida en el principio de irretroactividad penal”, sostuvo.
Sus declaraciones contrastan con la defensa de Rabat, quien ha invocado la jurisprudencia del máximo tribunal para justificar la concesión administrativa de los beneficios, sin que mediara una orden judicial individual en los 56 casos.
La controversia llevó este viernes al Ministerio de Justicia a suspender la tramitación de nuevos decretos y anunciar modificaciones legales, tras reconocer un vacío normativo respecto de las restricciones incorporadas en 2022.
La declaración de Larraín se suma a los cuestionamientos del también exministro Jaime Gajardo, quien acusó al Gobierno de equiparar decretos dictados por orden judicial con beneficios concedidos directamente por la actual administración. Ambos exsecretarios de Estado coinciden en que sus respectivas administraciones defendían el rechazo de estas solicitudes ante los tribunales.
