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Quintero-Puchuncaví: oportunidad para comenzar a hacer bien las cosas

por 20 septiembre, 2018

Quintero-Puchuncaví: oportunidad para comenzar a hacer bien las cosas
La crisis de Quintero-Puchuncaví nos está golpeando, es verdad, pero también nos está abriendo una gran oportunidad para revisar y reparar todo lo que se ha hecho mal. Es una gran oportunidad para todos, para el Estado y sus instituciones, para los partidos políticos, la empresa privada y los ciudadanos. En particular, para el Presidente Piñera, quien tiene ahora la oportunidad real de “tomar el toro por las astas” y pasar a la historia siendo el arquitecto de los cambios que se requieren con urgencia en materia de políticas, administración y derecho ambientales. ¿Le interesará al Primer Mandatario? Ojalá que sí, por el bien de Chile y sus futuras generaciones. ¿Qué opina usted?
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En materia medioambiental estamos atrapados en nuestros errores del pasado. Impúdicamente elaboramos y hemos aplicado por décadas un Derecho Medioambiental defectuoso e inoperante, el cual ante cualquier transgresión tiene poco que aportar. El conjunto de leyes, normas y estándares de las cuales disponemos, salvo raras excepciones, fueron a tal punto acomodadas a los intereses empresariales, que resultan inútiles para poner freno a la contaminación. Propongo que, si reconocemos dichos errores, podríamos convertirlos en el umbral para comenzar a mejorar el presente y asegurar un buen futuro a la gestión medioambiental en Chile.

El episodio de Quintero-Puchuncaví, más que un problema socioambiental, es un delito grave, por el cual los responsables deben responder. Como dijo la ministra del Medio Ambiente, “caiga quien caiga”. Totalmente de acuerdo. A las industrias se les ha permitido por demasiado tiempo eludir las consecuencias de sus agresiones al medioambiente. Hasta el 21 y 24 de agosto, y 4 de septiembre, días en que las condiciones de ausencia de viento, humedad y luz calórica retuvieron las emisiones, formando nubes tóxicas y, es muy probable, creando “esmog fotoquímico”, al componer otros gases aún más tóxicos en el aire inhalable de Quintero-Puchuncaví. Resultado: en pocos días, más de 600 personas hospitalizadas de urgencia con signos de envenenamiento.

En estos casos de accidentes o catástrofes ambientales que atacan la salud de la población, la institucionalidad chilena nos deja atónitos. Es pasmosa su ineficiencia para reaccionar en situaciones de contingencia. Cuando se trata de establecer normas ambientales correctas, su incapacidad ha sido sorprendente. Chile es uno de los pocos países en los cuales un experto estudiando un episodio de contaminación se encuentra con normas ambientales ridículas. Peor aún, al terminar su análisis comprueba que no solo se permiten emisiones de gases tóxicos en elevadas concentraciones sino que también amparan delitos con aristas que rayan en la criminalidad.

Se nos vienen a la memoria los siniestros producidos en varias partes del mundo por la liberación de gases tóxicos industriales. Recordemos, Bhopal, Basilea y Chernóbil. El caso de Bhopal, India, en 1984, es el más similar. Un escape de gas venenoso de más de 40 toneladas de isocianato metílico, cianuro de hidrógeno, amina mono-metil y otros gases de una planta de plaguicidas de la Union Carbide provocó más de 7 mil muertes, 20 mil heridos y lesiones pulmonares y oculares a más de 200 mil personas. Como es común en este tipo de casos, la causa fue la reducción de costos de la empresa, dedicando menos recursos a las medidas de control y seguridad. Han pasado 34 años y la población de Bhopal sigue sufriendo las consecuencias del escape de gas tóxico.

Las atribuciones de esta nueva autoridad podrían incluir, por ejemplo, poder político para examinar las operaciones industriales con mayor potencial de contaminación; revisar, conceder o suspender sus permisos de emisiones; establecer y poner en operación un sistema público de vigilancia ambiental permanente que cuente con equipos de última generación para el monitoreo y control de la contaminación en todas sus formas; diseñar nuevos instrumentos administrativos y legales para la fiscalización ambiental; y lo más importante, fijar nuevas normas y estándares de emisiones (acordes con las normativas internacionales recomendadas por la OMS) que controlen efectivamente los delitos criminales contra la salud de las personas, el medioambiente y los ecosistemas.

Hasta ahora, ¿cuáles han sido las reacciones de las autoridades de salud, de las de medioambiente y las empresas? Algo que resulta increíble. ¿Cerraron de inmediato todas las industrias contaminantes hasta descubrir el origen de los gases tóxicos? No, solo Enap, una empresa pública. Las autoridades optaron por cerrar todas las escuelas y enviar a los niños a sus casas. ¿Allí los gases los afectarían menos? ¿Cómo se pueden interpretar estas medidas? Solo hay una forma. Lo prioritario es que las industrias sigan funcionando, sin importar lo contaminantes que sean. Para el Estado, la salud de una población marginal es secundaria y el control de la contaminación es un lujo que no corresponde.

Lo obsceno de esta actitud, es que a ella se suman, por una parte, la codicia de los empresarios que solo privilegian sus beneficios económicos y, por otra, las carencias de los empleados, a quienes lo único que les interesa es conservar sus empleos. Para todos ellos, lo medioambiental es un lujo para países ricos. Pero esto está cambiando. La gente ha comenzado a reaccionar y con fuerza.

Sin embargo, no será fácil superar estas actitudes negativas. El Estado tiene una gran responsabilidad. Por años favoreció la formación de una institucionalización y normalización muy mediocres, desacreditando a la gestión medioambiental, reduciéndola a una secuela de trámites burocráticos insulsos. También han sido muchos los desatinos derivados de las estériles peleas por las parcelas de poder entre ministerios e instituciones (Hacienda, Economía, Agricultura, Segpres, Interior, Contraloría), que por décadas se opusieron al establecimiento de la gestión medioambiental como nueva función del Estado. Se postergó hasta el 2010 contar con un Ministerio del Medio Ambiente (MMA), 40 años más tarde que la inmensa mayoría de países del mundo.

¿A qué se debió semejante retraso? A una lógica que aún prevalece. El rechazo generalizado a las inversiones públicas y privadas para actividades de mejoramiento y protección ambiental, conservación de la biodiversidad, manejo sostenible de todos los tipos de bosques y lucha contra la contaminación. Por ello, el MMA en la práctica es un ministerio que resultó ser como un bonsái: tiene todos los atributos de un verdadero árbol, pero solo sirve de adorno. No tiene poder político, por lo cual acaba siempre siendo un estorbo. Recordemos el Caso Dominga.

Al carecer de poder político, el MMA tampoco puede ejercer liderazgo en la solución de los conflictos ambientales. Al no contar con recursos humanos de primer nivel y recursos financieros suficientes, tampoco ha podido estar en primera línea para armonizar la política ambiental con las políticas sociales, de salud, de crecimiento económico, comercio internacional y desarrollo tecnológico. Esta deplorable situación exige contar a la brevedad con una autoridad ambiental con suficiente poder político y financiero para realizar las tareas que el país requiere con urgencia.

Frente a este cuadro de incapacidades y limitaciones, nos surge de inmediato la pregunta clave: ¿qué hacer?

Entre las medidas que consideramos más pertinentes figuran: 1) suspender las operaciones de todo el complejo industrial, dando una solución ejemplar que satisfaga a las poblaciones locales de Quintero y Puchuncaví; 2) investigar y culpar a las industrias responsables, las cuales deberían compensar económicamente a las víctimas; 3) examinar los permisos de operación de todas las empresas del complejo industrial y renovar solo aquellas que garanticen el control de sus emisiones contaminantes para cumplir con las recomendadas a nivel internacional por la OMS; y 4) instalar una nueva Autoridad Medioambiental Contra la Contaminación, de carácter supraministerial, temporal, con suficiente poder político, delegado directamente por el Presidente de la República.

Las atribuciones de esta nueva autoridad podrían incluir, por ejemplo, poder político para examinar las operaciones industriales con mayor potencial de contaminación; revisar, conceder o suspender sus permisos de emisiones; establecer y poner en operación un sistema público de vigilancia ambiental permanente que cuente con equipos de última generación para el monitoreo y control de la contaminación en todas sus formas; diseñar nuevos instrumentos administrativos y legales para la fiscalización ambiental; y lo más importante, fijar nuevas normas y estándares de emisiones (acordes con las normativas internacionales recomendadas por la OMS) que controlen efectivamente los delitos criminales contra la salud de las personas, el medioambiente y los ecosistemas.

Estamos convencidos de que solo una nueva autoridad como la señalada permitiría al Estado Chileno actuar rápidamente para enfrentar con éxito la “emergencia nacional” que representan los más de 100 problemas socioambientales graves que afectan al país; revisar las políticas y programas operativos vigentes de todos los ministerios sectoriales relevantes. Lo primero tiene que ser solucionar la catástrofe ambiental de Quintero-Puchuncaví y, después, continuar con el control de la contaminación y protección de la salud en todo el país.

Finalmente, ¿estamos ante una crisis o una gran oportunidad? Habiendo reconocido lo grave de la crisis, miro al futuro y me inclino por darle más importancia a la oportunidad. Ahora es cuando podemos comenzar a hacer bien las cosas. En primer lugar, creando esa autoridad Supraministerial Contra la Contaminación arriba propuesta y fortalecer al mismo tiempo al MMA. Debemos recuperar el tiempo perdido, saltando a una nueva era de gestión medioambiental en Chile.

La crisis de Quintero-Puchuncaví nos está golpeando, es verdad, pero también nos está abriendo una gran oportunidad para revisar y reparar todo lo que se ha hecho mal. Es una gran oportunidad para todos, para el Estado y sus instituciones, para los partidos políticos, la empresa privada y los ciudadanos. En particular, para el Presidente Piñera, quien tiene ahora la oportunidad real de “tomar el toro por las astas” y pasar a la historia siendo el arquitecto de los cambios que se requieren con urgencia en materia de políticas, administración y derecho ambientales. ¿Le interesará al Primer Mandatario? Ojalá que sí, por el bien de Chile y sus futuras generaciones. ¿Qué opina usted?

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