La sonrisa y el poder

Hay sonrisas que no alcanzan a iluminar los ojos y expresiones de cordialidad que parecen desmentidas por la manera en que se ejerce el poder. Pero el problema de José Antonio Kast no está en su semblante, sino en la distancia entre la imagen de autoridad que ha construido y las responsabilidades que le corresponde asumir. Llegó a La Moneda prometiendo ordenar la casa, recuperar la seguridad y devolverle prosperidad a Chile. Ahora debe demostrar que detrás de aquellas consignas existe algo más que una voluntad de mando y una colección de certezas ideológicas.

Durante años, Kast hizo de la descalificación de sus adversarios una herramienta de confrontación política. Desde el Gobierno, sin embargo, las acusaciones ya no pueden descansar en la comodidad de la oposición. Deben sostenerse en hechos, y las promesas deben traducirse en decisiones eficaces. No basta con denunciar el desorden heredado, porque gobernar consiste precisamente en hacerse cargo de aquello que otros no resolvieron. Tampoco basta con atribuir los problemas a las circunstancias internacionales, a los ministros o a las deficiencias de la vocería, como si la responsabilidad presidencial pudiera disolverse en una interminable sucesión de explicaciones.

Mientras tanto, en el país real, donde nadie dispone de un equipo de comunicaciones para justificar sus fracasos, las familias siguen preocupadas por el empleo, el costo de la vida y la inseguridad. Allí no sirven las declaraciones grandilocuentes ni las fórmulas económicas recitadas con suficiencia. Allí se necesitan resultados. Y la pregunta que Kast debe responder es si las políticas de su Gobierno están efectivamente contribuyendo a producirlos.

Especialmente grave resulta la tentación de mirar al Estado como un territorio ocupado por adversarios y a sus funcionarios como obstáculos que deben ser removidos. La administración pública no es propiedad de ningún gobierno. Pertenece a los chilenos y está sostenida por miles de personas que conocen sus instituciones bastante mejor que muchos de quienes llegan a dirigirlas. Despreciar esa experiencia, confundir la lealtad política con la competencia profesional y tratar la discrepancia como una forma de enemistad no constituye una demostración de autoridad, sino una manera de debilitar las capacidades que el propio Gobierno necesita.

A ello se agrega una concepción estrecha de la conducción política, que parece reservar una confianza privilegiada a un pequeño universo de empresarios, tecnócratas y colaboradores ideológicamente afines. No es la riqueza ni la formación especializada lo que merece reproche, sino la pretensión de que ambas confieren una comprensión superior del país. Chile es bastante más complejo que los círculos donde se celebran las propias convicciones y mucho más diverso que los grupos que acostumbran reunirse alrededor del poder. Quien no escucha a los trabajadores, a los profesionales, a las comunidades y a quienes conocen las dificultades concretas de la administración termina gobernando una representación imaginaria de la sociedad.

La incompetencia política, cuando existe, no se corrige cambiando al portavoz ni perfeccionando el relato. Se corrige reconociendo los errores, modificando las decisiones y aceptando que la realidad tiene la desagradable costumbre de desmentir las doctrinas. Jorge Quiroz debe responder por los efectos de su conducción económica; el Ministerio de Seguridad, por la consistencia y los resultados de su estrategia; y Kast, por el conjunto de una administración cuya orientación política ha definido y cuya responsabilidad última le pertenece.

Pero hay algo todavía más importante que la eficacia. Es la verdad. Una democracia comienza a degradarse cuando la acusación sustituye a la prueba, cuando las omisiones se utilizan para construir relatos convenientes y cuando destruir la reputación del adversario parece más importante que esclarecer los hechos. Quienes hicieron de la superioridad moral una bandera tienen una obligación especialmente exigente de no confundir propaganda con información ni discrepancia con deshonestidad.

Kast quiso convencer a los chilenos de que los problemas nacionales podían resolverse con decisión, disciplina y autoridad. Ahora enfrenta la prueba que ninguna campaña electoral puede evitar: demostrar que sabe gobernar un país que no está obligado a compartir sus convicciones. Porque Chile no es una empresa de sus amigos, ni una propiedad de sus partidarios, ni una casa cuyos habitantes deban obedecer silenciosamente al dueño.

La Moneda no necesita una sonrisa mejor ensayada ni una vocería más ingeniosa. Necesita decisiones que resistan el examen de los hechos, autoridades capaces de rectificar y un Presidente que comprenda que ejercer el poder no equivale a tener razón. El problema nunca fue explicar mejor cómo se ordenaría la casa. El problema es que la casa pertenece a todos los chilenos y que gobernarla exige mucho más que dar órdenes.