Opinión
A pesar de que el Estado de Chile ratificó la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas –con fecha 8 de diciembre de 2009–, que lo obliga a establecer la verdad de lo ocurrido por las víctimas de la desaparición forzada y luchar contra la impunidad, lamentablemente debemos consignar que en los diversos informes obligatorios que ha tenido que elaborar nuestro país al comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, se sigue constatando y reconociendo este grave incumplimiento. Agrava la situación, que el actual Gobierno no haya expresado su voluntad de avanzar en esta materia a través de iniciativas concretas, que permitan cumplir debidamente con la exigencia ética de la ciudadanía de establecer la verdad de los detenidos desaparecidos, como con el claro mandato constitucional de respetar y aplicar los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Chile.
La llegada de un nuevo 11 de septiembre nos obliga no solo a recordar la barbarie que significó para el país el golpe de Estado de 1973 como un necesario ejercicio de memoria para que las nuevas generaciones tomen conciencia de lo ocurrido, sino además es un momento propicio para analizar –en sus aspectos centrales– la situación actual de los Derechos Humanos, específicamente en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, todos elementos centrales de la justicia transicional, cuya observancia y cumplimiento se demanda a los Estados posdictatoriales.
Lamentablemente, el examen no solo no consigna avances, sino que además constata serios retrocesos.
En materia de verdad, no cabe duda que la mayor deuda pendiente es que aún ni los familiares ni la sociedad toda conocen la suerte corrida por 1.124 compatriotas víctimas de la desaparición forzada. Este incumplimiento ha significado que, por ejemplo, Carmen Vivanco, que acaba de cumplir 102 años, aún no puede saber lo ocurrido con sus cinco familiares detenidos desaparecidos, drama que se repite en cada familiar de detenido desaparecido.
A pesar de que el Estado de Chile ratificó la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas –con fecha 8 de diciembre de 2009–, que lo obliga a establecer la verdad de lo ocurrido por las víctimas de la desaparición forzada y luchar contra la impunidad, lamentablemente debemos consignar que en los diversos informes obligatorios que ha tenido que elaborar nuestro país al comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, se sigue constatando y reconociendo este grave incumplimiento.
Agrava la situación, que el actual Gobierno no haya expresado su voluntad de avanzar en esta materia a través de iniciativas concretas, que permitan cumplir debidamente con la exigencia ética de la ciudadanía de establecer la verdad de los detenidos desaparecidos, como con el claro mandato constitucional de respetar y aplicar los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Chile.
En cuanto a las obligaciones del Estado chileno de aplicar justicia en los crímenes de Derechos Humanos, al precario avance en esta materia que se expresa –entre otros incumplimientos– por parte de un poder del Estado en la permanente aplicación de la “media prescripción”, prohibida por la normativa internacional de DDHH en casos de crímenes contra la humanidad, se suma un claro retroceso en los últimos meses debido a los fallos dictados por la Sala Penal de la Corte Suprema, que otorgaron libertades condicionales a seis condenados por este tipo de crímenes, vulnerando gravemente, con ello, los principios y normas instituidos por el sistema internacional de Derechos Humanos, del cual Chile forma parte.
Estos fallos dieron origen a la presentación de una acusación constitucional por parte de parlamentarios, quienes, haciendo uso de una atribución privativa, pretenden hacer valer la responsabilidad política de los tres jueces de la Corte Suprema, por haber incurrido en notable abandono de sus deberes.
[cita tipo=»destaque»]Toda sociedad civilizada, respetuosa de los Derechos Humanos y comprometida con el «Nunca Más» –como lo es mayoritariamente la sociedad chilena– debe exigir del Estado, y especialmente del Gobierno, que ponga término a toda práctica y expresión negacionista, tanto por encontrarse prohibidas por la comunidad internacional y su normativa, como por constituir una afrenta a la memoria y a las víctimas. Además, representan una solapada forma de pavimentar la repetición de la trágica experiencia vivida a partir del 11 de septiembre de 1973, fecha que hoy tristemente recordamos.[/cita]
Compartimos el mérito de la acusación constitucional, principalmente porque el desconocimiento de la normativa internacional de los DDHH por parte de los tres magistrados constituye un grave incumplimiento –en cuanto integrantes de uno de los poderes del Estado– del claro mandato constitucional establecido en el inciso segundo del Artículo 5 de la Constitución Política vigente, que, respecto de los Derechos Humanos, señala que “es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.
Es por ello que coincidimos con lo expresado por destacados académicos, quienes, para fundamentar la pertinencia de la acusación constitucional, señalaron que cualquier interpretación sobre la legislación aplicable en materia de libertades condicionales en casos de crímenes contra la humanidad, que significara “formas larvadas de impunidad” y que no favoreciera el derecho de las víctimas y sus familiares a la justicia, debía ser desechada en virtud de lo prescrito por la normativa internacional de Derechos Humanos, de aplicación obligatoria para los tribunales de justicia y que debe primar –por expreso mandato constitucional– por sobre cualquier otra norma jurídica de rango inferior vigente en el ordenamiento jurídico interno, como lo son las leyes, decretos y reglamentos.
El Estado sigue sin respetar el derecho de las víctimas a una debida reparación. A las exiguas reparaciones entregadas en el pasado, que no se condicen con el grave daño causado y los estándares exigidos por los órganos competentes de Naciones Unidas, se debe agregar el incumplimiento de las obligaciones internacionales en esta materia por el actual Gobierno y una evidente indiferencia de su parte por el dolor de las víctimas, que se expresó en el retiro de un proyecto de ley sobre reparación presentado por la administración anterior, en las postrimerías de su mandato. El retiro de la iniciativa legal generó un fuerte rechazo e indignación en las víctimas sobrevivientes y motivó una interpelación parlamentaria al actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, en la que se cuestionó fundadamente –a nuestro entender– el compromiso del Gobierno con el debido cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos.
En cuanto a las garantías de no repetición, a la cuestionable ausencia de iniciativas en esta materia, como por ejemplo la ya explicitada decisión de no promover un proceso constituyente que culmine con una nueva Constitución, que no solo reconozca sino que también garantice los Derechos Humanos y devuelva la soberanía popular arrebatada con el golpe de Estado, se suma la preocupante aparición de diversas expresiones de negacionismo, tanto desde la actual administración como en los diversos medios de comunicación y emergentes movimientos políticos.
En efecto y solo a modo de ejemplo, mencionaremos el nombramiento del ex ministro de Cultura, Mauricio Rojas, que calificó como un montaje al Museo de la Memoria; la mantención en el cargo del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, cuestionado por encubrimiento en el caso del asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva; las declaraciones del diputado UDI, Ignacio Urrutia, quién tildó a las víctimas sobrevivientes como “terroristas con aguinaldo”; y la permanente tribuna que les otorgan diversos medios de comunicación a férreos defensores del régimen tiránico y opresor que instauró la barbarie en nuestro país durante 17 años, como son José Antonio Kast y su reciente organización “Acción Republicana”.
Hay que agregar las amenazas sufridas por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Carmen Hertz, y el verdadero acto de profanación del sitio de Memoria Villa Grimaldi, cometido días atrás por el denominado Movimiento Social Patriota.
Toda sociedad civilizada, respetuosa de los Derechos Humanos y comprometida con el «Nunca Más» –como lo es mayoritariamente la sociedad chilena– debe exigir del Estado, y especialmente del Gobierno, que ponga término a toda práctica y expresión negacionista, tanto por encontrarse prohibidas por la comunidad internacional y su normativa, como por constituir una afrenta a la memoria y a las víctimas. Además, representan una solapada forma de pavimentar la repetición de la trágica experiencia vivida a partir del 11 de septiembre de 1973, fecha que hoy tristemente recordamos.
