Opinión
El proyecto de Ley de Admisión Justa y sus respectivas modificaciones representa un retroceso en términos de inclusión social de los estudiantes del sistema escolar chileno.
La propuesta emanada por el actual gobierno, más que promover justicia al sistema de admisión escolar (el que por cierto, termina con la selección de alumnos), lo que hace es reforzar y reproducir los principios de mercado educativo que cuentan con larga data en nuestro país. Adicionalmente, hasta el momento no se han esgrimido desde el gobierno argumentos fundados en evidencia empírica robusta que den cuenta en Chile, de la conveniencia y las bondades de seleccionar al alumnado en el sistema público de acuerdo a su desempeño académico (principalmente) medido en términos de calificaciones y además de otorgar cierta prioridad para niños y jóvenes pertenecientes al SENAME y con NEEP (Necesidades Educativas Especiales Permanentes), entre otros.
Además, esta iniciativa legal entra en contradicción con la Ley de Inclusión Escolar (LIE) la que prohíbe a los establecimientos que reciben financiamiento estatal seleccionar estudiantes.
Es más, el solo hecho de aparejar las notas y otros indicadores de rendimiento académico con “el mérito”, no tomaría en consideración un conjunto de variables contextuales, biográficas e institucionales, que permitirían ponderar con “justicia” los aprendizajes que un estudiante ha adquirido durante su proceso de escolarización. Aunque, en la segunda propuesta del proyecto de ley de Admisión Justa, se consideren otras condiciones preferentes (SENAME, NEEP, hermanos de alumnos que ya estén matriculados en las escuelas, entre otros) el espíritu de este proyecto es la selección por sobre la inclusión.
Por otra parte, los procesos de clasificación y jerarquización del alumnado en función de sus calificaciones y otros indicadores, lo que generaría es la producción de estudiantes “meritorios” los que tendrían derecho a una educación “de calidad”, en desmedro de quienes no cumplen con los estándares y por ende, son marginalizados en un sistema escolar altamente segregado.
Ante esto, cabe preguntarse: ¿Solo los estudiantes “meritorios” tienen el derecho a recibir una educación “de calidad”? ¿Y qué pasa con el resto?
En este sentido y empleando el concepto de “Eugenesia Educativa” acuñado por la investigadora Bernadette Baker (2002), el proyecto de ley de Admisión Justa con sus consecuentes modificaciones y correcciones, viene a reproducir el discurso que señala que existen estudiantes de primera categoría y otros alumnos que no responden al “estudiante norma” que busca y desea la política y que por tanto quedan marginados de los procesos de enseñanza-aprendizaje denominados como “de calidad”.
En otras palabras, “la educación de calidad” sería solo un derecho que se ganan quienes a pesar de las evidentes desigualdades sociales, de las inequidades educativas, de las barreras económicas y sociales que debe sortear, son capaces de demostrar a través de su rendimiento académico y otros indicadores que es un estudiante de primera categoría o “meritorio”.
Para el resto del alumnado, solo queda la resignación y las consecuencias indeseadas de una política orientada por los principios del mercado: la exclusión del derecho a ser acreedor de una educación con altos estándares de calidad en todas las dimensiones.
En este sentido, el proyecto de ley de Admisión Justa, trae aparejadas “externalidades negativas” en la jerga economicista, es decir, produce una eugenesia educativa para todos los estudiantes que no cumplen con la condición de ser meritorios, lo que atenta al derecho constitucional de estos a una educación de “calidad e integral” y al mismo tiempo entra en curso de colisión con las intenciones de lograr escuelas cada más inclusivas y democráticas, como se establece por ejemplo, en la Ley de Inclusión Escolar.
