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El neteo judicial: ministro Larraín olvida que jueces solo pueden juzgar según la ley Opinión

El neteo judicial: ministro Larraín olvida que jueces solo pueden juzgar según la ley

Max Spiess
Por : Max Spiess Ex asesor de Hacienda del gobierno de Ricardo Lagos
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Lo irritante no es la sustancia de sus declaraciones sino la ausencia de una disculpa sincera. Que un ministro lúcido caiga en la retórica típica de lo peor de varios de nuestros políticos, que es creer que los ciudadanos somos tontos y que nos tragamos ruedas de carreta, es inaceptable. Aunque, pensándolo bien, quizá estos políticos tengan razón, somos tontos, pues no obstante que varios de ellos, malos políticos, se ríen en nuestra cara explicando lo inexplicable, igual los terminamos reeligiendo, lo que en buena medida es otra forma de impunidad.


El ministro Hernán Larraín se despachó la siguiente afirmación: “Si miran y analizan la estructura de los jueces se van a dar cuenta de que la mayoría de los jueces son de izquierda. ¿Y por qué? Porque en los últimos años, cuatro años hemos tenido Gobierno de derecha y 24 años de gobiernos de izquierda. Y como los ministros de Justicia son los que nombran a los jueces, el resultado es dos más dos. Entonces, cómo cambiamos esto. Bueno, vamos a seguir teniendo jueces, así que ahora algo ‘netearemos’, pero más que eso vamos a nombrar buenos jueces”. El sorprendido ministro se defiende alegando que se trata de declaraciones sacadas de contexto, pues habrían sido vertidas en el ámbito de una conversación privada. Luego han venido réplicas y dúplicas para tratar de aclarar lo que es ya bastante claro… o en buen chileno: para defender lo indefendible.

El ministro Larraín, con su declaración, induce al lector a concluir que el juez, por ser de izquierda, superpone su convicción o afecto ideológico en la forma de resolver las causas que se le ponen bajo su conocimiento. Otra forma de mirarlo, es para decir que en una conducta de abierta venalidad, el juez de izquierda favorece, con sus resoluciones, a las partes o abogados que comulgan con sus creencias políticas. Él dice que no dice lo que dijo. Recordando a Condorito, solo puedo decir: ¡Plop! Me tendrá que disculpar el ministro, pero es absolutamente imposible entender su infeliz frase de cualquier otra forma.

En lo sustantivo, el ministro Larraín comete un error grave, pues suponer que los jueces actúan movidos por sus inclinaciones personales, ya sea políticas, religiosas, deportivas o de cualquier orden, supone pensar que el Estado de Derecho no existe, pues la administración de justicia estaría, entonces, determinada por el azar de caer la causa en un tribunal que sea o no afín a las inclinaciones del demandante y no por el imperio de la Ley garantido por la Constitución.

Recordemos que a los jueces, y particularmente en el riguroso sistema legalista chileno, los obliga férreamente a conocer, sustanciar y fallar las causas de su competencia, según procedimientos legalmente establecidos; a fallar conforme a derecho positivo; a ponderar la prueba en línea con reglas estrictas e indicadas en la ley; y, finalmente, sus fallos están sometidos a un control de legalidad por medio de recursos que permiten revisar lo obrado, como asimismo la conducta de dichos jueces.

[cita tipo=»destaque»]Lo que causa perplejidad, además, es que este ministro de Justicia no es cualquier “ministro de Justicia”: el profesor Hernán Larraín es sin duda un maestro del derecho que educó a innumerables generaciones de abogados reputados en su famosa cátedra de Introducción al Derecho, en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es decir, una cátedra que justamente revisa estas cuestiones fundamentales de la justicia. El profesor Larraín, creo, le debe una buena explicación a sus alumnos de tantos años.[/cita]

Estas son las reglas y elementos básicos que sostienen el imperio del derecho en materia judicial y tienen su raíz no ya en la ley solamente, sino que están consagrados en la Constitución. Argüir de soslayo que los jueces tienen flexibilidad para obviar estos elementos fundamentales de nuestro ordenamiento social implica sostener que el Estado de Derecho no les empece y que pueden dar pie a sus opciones, inclinaciones, gustos o creencias personales, con lo que la función jurisdiccional pierde toda objetividad, previsibilidad y sustentabilidad social. Que lo infiera el mismísimo ministro de Justicia es grave, gravísimo.

Lo que causa perplejidad, además, es que este ministro de Justicia no es cualquier “ministro de Justicia”: el profesor Hernán Larraín es sin duda un maestro del derecho que educó a innumerables generaciones de abogados reputados en su famosa cátedra de Introducción al Derecho, en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es decir, una cátedra que justamente revisa estas cuestiones fundamentales de la justicia. El profesor Larraín, creo, le debe una buena explicación a sus alumnos de tantos años.

Es cierto que los jueces no son robots, no son androides y que “tienen su corazoncito” también. Son seres humanos y por sus venas corre sangre, como así también a las partes que litigan bajo su conocimiento. También es cierto que existe un ardoroso debate en las aulas académicas y en las salas de tribunales, respecto de nuevas o modernas escuelas de pensamiento legal que buscan abrir espacios de creatividad resolutoria y actividad judicial que promueva al juez a estatuirse como un verdadero colegislador al revisar el sentido de la norma que busca aplicar y reinterpretarla de conformidad con nuevos contextos fácticos y actualizadas realidades sociales, culturales y económicas.

Este activismo judicial es posible y lo hemos visto aplicar en causas que han marcado “un antes y un después” en la historia de nuestro país. Más allá de nuestras fronteras, esta es una querella vieja y hay casos relevantes y experiencia basta y reiterada en tal sentido. Sin embargo, es justo reconocer que, si bien una norma puede ser reinterpretada a la luz del contexto histórico, social, cultural o económico, los límites de la acción jurisprudencial y jurisdiccional no le permiten al juez intentar fallar contra la ley o en desconocimiento de ley, incluso en su ausencia.

Por ejemplo, hace unos pocos decenios, aplicar un buen coscorrón a un chiquillo mal portado no era ni pecado venial; en cambio, si hoy usted lo intenta, hasta los vecinos lo denunciarían por abuso o maltrato. ¿Cambió la norma? ¡No! Lo que cambió es la interpretación de la aplicación de la norma que protege la infancia, como producto de un cambio cultural.

Ahora, pasemos a las formas que agravan la falta del señor ministro: alegar, cual doncella, que su intimidad ha sido violentada porque sus declaraciones habrían sido vertidas en el ámbito privado nos refuerza entender que el ministro opinó con rampante sinceridad y expresando lo que piensa íntimamente. Al menos, al igual que el señor Ezzati, eso lo único rescatable de sus declaraciones: ambos hablan con sus puras y duras verdades… lo que no excusa el reproche.

Luego, alegar una pretendida sacada de contexto periodístico es infantil, por decir lo menos, y supone que los ciudadanos somos lo suficientemente estúpidos como para contentarnos con esa excusa. Estas explicaciones pretenden obviar la ligereza del ministro que sabe que, en estas épocas de smartphones y redes sociales, todo es público y el ámbito de lo privado se ha reducido a su más mínima expresión. Un viejo dicho de campo dice que lo primero que usted debe hacer cuando cae en cuenta que está cavando su propia tumba, es ¡soltar la pala!

Lo que me harta e indigna, no solo es la sustancia de sus declaraciones y la ausencia de una disculpa sincera. Que un ministro inteligente y lúcido caiga en la retórica típica de lo peor de varios de nuestros políticos, que es creer que los ciudadanos somos tontos y que nos tragamos ruedas de carreta, es inaceptable. Aunque, pensándolo bien, quizá estos políticos tengan razón, somos tontos, pues no obstante que varios de ellos, malos políticos, se ríen en nuestra cara explicando lo inexplicable, igual los terminamos reeligiendo, lo que en buena medida es otra forma de impunidad. A propósito, la impunidad es la contracara del Estado del Derecho… Estado de derecho… ah, claro, si de eso estábamos justamente conversando.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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